El “autobús de los derechos laborales” se queda esta vez en Marinaleda (Sevilla): trabajadoras de ayuda a domicilio, a la huelga

Mari Cruz, Conchi, Mari Carmen, Isa, Ana y María José no pueden más y van a la huelga. Tienen entre 38 y 53 años. Cansadas de subirse a los autobuses para ir a defender los derechos de otros, han decidido plantar cara y defender los suyos propios, aseguran. Son seis de las once trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), dirigido desde 1979 por el histórico líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo (Candidatura Unitaria de Trabajadores), que han llevado a los tribunales sus condiciones de trabajo por haber sido modificadas de forma “unilateral y arbitrariamente” desde el pasado 1 de agosto. A su juicio, los nuevos turnos y horarios les imposibilitan conciliar la vida familiar y laboral, no se les viene reconociendo la antiguedad pese a llevar muchos años trabajando seguidos y se les ha fijado “condiciones laborales inferiores” a las fijadas en el Estatuto Básico del Empleado Público, entre otras muchas reivindicaciones laborales. Para el Ayuntamiento, aunque “legítimas”, sus reivindicaciones no se apoyan en la actual normativa. El conflicto colectivo planteado ante los juzgados de lo Social de Sevilla les ha llevado, paralelamente, a convocar además una huelga indefinida, a partir de este miércoles, al haber resultado infructuosas las negociaciones y propuestas realizadas para llegar a un acuerdo.

Lo han intentado por todos los medios pero consideran que se las está “castigando”. Las trabajadoras, que ostentan distintas responsabilidades en la sección sindical de CGT, creada a primeros del pasado mes de julio, también han interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento ante la Inspección de Trabajo “por incumplimientos de normas laborales y fraude en la contratación”. En ese sentido argumentan que el Ayuntamiento “mantiene a gran parte del personal laboral con contrato en fraude de ley, obras y servicios, o circunstancias de la producción”, unos contratos “que exceden con mucho los tres años de prestación de servicio continuado y que deben, conforme a la legalidad vigente, convertirse en indefinidos a jornada completa” ante el “uso abusivo e ilícito de este tipo de contratación”. La paralización de la bolsa municipal de la ayuda a domicilio llevó a una trabajadora a encerrarse hace unos días en el Ayuntamiento, del que fue finalmente desalojada, porque el servicio está “plenamente cubierto” con las trabajadoras que forman parte de la bolsa, según el Consistorio.

En un escrito dirigido a las trabajadores a finales de este agosto, el propio Sánchez Gordillo trasladó su “extrañeza inusitada” por que “se convoquen acciones una vez iniciado el proceso negociador”, que son “legtimas pero infundadas y a destiempo”, argumentando que la nueva organización del servicio exige turnos partidos y que las jornadas han pasado a 37,5 horas “como la ley exige”. En ese punto detallaba Sánchez Gordillo que, respecto a las alusiones al Estatuto Básico del Empleado Público, “no quiere decir que toda la normativa sobre la función pública sea directamente aplicable a ustedes”. Incluso en su artículo 3.3, al que hacen referencia las trabajadoras en sus reivindicaciones, “no es aplicable a la administración local ni a funcionarios ni a personal laboral” sino a la Administración General del Estado“, apuntando a un ”error de bulto“ relativo a las horas semanales a cumplimentar laboralmente, entre otras consideraciones.

“¿A ti te gustaría que cada día fuera una persona distinta a lavarte?”

Más allá de lo que denuncien unas y defiendan otros, este periódico ha hablado con las trabajadoras, que aclaran que todo esto “nada tiene que ver con la política ni nosotras queremos hacer política”. “Esto es ni más ni menos que a lo que nos han ido empujando”, lamenta Isa. “Nunca hemos tenido vacaciones”, indica Conchi, que lleva 23 años trabajando en ayuda a domicilio en el pueblo. El Ayuntamiento las apuntaba al desempleo en verano para después volver a contratarlas, denuncian. “Esto es 'o lo tomas o lo dejas'. Llevo desde 2012 intentando tomarme algo de vacaciones, pero si estando en el SAE me llaman de La Roda para trabajar en verano no puedo decir que no”, explica Ana.

