El juicio contra las sociedades de Boliden, la compañía sueca a quien la Junta de Andalucía reclama cerca de 90 millones de euros por la reparación ambiental llevada a cabo tras la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar en 1998, se ha retomado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, contando con el testimonio del primer perito de la defensa que interviene en este proceso judicial planteado a lo largo de cuatro sesiones.
En concreto, la tercera jornada ha concluido con la declaración de Robert Gibb, quien fue director en Andalucía de la auditoría Ernst & Young que se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa) entre 1994 y 2002. Preguntado por el representante jurídico de la entonces titular de la mina, Gibb ha asegurado que el impacto económico que sufrió la empresa como consecuencia del vertido fue de 115 millones de euros entre gastos y pérdidas, a juzgar por la documentación contable recogida entre 1998 y 2001.
De esta cantidad, 45,8 millones se atribuyen a gastos por investigación, proyectos y obras relacionadas con la “remediación del accidente” (fundamentalmente, destinados al sellado de la balsa de residuos por un importe de alrededor de 30 millones de euros) y otros 31 millones responden a las tareas de retirada de los lodos contaminantes que Boliden Apirsa acometió en las “2.800 hectáreas” de la zona norte que se le asignaron por estar más próximas a la corta, tal y como ha recordado el auditor de la compañía sueca.
Por su parte, la letrado que representa a la Junta en este juicio civil ha puesto el foco en los gastos que la parte demandada achaca a su contribución en la reparación del daño ocasionado por el macrovertido tóxico. De esta forma, ha cuestionado facturas que constan en el informe de auditoría firmado por Gibb y que aluden a costes relacionados con “repercusión mediática para estar en contacto con los medios de comunicación”, “cursos” de formación y otros relativos a “viajes al extranjero”.
Gastos que el auditor de cuentas ya jubilado ha justificado arguyendo, entre otro argumentos, que, tras el accidente minero ocurrido en el municipio sevillano de Aznalcóllar, se desplazaron hasta allí diferentes miembros de las sociedades de Boliden procedentes de Suecia y otros países como Canadá con objeto de “ayudar en las cuestiones técnicas” y, en definitiva, “asesorar” sobre la recuperación del terreno y el sellado de la balsa.
Cabe recordar en este punto que Boliden Apirsa tenía interés en seguir explotando la zona incluso después del desastre, de ahí que solicitaran un permiso a la Junta de Andalucía que se le concedió al año del accidente permitiéndole reiniciar sus actividades extractivas. Respecto al abandono definitivo de la mina a principios del 2000, el auditor ha dicho que “la salida fue ordenada”.
Volviendo a las cuentas de la entidad, Robert Gibb ha admitido que la empresa sueca ya en 1995 preveía pérdidas por las inversiones previstas para la ampliación de la corta minera. Asimismo, ha aludido al hecho de que fue necesario “una ampliación de capital” para afrontar todos esos costes de remediación, reconociendo que a partir de la rotura de la balsa, Boliden Apirsa se nutrió de los fondos del grupo hasta que entró en concurso de acreedores a consecuencia de los gastos ocasionados por el vertido, según alega la parte demandada.
Por lo demás, ha defendido a Boliden Apirsa como “una sociedad transparente” en lo referente a sus “cumplimientos con la legislación contable y mercantil”, así como con “capacidad suficiente para desarrollar sus funciones” en su ámbito de actuación sin depender de las otras sociedades que conforman el grupo de la multinacional. Declaraciones que la representación de Boliden AB y Boliden BV (también demandadas por la Junta) han aprovechado para tratar de evidenciar que el pretendido reembolso “no puede extenderse” a ellas puesto que era Boliden Apirsa la explotadora del complejo y en 1998 Boliden AB “no era matriz”, aunque Boliden BV sí era socio mayoritario.
A pesar de que la compañía sueca se ampara en esos 115 millones de gastos y pérdidas para tratar de eludir la demanda que le reclama la administración andaluza, los testigos de la acusación que han intervenido en esta penúltima sesión de juicio civil han vuelto a incidir en que la empresa no completó las labores de limpieza a las que se había comprometido.
En este sentido, José Luis Saiz Díaz, doctor ingeniero de Montes que ostentó la dirección técnica de la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar creada por la Junta de Andalucía a raíz del desastre ecológico, ha sostenido que la titular de la mina “no remató como se le solicitó” la limpieza del primer tramo afectado por el vertido tóxico, relativo a la zona que “sufrió mayor impacto” y acumulaba “mayor presencia” de los lodos que se extendieron a lo largo de 4.600 hectáreas.
Además, en línea de lo que expusieron otros ex técnicos de la Junta en sesiones anteriores, este ingeniero especializado en contaminación de suelos por pirita ha aseverado que “todo lo que se hizo” en el entorno del Guadiamar está “íntimamente relacionado con el impacto del propio lodo minero” y respondían a actuaciones “necesarias” para lograr inmovilizar los metales pesados antes de que alcanzaran las aguas subterráneas y “afectaran a la salud”. De ahí que se llevaran a cabo trabajos y pruebas que se prolongaron “más allá del año del vertido”, pero “nunca nos salimos de ese perímetro”, ha asegurado.
También se intensificaron las actuaciones en el campo de la salud pública y la higiene alimentaria, como ha atestiguado en su declaración José Joaquín González-Ripoll, entonces administrador del distrito de atención primaria del Aljarafe, al que pertenecen los municipios que se vieron afectados por el vertido tóxico. González-Ripoll ha recordado que la catástrofe minera generó “gran impacto en la rutina” del distrito sanitario, en la medida en que los profesionales tuvieron que “reforzar servicios con personal eventual” para poder emprender “actuaciones extraordinarias”, como análisis del control del agua o analíticas de sangre para detectar metales pesados, según ha especificado el actual subdirector económico administrativo del Hospital Virgen del Rocío.
Todo ello derivó en gastos también “extraordinarios” para el distrito. Concretamente, un importe de 43.903 euros como ha destacado el letrado de Boliden remitiéndose a un informe del propio distrito que ha sorprendido al propio González-Ripoll. “Poco me parece”, ha dicho tras escuchar la cifra para asegurar a continuación que el accidente “fue una revolución para el distrito”.
De su lado, Antonio Carbajal, quien fue contratado en 1998 por la administración pública a través de su empresa ya extinta Coopers & Lybrand en aras de elaborar un informe de seguimiento del accidente de Aznalcóllar para “minimizar” el impacto del mismo “en la opinión pública”, ha certificado que se realizaron “muchísimos análisis y pruebas”. No obstante, a preguntas del letrado de la parte demandada, Carvajal ha manifestado que de la información a la que tuvo acceso su empresa para la realización del informe no se desprendían datos “que fueran preocupantes para la salud”.
Tras esta sesión, encara su recta final el juicio que preside el magistrado José Manuel Martínez y que tendrá que determinar si finalmente la multinacional sueca Boliden tiene que reembolsar los 89,8 millones de euros (más intereses) que reclama la Junta de Andalucía por haber reparado el daño medioambiental ocasionado en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, 25 años después del desastre minero.
Para saberlo, habrá que esperar al próximo jueves 13 de julio, cuando está prevista la cuarta y última jornada de este proceso judicial, en la que asistirá una perito de la defensa y se conocerán las conclusiones.
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