Manuel Ramírez lleva 12 años al frente del Colegio de Educación Infantil y Primaria Clara Campoamor, en la localidad sevillana de Bormujos. Él, junto al jefe de estudios y la secretaria, se han convertido en el primer equipo directivo de un centro escolar público en renunciar en bloque a sus funciones ante la imposibilidad de cumplir con las medidas de seguridad impuestas por Educación y Sanidad para el regreso a las aulas con los medios de los que disponen.
Presentaron su dimisión a la Consejería de Educación el pasado 24 de julio tras ver rechazadas algunas de sus propuestas que, entre otras cuestiones, pasan por modificar las horas lectivas de determinadas asignaturas consideradas “no esenciales” para hacer posible los desdobles de clases. La asociación de padres y madres del centro ha apoyado esta drástica decisión que aún no ha tenido respuesta por parte de la Consejería, según explica a este periódico el propio Ramírez, que admite, no obstante, que habrá opiniones contrarias entre los más de 1.000 padres y madres que pertenecen a su centro.
“Me da la sensación de que la única propuesta [de la Consejería de Educación] es volver a las clases embadurnados en gel hidroalcohólico y con mascarillas”, lamenta el aún director de este colegio que cuenta con 677 alumnos. “Cuando los padres y madres me preguntan por las medidas de seguridad, se me cae la cara de vergüenza, así que creo que la postura más honesta que me queda es decir que no puedo garantizar la seguridad en el centro”, explica Ramírez, quien defiende esta medida como una reacción “a la pasividad de la administración”. “Nos sentimos mal, pero no nos queda otro camino”, dice.
“La herramienta más potente” para hacer reaccionar a Educación
Preguntado por si otros equipos directivos están pensando en seguir sus pasos, Ramírez admite que otros directores, a título individual, se lo están planteando. A su juicio, sería la herramienta más potente para obtener una respuesta de la Consejería de Educación. Pero, de momento, esta medida no salió adelante en la última reunión de la asociación que engloba a los directores y directoras de los colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Sevilla. Tampoco en la asociación de directores de Institutos se ha planteado esta fórmula de presión y prefieren esperar a ver cómo se concreta la llegada de medios materiales y humanos en septiembre.
Desde hace unas semanas, los equipos directivos de los centros de educación públicos andaluces desde Infantil hasta Secundaria y Bachillerato están levantando la voz para denunciar que es imposible cumplir con las medidas de higiene y de distanciamiento requeridas para evitar contagios de COVID-19 a partir de septiembre. En Sevilla, los directores de los centros de Infantil y Primaria (ASADIPRE), emitieron un comunicado en el exigen a la Consejería andaluza que un responsable técnico en riesgos laborales y salud certifique los protocolos que cada centro ha de elaborar con las instrucciones de la Junta.
En esta exigencia sobrevuela la preocupación ante la posibilidad de que estos planes de actuación no sean efectivos por la imposibilidad de llevarlos a cabo: la saturación de los centros, en cuyas aulas será físicamente imposible mantener la distancia de 1,5 metros entre alumnos; respetar la limitación en el uso de los baños; escalar la entrada y la salida de los estudiantes para evitar aglomeraciones o cumplir los requisitos impuestos en la limpieza y desinfección de los espacios comunes son las principales cuestiones en la lista de preocupaciones de los directores. También se cierne sobre estos equipos directivos encargados de asegurar el cumplimiento de los planes de actuación el temor a incurrir en una posible responsabilidad civil ante una eventual aparición de contagios.
Tras este comunicado, precedido y secundado por un reguero de comunicados de protesta de varios centros educativos de la provincia de Sevilla en el mismo sentido, la Viceconsejería accedió a convocar una reunión de la Mesa Sectorial que se celebró este pasado martes. Los resultados de este encuentro no han calmado las inquietudes de los docentes.
La normativa impide aplicar las propuestas del centro
El equipo directivo del colegio Clara Campoamor de Bormujos (Sevilla), al igual que el resto de centros de Andalucía, viene trabajando desde el pasado 6 de julio en la elaboración de un protocolo que desarrolla las instrucciones dadas por la Viceconsejería de Educación de cara al próximo curso escolar. Ante la falta de personal para desdoblar las clases, el centro hizo una propuesta relacionada con la creación de los grupos de convivencia que consistía en aislar a los estudiantes por niveles educativos y prescindir de algunas asignaturas, en su opinión, menos relevantes este año en el currículum académico (como Religión o Valores) para facilitar que menos profesores convivan con diferentes grupos.
En el caso de la asignatura de Francés, por ejemplo, propusieron que la profesora -que imparte la materia a un total de 12 grupos- diera su clase de forma telemática a todo un nivel de forma simultánea, mientras los estudiantes permanecían en el aula con sus tutores. Pero los servicios de Inspección de la Consejería rechazaron estas modificaciones al ir en contra de la normativa, explica Ramírez, que califica de “cabezonería” la pretensión del departamento que dirige Javier Imbroda de trabajar las mismas materias en las mismas aulas en estas condiciones.
La falta de personal de limpieza y desinfección es otro de los grandes problemas para cumplir los requisitos. En el Clara Campoamor de Bormujos sí existe margen para desdoblar las clases, explica su director, pero en la práctica, no tienen personal para limpiar y desinfectar los espacios que se podrían utilizar por lo que tampoco es viable esta opción. El centro se ha reunido con el Ayuntamiento de Bormujos, encargado de estas tareas de limpieza, para explorar la posibilidad de aumentar la plantilla, pero la única respuesta obtenida es la promesa de estudiar su petición.
Al igual que el resto de centros educativos andaluces, a punto de comenzar las vacaciones de agosto, aún no sabe con cuántos profesores de refuerzo contarán el próximo año, lo que dificulta la planificación. Tampoco ha sido informado de los recursos económicos con los que podrá contar para hacer frente a los gastos imprevistos por la pandemia.
Se busca director sin proyecto
De momento, la Consejería de Educación no ha respondido a su carta de dimisión. “Cabe la posibilidad de que no acepten mi dimisión y me ordenen continuar”, responde este director cuando se le pregunta por cuál es el paso siguiente. Si aceptan su dimisión, Educación debe nombrar un director para el centro de entre la bolsa de funcionarios que cumplen con dos de los tres requisitos exigidos para dirigir un colegio: estar en posesión de un título acreditativo para esta función y una serie de requisitos académicos.
El tercer requisito que valora la comisión de nombramiento es el proyecto que el aspirante presente para ese centro, pero en este caso, no será posible. Su sustituto o sustituta ocuparía el cargo durante un año, y después se procedería a un nombramiento de entre los candidatos que se presenten de forma ordinaria. El mandato de cada director dura cuatro años prorrogables.
“Tras 12 años de director, hace tiempo que tengo claro para quién trabajo y no es para la administración; yo trabajo para los alumnos y las alumnas”, dice Ramírez, quien asegura que desde la dirección o desde fuera, seguirá siempre ayudando en todo lo que pueda.