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“A ver si le ponemos fin a esta telenovela que estamos viviendo”, deseó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), cuando la semana pasada anunció su nueva hoja de ruta: presentar un presupuesto que se había dado por muerto y, si no sale adelante como todo apunta, someterse a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas. Para esto último ya está trazado el camino, pero lo de aparcar el culebrón queda lejos y este miércoles se ha vivido un nuevo capítulo protagonizado por Vox y con mensajes para darle picante a la historia: Sanz les garantizó que “iba a haber pacto sí o sí” para que entraran en el gobierno local, un acuerdo encarrilado que al final no cristalizó porque el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juan Manuel Moreno, llegó y mandó parar.
La cuestión se ha convertido en una suerte de partido de tenis político: cuando trascendió que había una negociación para que Vox entrara en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el PP dijo que no, el partido de ultraderecha replicó que sí, Sanz contraatacó volviéndolo a negar y ahora ha sido el turno de contrarréplica de Cristina Peláez, portavoz municipal de la formación de Santiago Abascal, que asegura que estuvo negociando en el propio despacho del regidor. Y que no eran “conversaciones de pasillo” que se han malinterpretado como alega el PP, sino que estaban “dirigidas a un pacto” que “iba por buen camino hasta que el presidente de la Junta de Andalucía ha decidido que él no quiere ninguna mácula de gobierno con Vox”.
Resumiendo, a su juicio los sevillanos pidieron en las elecciones municipales “un gobierno de derechas” pero Moreno, “en un acto de absoluto egoísmo”, ha dicho que nada de nada. El mismo Moreno, por cierto, que también les lleva a negarse a un pacto para apoyar al PP sin entrar en el gobierno porque eso es lo que rubricó Vox en 2019 para hacerle presidente andaluz y luego “no cumplieron absolutamente nada”. “No nos fiamos del PP porque ya nos engañaron, los acuerdos de gobernabilidad son papel mojado”.
Así que el pagache de esta situación es el Ayuntamiento hispalense, condenado a “languidecer durante tres años”, por culpa también de un José Luis Sanz que “se pliega a los intereses personales de Moreno”. De paso, le sugiere al alcalde que le eche valor al asunto y se plante ante su jefe, que “antepone sus aspiraciones al Gobierno central a los intereses de estabilidad de la ciudad de Sevilla”. Eso sí, y pese a tanto ruido, no se cierra ninguna puerta porque “conversaciones las ha habido, las hay y las habrá”.
Como esto se ha convertido ya en la palabra de Vox contra la del PP y es evidente que no va a haber una prueba documental, la única conclusión práctica que se extrae del contraataque de Cristina Peláez es que se mantienen en el 'no' a las cuentas para 2024. El argumento es que nunca van a aprobar unos presupuestos que no puedan “ejecutar y controlar desde dentro”, lo que nos devuelve al escenario ya perfilado por Sanz: como el PP no tiene los votos necesarios (se da por descontada la negativa de PSOE y Podemos-IU), nos encaminamos a la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas, una salida que ofrece la Ley de Régimen Electoral General (Loreg).
¿Y qué dice el PP a todo esto? Pues tampoco nada nuevo bajo el sol: que Vox lo que quiere son sillones, que no ha presentado ninguna propuesta presupuestaria y que “lo único que ha hecho es bloquear”. La réplica ha llegado de la mano del delegado de Hacienda, Juan Bueno, que también ha negado la mayor, ya que asegura que con la formación de ultraderecha “nunca se ha hablado de pacto de gobierno” y que “el Gobierno andaluz no ha puesto ningún veto ni ha dado ninguna orden”.
PSOE y Podemos-IU, mientras tanto, asisten a este rifirrafe entre PP y Vox con el convencimiento de que tarde o temprano acabarán por entenderse. Para los socialistas, también es un “paripé” el supuesto interés de Sanz en acordar el presupuesto, porque la negociación se ha aplazado hasta la semana que viene y el pleno para la aprobación se quiere fijar para los primeros días de junio. Muchas prisas no parecen tener, se viene a decir.
Desde la coalición de izquierdas, por su parte, se apunta que “no se dan las condiciones mínimas para dialogar” porque el gobierno local no está dispuesto a asumir sus tres líneas rojas. Tampoco esto supone mayor sorpresa, porque lo que se pedía era cortar relaciones con Endesa por los apagones en los barrios obreros, pleitear en los tribunales por la reapertura de la mina de Aznalcóllar –que verterá en el Guadalquivir junto al estadio de la Cartuja– y aplicar la Ley de Vivienda estatal para rebajar los precios del alquiler.
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