No mucha gente sabe que la explanada delimitada por el Palacio de Justicia de Sevilla y el edificio de los juzgados se llama calle de los Letrados de Sevilla. Lugar de tránsito para muchos, y de estacionamiento para las unidades móviles de las televisiones cuando cubren algún caso judicial mediático, su nomenclatura la aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 15 de febrero de 2007 por unanimidad de todos los grupos municipales.
Una abogada, una de tantas que por allí pasan a diario, resalta que “la importancia que tiene el lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y en sus actitudes motiva la necesidad de erradicar el sexismo lingüístico”. Amparándose en la normativa que ya entonces existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos quince años, ha registrado en el Ayuntamiento hispalense una reclamación para que esa calle, que más bien parece una plaza, pase a llamarse Plaza de la Abogacía de Sevilla o Plaza de Letrados y Letradas de Sevilla “por ser su denominación discriminatoria contra las mujeres letradas, y vulnerar toda normativa en materia de igualdad de género y no discriminación, así como en lo relativo al lenguaje inclusivo”.
Así lo expone la abogada María Jesús Correa en su escrito presentado este miércoles en el registro municipal, acompañado de 200 firmas de apoyo que van a ser registradas en sede electrónica, donde dice que esa forma de nombrar en el callejero de nuestras calles y plazas “ha de ser revisado con el fin de cumplir la normativa en materia de Igualdad entre hombres y mujeres de nuestro ordenamiento jurídico, siendo la utilización del lenguaje inclusivo uno de los vehículos a través del que se articula la igualdad real y efectiva”. La letrada aboga por “erradicar el sexismo lingüístico del lenguaje administrativo, tanto en las relaciones internas como en las relaciones con la ciudadanía”.
“Los usos sexistas del lenguaje hacen invisibles a las mujeres e impiden ver lo que hay detrás de las palabras”, añade a este periódico en consonancia con el sentido de su reclamación. “Hay que poner las luces largas en estos casos. Yo en ese nombre no estoy reflejada. No me incluye. Yo no soy un letrado. Me parece algo muy sencillo”.
La lluvia ha dado una pequeña tregua en Sevilla. Los viandantes, en el epicentro de la ciudad, en el Prado de San Sebastián, pasan por la plaza con destino a otro lugar. Otros, los justiciables o los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, la cruzan para cambiar de edificio judicial. “¿Sabe usted que esta calle se llama 'de los Letrados de Sevilla'?”. Una pequeña encuesta a pie de calle muestra que, al ser sitio de paso, pocos saben de su nomenclatura, menos aún de la iniciativa para cambiarla, que hasta ahora no trasciende públicamente. “Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo”, responde un hombre de mediana edad. “Que se llame 'Abogacía' me parece bien, pero 'letrados' es genérico, eh”, advierte. “A mí la verdad es que me da igual cómo se llame”, dice un joven que pasea con su pareja, quien asiente y confirma: “A mí me da lo mismo”.
A una mujer joven que circula con sus auriculares le parece “bien” que se le pueda cambiar el nombre. Tampoco sabía cómo se llamaba la plaza que atraviesa, al igual que otra mujer, quien se pregunta “dónde están las letradas en ese cartel, dónde están las mujeres, que somos las que movemos el mundo”. Una pareja de trabajadores que, por su puesto, frecuentan la zona, sonríen ante la propuesta de cambio y comentan: “No le doy mucha importancia a ese tipo de cosas. No veo mal cualquier iniciativa siempre que se haga con respeto y educación. No me parece mal pero no tiene la menor importancia”, argumentan al unísono.
Según la reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”. Esta regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señala Correa. En el escrito registrado se explica que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.
Para Ígor Rodríguez-Iglesias, profesor de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, “rotular los abogados en la tercera década del siglo XXI guarda tras de sí las lógicas del siglo XX: aquellas que hablan del masculino como término no marcado”. “Estamos hablando de justicia social. Si decimos los abogados o la profesión de abogado, a la cabeza se me viene un hombre. Nombrar la realidad a partir de cómo muchos espacios han estado hipermasculinizados, con prohibición expresa de que estuvieran las mujeres, es reproducir la estructura de dominación que guarda tras de sí tal representación”, explica a este medio.
