Hace una semana, la Consejería de Política Industrial y Energía renovó su imagen para pasar a llamarse Consejería de Industria, Energía y Minas. Un cambio en la denominación que puede parecer sutil, pero que encierra en sí mismo una declaración de intenciones. Al elevar la minería a rango de consejería, el Gobierno andaluz consolida su “decidida apuesta” por un sector que se encuentra en expansión, debido al papel “estratégico” que juegan las materias primas en “la transición energética” que se pretende liderar desde el sur de la península. Entretanto, diversos grupos ecologistas alertan del impacto que puede tener un “boom de proyectos mineros” en un “planeta finito”.
Lo cierto es que con ese gesto la Junta viene a reforzar el compromiso institucional con la actividad extractiva que ya manifestó hace unos meses el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, cuando proclamó que esta nueva legislatura “va a ser la de la autorización de grandes proyectos mineros en Andalucía”. Lo anunció durante la inauguración del Salón de la Minería que se celebró en la capital andaluza el mes de octubre del curso anterior, contando con un “amplio respaldo institucional y empresarial”, como aplaudió por entonces el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Muestra de ello es la inminente reapertura de la mina de Aznalcóllar a cargo de Minera Los Frailes, cuya autorización se está tramitando en estos momentos, y también las siete iniciativas vinculadas a explotaciones mineras que tiene la Junta actualmente asignadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) “estratégicos” para su “agilización administrativa”.
Todo esto pone en evidencia que el extractivismo goza ya de plena salud reputacional (al menos, a ojos de los gobernantes), después de que los profesionales del sector lleven 25 años luchando por desprenderse del estigma que se les asignó en conjunto tras el “lamentable accidente ambiental” que ocurrió en la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 y que, reconocen ellos mismo, “hizo mucho daño a la imagen de la minería”.
Sin embargo, “la situación hoy en día ha cambiado muchísimo”, según sostiene César Luaces, director general de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA), apelando al momento de esplendor que vive hoy la actividad extractiva, reconvertida en una “minería del siglo XXI”. Un sobrenombre al que se le asocian conceptos como “seguridad”, “respeto con el medio ambiente” o “sostenibilidad”, aunque organizaciones como Ecologistas en Acción lo entiendan como “un lavado verde” de las explotaciones mineras, que son “incompatibles” con un sistema sostenible.
En cualquier caso, como explica el que es uno de los mayores expertos en materias primas de España, a raíz del macrovertido tóxico de Boliden (la multinacional sueca responsable del desastre ecológico de Aznalcóllar), la administración española desarrolló una normativa “más específica” en lo relativo a la gestión de residuos mineros. De esta forma, en la actualidad, “las actividades mineras cuentan con una reglamentación y un proceso de aprobación de los más estrictos” en lo que respecta al medio ambiente, tal y como asevera Luaces, que participó en la elaboración de la directiva nacional y europea.
A los avances legislativos, hay que sumar también los de índole tecnológica que se han desarrollado en paralelo, hasta situar a la industria española “a la vanguardia de la industria europea y mundial en materia de aplicación de tecnologías limpias para la extracción de los minerales”. Todo ello ha llevado a que en la actualidad se hable de “una minería moderna y sostenible”, que se presenta, además, como sector “esencial”. “Nuestro valor como industria es que somos la primera de las llaves para todo lo que queramos hacer, sin nosotros las estrategias mundiales de cambio climático estarían abocados al fracaso”, reivindica el director general de PRIMIGEA.
Andalucía representa el 40% del valor de la producción minera nacional, cifra que se eleva al 90% en el caso de la minería metálica
Precisamente, el hecho de que las materias primas jueguen un papel protagonista en la producción de energías alternativas y el desarrollo de coches eléctricos, placas fotovoltaicas o turbinas eólicas, es lo que explica que la minería se haya configurado hoy como acto clave para “un futuro verde y sostenible”, como se describe el propio sector. De ahí que desde Amigos de la Tierra se apunte a una “relación estrecha” entre el incremento de la demanda de estos recursos naturales y las políticas de transición energética y digital que se promueven desde la Unión Europea, disparando el número de proyectos mineros.
Pero este “boom” de la industria extractiva entronca también, como añade César Luaces, “con la crisis de la COVID y la invasión rusa de Ucrania”. Siguiendo la explicación del experto, estos dos hitos de la historia reciente “han puesto en evidencia que Europa no tiene materias primas”, despertando el interés de los gobiernos nacionales, autonómicos y locales por desarrollar su propia industria de materias primas para no depender de países terceros.