“La antigüedad la tienen a cero”, explica Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, que denuncia “el trato a un colectivo tan feminizado”. Las circunstancias que explican cada una de ellas son similares. “Una vez me negué a salir al desempleo y estuve todo el año trabajando, sin descando, ni vacaciones”, denuncia una. “Estamos sufriendo represión por habernos unido. Antes éramos un equipo y nos organizábamos los turnos, las casas, pero esto ya es el colmo”, dice otra, que tiene abierto un expediente disciplinario por incumplir los horarios a ojos del Ayuntamiento. En 2010 hicieron un intento de reivindicar su situación, sobre todo en lo relativo a esa “ausencia de vacaciones” que “sí vienen contempladas en nuestros contratos”, pero entonces “había mucho miedo”. En 2012, Conchi apunta que echó “un pulso” al Ayuntamiento, peo sin éxito. “Yo no me podía permitir estar tres meses sin trabajar y tenía que buscarme otra cosa”, recuerda una de ellas. “El descanso también es necesario”, comenta Conchi, la más veterana.

A Isa, por ejemplo, que vive en una localidad cercana, le rompen el turno para que tenga que ir y volver hasta cuatro veces durante un día. No solo son ellas las perjudicadas, sino los usuarios. “Los nuevos turnos les quita tiempo a ellos, no están bien regulados los horarios”, apunta Mari Cruz. Las rotaciones establecidas, además, obliga a que los usuarios ya no sepan quién les asiste porque “cada vez va una distinta”. Isa ejemplifica con un usuario sin visión al que visitó el otro día. “¿Y tú quién eres?, me preguntaba el pobre, porque no sabía a quien le tocaba ese día. Y eso afecta a la confianza y al bienestar de todos ellos”. “¿A ti te gustaría que cada día fuera una persona distinta a lavarte?”, asegura que planteó una vez a los dirigentes municipales. Cada una de ellas hace una decena de visitas domicliarias al día, aproximadamente. La mayoría son madres o tienen sus propios depenientes en casa, y cuentan con una experiencia media de 15-20 años cada una en el servicio. Se sienten “damnificadas” y aspiran a que “el alcalde que proclama los derechos del trabajador también defienda los nuestros”.

Ida y vuelta en el SERCLA

El Ayuntamiento rechazó la solicitud de las trabajadoras, que pedían que se les hiciera entrega de los datos que componen la concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio a cada uno de los usuarios del término municipal de Marinaleda de cara a establecer una propuesta objetiva en la que se respeten los tiempos concedidos por las administraciones y los servicios que las auxiliares debieran prestar. “El derecho de los usuarios a que se cumpla su horario afecta a ellos mismos y nos afecta directamente para tener conocimiento de la carga de trabajo real existente y como distribuirlo entre la plantilla”, argumentaron antes del rechazo de su petición.

El conflicto pareció resolverse el pasado 19 de agosto tras un acuerdo en el SERCLA que decía, con relación a la antigüedad, otorgar un plazo hasta el 15 de septiembre a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para el estudio del eventual reconocimiento de la misma a las personas trabajadoras afectadas y, con relación a los turnos y horarios, se consideró necesaria la reapertura de una mesa de negociación para que, a iniciativa del Ayuntamiento, se presentara una nueva propuesta de cuadrante. La cuestión no se ha resuelto, con una ciata en el SERCLA para este lunes como última oportunidad, y las trabajadoras empezarán una huelga indefinida cada miércoles, así como un “fin de semana reivindicativo” para dar a conocer su situación a los vecinos. Medio centenar de ellos, dependientes y mayores, son asistidos por estas mujeres desde hace muchos años.

Las trabajadoras consideran que se debía haber consensuado con la plantilla los turnos y horarios de las trabajadoras, en los que se respetaran las 35 horas semanales, los descansos semanales y entre jornadas, los treinta minutos para el desayuno y los tiempos de desplazamiento entre usuarios de cara a no mermar su derecho al tiempo mínimo de atención que tienen concedido por las administraciones para salvaguardar tanto los derechos de las trabajadoras del servicio como respetar íntegramente las prestaciones sociales de las personas dependientes. “Es igualmente ilegal y atentatorio contra la conciliación familiar y laboral el establecimiento de un turno partido en el que haya hasta cinco horas de interrupción de la jornada desde la finalización del horario de mañana e inicio del horario de tarde”, denuncian, aclarando que aceptaban trabajar los sábados y domingos para atender a los usuarios.

Pese a que las empleadas mostraron el 25 de agosto su “disposición a la negociación” dando cumplimiento a lo acordado en el SERCLA y emplazaban al Ayuntamiento a convocar una reunión conjunta en la que se pudiera convenir la solución negociada al asunto de turnos, horarios y cuadrantes, aún mantienen vivo el conflicto, que tiene a las puertas una huelga y una cita en los juzgados.