Dice la reclamación también que “la ausencia de nombre para denominar profesiones en femenino tiene como consecuencias la invisibilidad de las mujeres que ejercen esa profesión, se presenta su caso como una excepción, y reserva el masculino para actividades prestigiadas”. En el presente caso, “cabe la sustitución del sustantivo sexuado masculino letrados por sustantivo abstracto no sexuado, que representa al grupo, esto es, abogacía”. Por ello “procede la aplicación de la legislación estatal y autonómica, por encima de la decisión del Pleno, con la implantación del lenguaje inclusivo y no sexista en el callejero de la ciudad de Sevilla”, dice apoyándose en el articulado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, o a la reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
También apunta que el Consejo General de la Abogacía Española promueve en su Guía de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación para Colegios de la Abogacía “el uso del lenguaje inclusivo con enfoque de género y no discriminación en las comunicaciones verbales y/o escritas”. Según expone la abogada, “desde hace ya algunos años las cotas de mujeres colegiadas como abogadas se han incrementado hasta alcanzar la paridad” pero “ese fenómeno no ha ido paralelo a la consecución de la igualdad real y efectiva en el ejercicio de la profesión debido al lastre histórico de la desigualdad y a la discriminación estructural que aún sufren las mujeres y que fundamenta toda la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres a todos los niveles”. En el Colegio de Abogados de Sevilla hay 7.851 colegiados, de los cuales 6.367 están inscritos como ejercientes, y 1.484 son no ejercientes. Del total de colegiados, el 61% son hombres y el 39% mujeres.
Según Laura Limón, profesora de Secundaria en Huelva y experta en lenguaje inclusivo, “nuestro lenguaje es tan rico que nos permite hablar y escribir de manera inclusiva, sin tener que desdoblar continuamente en masculino y femenino, usando términos universales como abogacía”. “Estamos en el siglo XXI y el lenguaje inclusivo no debería ser ni siquiera un debate, por lo que debemos usarlo. Lo que pasa es que, ante los avances del feminismo tambien hay avances de un machismo que se opone a que las mujeres seamos visibilizadas”.
Limón, que considera “certera” esta propuesta de la abogada sevillana, resalta que “las leyes vienen pidiendo que usemos el lenguaje inclusivo para sentirnos todas las personas visibilizadas”. “Es interesante que podamos decir que las mujeres estemos visibilizadas en todos los espacios. El uso de universales como profesorado o abogacía es lo más natural, y el alumnado es ya lo más natural. El lenguaje inclusivo estará más normalizado cuando haya más mujeres sentadas en los sillones de la RAE, porque llevamos mucho tiempo usándolo, y el buenos días a todos y a todas, por ejemplo, es algo ya habitual”, por lo que considera “importante” que se hagan este tipo de reclamaciones.
La reclamación destaca también que “el lenguaje no inclusivo cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres debe considerarse discriminación, y el mantener una nomenclatura masculina y/o no permitir, impedir o no facilitar que quienes no se sientan incluidas y representadas en ella puedan verla modificada, debe considerarse sin ninguna duda un acto discriminatorio cometido en un contexto de discriminación estructural que busca su motivación, y así reconoce, en razones históricas de exclusión de las mujeres del ejercicio de la profesión de la abogacía. El adoptar prácticas inclusivas como la existencia lingüística es una referencia para favorecer la visibilidad y el reconocimiento, en este caso, de las mujeres abogadas, letradas, en condiciones de igualdad social y profesional”.
Para Rodríguez-Iglesias, “en una sociedad pretendidamente democrática y de Derecho, hay que luchar contra la desigualdad, dominación y opresión implícitas y explícitas en todos los sentidos. La lengua no tiene ontología. La lengua solo se hace en el hablar y con ella construimos las relaciones sociales y la realidad social, reproduciendo y transformando tales relaciones, incluyendo las de desigualdad”. “Por justicia y por coherencia con nuestro tiempo y realidad, la calle debe ser rotulada como Calle de la Abogacía. La cuestión es muy sencilla: no se puede discriminar a nadie por cuestión de sexo. La invisibilización es una forma de discriminación. Con la lengua se hace, aunque no lo perciba la persona invisibilizada”.
Según añade en ese sentido, “si hay reacciones simbólicamente violentas ante el planteamiento de despatriarcalizar la denominación ‘los abogados’, es porque allá donde se producen las mayores opresiones, se dan las mayores resistencias por parte de quienes oprimen o contribuyen a esa opresión”. “Las personas que hablan desde posiciones feministas, es decir, de igualdad y justicia social, no lo hacemos desde la ignorancia. Hay mucha investigación académica de ciencia social detrás. Así que cuando alguien reacciona insultando como ”ignorantes“, pone boca arriba las cartas: opresión violenta, reacción violenta, en tanto nos ponen absurda y ridículamente de ignorantes, quienes con manifiesta ignorancia defienden posiciones de opresión con argumentos que hoy no sostendría alguien que curse la Primaria”, defiende. “Se hace pasar por lingüístico algo que pertenece al ámbito de la normalización social. Si desde la infancia normalizamos que el femenino nombra a toda la realidad, el femenino sería genérico. Por tanto, hay que poner al masculino genérico en su sitio: es otra pata del patriarcado”, concluye.
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