“Muchos se rasgan ahora las vestiduras cuando se habla de ‘lawfare’ en la justicia española… pues claro que hay ‘lawfare’, aquí, en Brasil, y si no que se lo digan al presidente Lula”, afirma el juez Baltasar Garzón. El ex magistrado de la Audiencia Nacional ha realizado estas declaraciones, con la polémica sobrevolando cuestiones clave de la política nacional, en la inauguración de la 14° edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica en Derechos Humanos que se celebra en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.
“No se puede instrumentalizar la justicia en la línea de un interés político y de persecución política de cualquier grado, y no hacerlo cuando es en defensa de las víctimas”, ha continuado el jurista en el encuentro organizado bajo el título ‘Justicia de transición como antídoto para tiempos de negación’.
Un análisis que casa con la Memoria Histórica y el incumplimiento del derecho internacional humanitario. “En España no ha habido justicia transicional, pero tampoco para los crímenes franquistas”, añade Garzón. “Ni siquiera hay verdad ni una memoria construida desde la institucionalidad o con un relato aceptado hasta, como mínimo, el año 2007 en que se aprueba la primera Ley de Memoria”, afirma.
Otra cuenta pendiente, entiende el juez, “es que no ha habido en gran medida reparación, ha sido parcial y no con el concepto o la extensión que la expresión implica dentro de la terminología del derecho internacional”, sentencia Baltasar Garzón. “Ese es el núcleo”, sostiene, “cómo un sistema trata a las víctimas que el propio Estado propició o fue causante, de sus heridas o la impunidad de los crímenes”.
“Y la pregunta es por qué nunca se ha hecho en España. La respuesta es que el poder judicial no ha querido hacerlo porque está transversalmente preñado de concepciones franquistas”, ha planteado Baltasar Garzón. “Se trata de hacer justicia en favor de las víctimas”, y la asunción de este “eje” en el Estado español “no sería descabellado porque está amparado por el derecho internacional y las víctimas lo están esperando”. Pero, prosigue, “no hay voluntad en el poder judicial para que esto cambie”.
El país tiene “un problema” añadido: que “representantes públicos piensan que hay víctimas de primera categoría, de segunda y otras que no existen, que son las del franquismo”
“España es muy mal ejemplo, en todo caso, de todo lo que no hay que hacer” en cuanto a justicia transicional. Y el país tiene “un problema” añadido: que “representantes públicos piensan que hay víctimas de primera categoría, de segunda y otras que no existen, que son las del franquismo”. “Las víctimas son el núcleo y el derecho a la verdad no prescribe, lo único que hace falta en España es aplicar la ley”, manifiesta.
Las palabras de Garzón han resonado en la inauguración de la 14° edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica en Derechos Humanos organizado por el Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, junto con el Instituto Joaquín Herrera Flores (España y América Latina), que en esta edición se celebra bajo el título ‘Justicia de transición como antídoto para tiempos de negación’.
El jurista ha compartido espacio con la Fiscal del Tribunal Supremo, Dolores Delgado, y otros actores como la activista y víctima del franquismo Paqui Maqueda, además de representantes del Gobierno de Brasil como el Auditor General del Gobierno Vinicius Marqués de Carvalho o el abogado general del Gobierno, Jorge Messias.
“La justicia de transición es un antídoto en tiempos de negación, pero lo primero que hay que hacer es asumir que los hechos han ocurrido y que el quebrantamiento de las personas afectadas ha ocurrido. El problema es cuando la negación se traslada al momento en que ocurren los hechos y se discute si ocurrieron o no, como ocurre en este país”, en palabras de Baltasar Garzón.
“Cuando hablamos de negacionismo, dictadura y represión, todo está inundado de una gran manipulación del lenguaje”, ha dicho el juez, que ponía como ejemplo al dictador chileno Augusto Pinochet, “que decía que tenían una democracia autoritaria”. Y casos como las extremas derechas españolas y chilenas “hablando de ‘libertad’ como lema electoral, como si estuviéramos privados de ella”, insiste.
“En España”, retoma, “hay una tendencia judicial de ser ultrapositivista y ultranacionalistas en la interpretación del derecho internacional de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario, que lo aplicamos prácticamente nada”. Y la “ley de Amnistía del 77 no impide juzgar, niego la mayor, no es verdad”, porque al hablar de la represión franquista “nos enfrentamos crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.
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