Con este contexto de fondo y amparándose en los avances legislativos y tecnológicos que ha experimentado el sector en los últimos años, políticos como el presidente andaluz se han lanzado a potenciar una industria que actúa también como “palanca económica” del gobierno. En este sentido, Moreno anunció en octubre de 2022, durante el evento minero internacional que se dio cita en Sevilla, que el programa de ordenación de la actividad industrial minera multiplicaría por seis su partida en los nuevos presupuesto, alcanzando los 125 millones de euros.
Entretanto, la Junta, a través de su Consejería de Industria, Energía y Minas, está elaborando su propia 'Estrategia para una Minería Sostenible' en el horizonte 2030, centrada en reforzar “la sostenibilidad del sector minero andaluz” en su vertiente medioambiental, así como en impulsar “la creación de empresas en las comarcas de influencia minera”, entre otros pilares que esgrimen fuentes del citado departamento a este periódico.
Asimismo, en diciembre del año pasado se conformó la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible, cuyo objetivo radica en “desarrollar una acción coordinada [entre diez consejerías con competencias vinculadas a la industria minera] para conseguir aprovechar los enormes recursos naturales de los que dispone Andalucía y ponerlos al servicio del desarrollo industrial de la comunidad”. En efecto, la comunidad andaluza ocupa un lugar preponderante en el panorama nacional e internacional de la industria de materias primas: representa el 40% del valor de la producción minera nacional y el 90% en el caso de la minería metálica, de acuerdo con la propia Consejería de Minas.
La Consejería de Industria, Energía y Minas se ha fijado como meta aumentar en un 20% la producción actual de la minería metálica en Andalucía para los próximos cuatro años
Un potencial que el Ejecutivo andaluz está decidido a explotar como “fuente de crecimiento económico, generación de empleo y vertebración del territorio”. En cifras (facilitadas por PRIMIGEA conforme a los últimos datos recogidos en 2021), la extracción en Andalucía ofrece 3.410 puestos de trabajo directos y 5.206 subcontratados (lo cual representa en este último caso el 48,74% del total nacional). Además, genera 1.384 millones de euros en términos de producción vendible tan solo en la extracción, que supone un 15% del sector. De modo que si a esta cifra le sumáramos los millones derivados del otro 85% de la componente industrial (esto es, la transformación de esas materias primas en productos utilizables por las cadenas de valor), el director general de PRIMIGEA estima que la comunidad andaluza podría estar generando unos 10.000 millones de euros asociados a la minería en cómputo global.
Por tanto, comparada con el resto del territorio español, Andalucía se sitúa como “la principal comunidad autónoma en términos de producción minera en el país”, según la citada confederación de industrias de materias primas. Principalmente porque es “la gran potencia” en minerales metálicos “con un 99% del volumen de negocio” nacional. Solo las seis explotaciones que este tipo de minería tenía activas en 2021 en Andalucía, facturaron 4.000 millones de euros y produjeron 21,5 millones de toneladas de mineral procesado, a tenor de los datos publicados por Aminer, la asociación que representa a las principales compañías del sector metálico. Ahora, la Consejería competente se ha fijado como meta aumentar en un 20% la producción actual de la minería metálica andaluza para los próximos cuatro años.
Tenemos que entender que vivimos en un planeta finito que no puede satisfacer una demanda de metales al ritmo de crecimiento económico que tenemos, es insostenible
Esta perspectiva de explosión de proyectos mineros en Andalucía se percibe como alarmante bajo la mirada de organizaciones como Ecologistas en Acción. “Nos han convertido en una zona de sacrificio”, deplora desde Sevilla Sara Acuña, su coordinadora confederal en materia de minas. Tal y como lo expresa esta activista, “se apunta a un aumento de la extracción minera sin precedentes”. Y para demostrarlo, alude a los resultados recogidos en un informe del Banco Mundial, donde se advierte que la demanda de litio y cobalto va a aumentar un 500% entre 2018 y 2050, a fin de “satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia”.
“Tenemos que entender que vivimos en un planeta finito que no puede satisfacer una demanda de metales al ritmo de crecimiento económico que tenemos, es insostenible”, advierte esta activista medioambiental convencida de que las previsiones “superan con creces las reservas mundiales conocidas para estos metales”. Aunque fuera posible hacerlo, continúa, “los costes ambientales serían inasumibles por el sistema natural”. Por ello, Acuña defiende en nombre de su confederación de grupos ecologistas “empezar a decrecer, cambiar el sistema económico basado en el crecimiento infinito y empezar a gestionar el sistema como lo que es, un sistema de recursos finitos”. De no ser así, “nos dirigimos hacia una tierra absolutamente envenenada porque estamos sacrificando zonas rurales del sector primario por actividades de extracción de minerales”.
