Ana Buza murió a los 19 años la madrugada del 7 de septiembre de 2019 mientras se desplazaba en un vehículo junto a su novio. Eso no ofrece dudas, pero se trata de un caso complejo que investiga desde entonces un juzgado de Carmona (Sevilla) para determinar si fue ella la que se arrojó voluntariamente en marcha para acabar con su vida o si fue él quien la atropelló después de que ella se bajara del coche. La representación legal de la familia, que ejerce la acusación particular, viene insistiendo en los tribunales que la causa pase a ser investigada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer ya que se trataba de una pareja sentimental.
Los colectivos Pavanas Carmona y Justicia para Ana Buza consideran que aquel trágico episodio fue “el culmen de la violencia de género que sufría Ana en su relación de pareja con el investigado”. Él mantiene la versión de que se trató de un suicidio, apoyándose en el informe pericial realizado por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil, que concluyó el pasado año que la muerte de Ana fue voluntaria, contradiciendo lo que determinaron previamente dos peritos judiciales y una psicóloga propuestos por la familia acerca de que se trató de un “asesinato machista”.
Según explican a este periódico las abogadas Encarnación Molino e Irene Amosa, sería oportuno que un juzgado específico se encargara de investigar el caso. Así lo han venido pidiendo desde que tuvieron lugar los hechos, pero la realidad es que por el momento está en un juzgado ordinario. “Es que eran pareja”, insisten. El juzgado de Carmona, en un momento procesal, decidió inhibirse. Por su parte, la Fiscalía recurrió considerando que esa cuestión podría adoptarse más adelante cuando se practicaran determinadas diligencias, como así aceptó la Audiencia Provincial.
En los últimos tiempos, pasados más de tres años después de los hechos, el juzgado de Carmona ha accedido a la práctica de otras pruebas que la acusación particular considera muy importantes, como por ejemplo la toma de declaración de las personas que se pararon en mitad de la autovía para ver qué había pasado. “Los agentes que intervinieron ni siquiera les identificaron ni tampoco habían elaborado un croquis del accidente, que se hizo más de tres meses después y porque nosotras lo pedimos”, argumentan las letradas, que añaden que otras diligencias de prueba están aún pendientes de resolución en el juzgado.
Las abogadas apuntan que han ido avanzando en la práctica de pruebas “a golpe de recurso”, llamando su atención que “la Fiscalía no haya querido investigar”, con “un 'no' sistemático” a la petición de pruebas, y preguntándose “con respeto” el “porqué no se quiere investigar un hecho tan grave” al que se le dio “carpetazo muy pronto” aunque más tarde se reabrió.
Mientras el caso está aún en instrucción, los colectivos Pavanas Carmona y Justicia para Ana Buza van a manifestarse el próximo domingo 12 de marzo desde el Paseo del Estatuto hasta los juzgados de la localidad sevillana. La familia, a través de las abogadas, lleva tres años pidiendo que el caso de Ana Buza lo investigue un juzgado de Violencia sobre la Mujer. “No pararemos hasta que se imparta la justicia que Ana merece”, proclaman los colectivos. El caso se archivó en un primer momento “con el beneplácito de la Fiscalía y de la jueza instructora a las 36 horas de la muerte”, recuerdan fuentes de las plataformas, si bien se reabrió un par de meses más tarde a instancias de la familia a fin de que el novio declarara como investigado, como finalmente ocurrió en julio de 2020, y quien ha pedido recientemente el archivo de nuevo de la causa.
Varias reconstrucciones del suceso, y los citados informes forenses, contradicen la versión de suicidio que judicialmente mantiene la que durante un año fuera su pareja, aseguran los colectivos. También indican que, cuando llevaba seis meses con él, “buscó a una psicóloga para que lo tratase porque él era muy celoso, manipulador y violento”, al tiempo que denuncian la actuación de los agentes de la Policía Judicial y de la Guardia Civil encargados del caso “por su inexistente investigación”: “Tres años después de que fueron requeridos por parte del juzgado, aún no han aportado el informe sobre el contenido del teléfono móvil de Ana, a fin de comprobar sus últimos mensajes, correos, etc”.
Pavanas Carmona y Justicia para Ana Buza recuerdan que los agentes remitieron al juzgado un informe en el que, basándose en un documento de fecha 2015 y extraído del ordenador portátil de Ana, concluían que no había violencia de género, “tergiversando la información que se desprende del mismo y contradiciendo la testifical de la psicóloga del investigado, la cual declaró en el juzgado aseverando que se trataba de un caso claro de violencia de género”. Las plataformas también denuncian la actitud de la Fiscalía, que “se ha opuesto a numerosas e importantes pruebas solicitadas por la acusación particular”. En resumen, los colectivos de apoyo a la familia solicitan “que se tengan en cuenta todas las periciales y pruebas científicas y objetivas aportadas a la causa para que se imparta por fin justicia”.
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