Lo que empezó como una jornada de compras en el centro comercial Lagoh de Sevilla acabó con una doble demanda, contra la seguridad privada de la tienda que Primark tiene en este espacio y contra el mando policial que debía perseguir los hechos. Todo ello, después de que Luisa y Ana, dos mujeres de raza gitana, se sintieran humilladas por el trato que sufrieron y, cuando fueron a comisaría, acabaron denunciando también al policía por posible omisión de perseguir un delito.
El incidente lo hacía público la abogada y activista Séfora Vargas, fundadora de la Asociación para la Promoción Integral y el Desarrollo Económico del Pueblo Gitano (Aproideg), ya que dio la casualidad de que fue testigo presencial de lo ocurrido junto a su marido, un agente de la Policía Nacional que ese día estaba fuera de servicio. Vargas considera que las denunciantes, dos artistas flamencas, fueron “víctimas de una doble victimización” y de hecho considera hasta más grave lo ocurrido en la comisaría del Distrito Sur cuando se fue a interponer una denuncia que acabó presentándose en el juzgado de guardia.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de marzo, cuando las dos mujeres salían de la tienda que Primark (que asegura que está investigando lo ocurrido) tiene en el centro comercial Lagoh y fueron alcanzadas por una vigilante de seguridad ante la sospecha de que no se hubiesen cobrado unos leggins por un fallo de la caja del establecimiento. Tal y como señala la denuncia, la forma de actuar de la vigilante fue “vejante y discriminatoria”, ya que “sin mediar palabra y sin pedir permiso” sacó todas las prendas que habían comprado “de forma abrupta y sin ninguna consideración”.
Las denunciantes aseguran que se vulneró la presunción de inocencia y que lo lógico es que se las hubiese invitado a volver a la caja, para allí comprobar si había un problema con un artículo concreto. La sensación, que plasman en la denuncia, es que fueron tratadas “como presuntas ladronas ante la mirada de toda la gente por solo ser de etnia gitana”.
Al ver la escena, tanto Vargas como su marido se acercaron para interesarse por lo que estaba ocurriendo y, aseguran, fueron reprendidos de malos modos por la vigilante, que se identificó como responsable de seguridad del establecimiento. Vargas se identificó entonces como letrada y aseguró que eran sus clientes, lo que propició que llegara otro vigilante, los ánimos se caldearan más y acabara identificándose su esposo como agente de la Policía Nacional.
Todos acabaron en un cuarto de seguridad con una mesa en la que se volcó todo el contenido de las bolsas y la vigilante, que había llamado para que se personase a la Policía Nacional, procedió “en actitud desafiante y chulesca” a revisar una a una todas las prendas y comprobar con los tickets si se habían abonado. Al final acudieron los agentes y una persona que se identificó como el encargado, comprobándose que todos los artículos se habían abonado. Los policías no se mostraron muy colaboradores según la denuncia ya que, al verificarse que todo estaba abonado, consideraron que su actuación era irrelevante, mientras que el encargado se habría negado a disculparse y la vigilante lo hizo “con la boca pequeña” porque consideraba que su actuación había sido correcta.
El siguiente capítulo se escribió al día siguiente, cuando las dos afectadas, Séfora Vargas y su marido acudieron a la comisaría del Distrito Sur para interponer cada uno una denuncia por unos hechos que se prolongaron durante hora y media y en los que, a su juicio, habían sido retenidos de manera ilegal en el cuarto de seguridad. La situación se tensa cuando les dicen que solo pueden presentar una denuncia, a la vez que le dicen al agente que fue testigo (que llevaba ya escrita la demanda y la quería presentar con su carné profesional) que debía hacerlo en la Inspección Central de Guardia de la Jefatura Superior.
Al final, un inspector que se identificó como responsable de Policía Judicial de la comisaría les invitó a tratar la cuestión fuera de comisaría y, tras un trato inicial correcto, ya en la calle “cambió de actitud y optó por una forma altiva, prepotente y de superioridad”. Según la denuncia, además de criticar la actitud del agente que fue testigo, consideró que lo ocurrido era un simple caso de injurias, y no un supuesto delito de odio, racismo y discriminación como el que se pretendía demandar.
Tras un cruce de reproches y acusaciones, y con las afectadas “desconcertadas y abrumadas por la indefensión e imposibilidad de interponer la denuncia junto al agente”, los cuatro se dirigieron al juzgado de guardia para presentar la demanda, a la que sumaron otra contra el responsable policial por “posible omisión de perseguir los delitos previamente mencionados”. Vargas considera que lo ocurrido en comisaría fue hasta “más grave y desagradable” que lo que pasó en Primark, ya que Luisa y Ana “han sufrido una doble victimización”, y anuncia que relatará lo ocurrido este miércoles en el Congreso, donde comparece ante la comisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo.
Ante lo ocurrido, desde Primark se apunta que tienen conocimiento de un “supuesto incidente” en su tienda del centro comercial Lagoh. “Nos preocupa la queja del cliente y estamos investigándolo de forma urgente”, se apunta desde la compañía, a la vez que se incide en que “no toleramos el racismo ni la discriminación de ningún tipo en nuestras tiendas. Primark está orgullosa de ser una marca para todo el mundo y entendemos lo importante que es que todos los que visitan nuestras tiendas tengan una experiencia positiva”. Desde la Subdelegación del Gobierno, por su parte, se apunta que se ha solicitado un informe para averiguar lo ocurrido en la comisaría del Distrito Sur.
El doble incidente ha llevado a Séfora Vargas a reclamar que las empresas de seguridad privada modifiquen sus protocolos, ya que considera que “se ceban con las personas racializadas”. Eso por un lado, ya que por otro ha iniciado una campaña para que el mando policial no continúe en una comisaría que es la que corresponde al Polígono Sur, “uno de los barrios con mayor población gitana de Sevilla”. “Ese señor no está capacitado ni merece ostentar ese puesto ya que vulnera el derecho a tutela judicial efectiva al ciudadano, especialmente a la comunidad gitana”, y para ello se está animando a colectivos gitanos a presentar en comisarías de toda España una queja siguiendo un modelo que la propia Vargas ha puesto en su blog y en sus redes sociales a disposición de todo el que quiera participar.
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