También Carlos Dávila, responsable de la oficina técnica de SEO BirdLife en Doñana, atiende “con honda preocupación” al auge de la minería en suelo andaluz. “La minería es una de las actividades más impactantes que existen y su desarrollo actual y futuro debe realizarse bajo criterios de prevención de impactos, tratamiento y control de residuos y restauración ambiental”, expone Dávila, consciente de que “es fácil derivar hacia una situación aberrante, en la que los grandes lobbies de la minería actúan de forma especulativa, oportunista, insostenible y sin criterios ambientales”. Por eso, a diferencia de Ecologistas en Acción, desde SEO BirdLife se entiende que la sostenibilidad no solo ha de ser “compatible” con la extracción de minerales, “sino que es el único camino posible”.
La minería es la única actividad económica que requiere una garantía financiera para asegurar a la sociedad que el espacio natural que ocupa va a ser restaurado
Por su parte, desde su punto de vista de antropólogo y ciudadano comprometido con la causa ecologista, Félix Talego pone el foco en el impacto social y medioambiental que le atribuye a la extracción de materias primas: “Si sale adelante el 60% de los proyectos mineros en ciernes, Andalucía occidental va a ser a la vuelta de dos generaciones una tierra completamente devastada porque cuando las minas cesan su actividad, se convierten en heridas que supuran drenaje ácido de minas por miles de años”.
Del mismo modo, este profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla estima que la minería “condena” a la población del territorio en el que se establece por un “periodo corto de tiempo”, al entablar una relación de “dependencia” con el extractivismo que le impide crecer económicamente si no está sujeto a esta industria en cuestión. Al hilo, recuerda que ante una de las primeras labores mineras que se llevaron a cabo en Aznalcóllar allá por 1850, “hubo un rechazo frontal” por parte del pueblo, encabezado por el propio Ayuntamiento. Y, sin embargo, hoy “están deseando que se vuelva a abrir la mina”, aun llevando “25 años sin ser mineros”, como apostilla Sara Acuña en línea similar.
Confío en que tanto la administración como las empresas mineras hayan aprendido del desastre ecológico que se produjo en Aznalcóllar y vayan con lupa
En resumen, la coordinadora de Ecologistas en Acción reconoce que “sobre el papel ha mejorado muchísimo a nivel técnico” la gestión de residuos de los proyectos minero, pero se muestra escéptica porque “el papel lo aguanta todo”.
Aun así, César Luaces insiste en que los avances en materia de legislación “debidamente monitorizados por la administración”, contribuyen a que “los efectos medioambientales de la industria sean los mínimos que se pueden tecnológicamente conseguir”. Como muestra, el director general de PRIMIGEA remarca que la minería es “la única actividad económica” que precisa para poderse desarrollar de una “garantía financiera” a modo de aval que “asegure a la sociedad que el espacio natural que ocupa va a ser restaurado de acuerdo con un plan de restauración aprobado por la administración”.
En este punto, considera que es necesario explicar a la sociedad que “la actividad minera es necesaria para que haya civilización” e “imprescindible para su nivel de vida”, pues sin los recursos que extrae, “no podríamos hacer absolutamente nada”, en referencia a que alimenta a “montones de cadenas de valor”. Asimismo, Luaces reconoce que “el planeta es finito” e indica, a continuación, que existen tecnologías y proyectos de investigación dirigidos a explorar yacimientos de materias primas “que hasta hace un tiempo se pensaban que no valían”.
Así lo corrobora Jim Royall, vicepresidente de exploración de Pan Global Resources que lleva tres años trabajando en el entorno de Aznalcóllar con objeto de localizar zonas con potencial de explotación. “En Andalucía y sobre todo en Huelva y Sevilla están las mejores empresas en ingienería, geología, control medioambiental de España y Europa, empresas muy serias”, elogia el ingeniero inglés.
En definitiva, la comunidad andaluza alberga “un potencial minero” que debe desarrollarse “con todas las garantías ambientales”, como concluye Luaces. Ese es el desafío al que se refiere desde su perspectiva de científico Francisco Martín, cuando aboga por encontrar un “equilibrio entre minería necesaria, pero sostenible y respetuosa”. Este profesor del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada ha estado investigando el entorno natural del Guadiamar, tras el desastre ecológico que se produjo en Aznalcóllar al romperse la balsa de residuos tóxicos de la mina hace ahora un cuarto de siglo. Martín entiende que la reapertura no tiene por qué entrañar un riesgo, pues confía en que “tanto la administración como las empresas hayan aprendido de un accidente sin precedentes en la historia de la minería de España”. Quizás la clave esté en la propia definición que Carlos Dávila concede a la sostenibilidad, entendida como “el uso de los recursos sin comprometer a las generaciones futuras”.
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