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La autorización ambiental sobre la que se sustenta el proyecto de Los Frailes, que reactiva la mina de Aznalcóllar, ha quedado en suspenso. Así ha ocurrido de manera automática por un error de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que no ha respondido en tiempo a un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción para revocar esta decisión, lo que ha propiciado la “suspensión automática” del permiso. Esto ha desatado además un debate sobre las consecuencias efectivas de lo ocurrido, ya que la organización ecologista entiende que se anula todo el proceso y obliga a reiniciarlo, mientras que el Gobierno andaluz insiste en que se trata de una “suspensión temporal que no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada”.
En lo que hay coincidencia es en que el permiso ambiental no tiene vigencia en este momento, ya que la consejería no ha respondido a Ecologistas en Acción en el mes de plazo que tenía para hacerlo una vez presentado el recurso de alzada el pasado 12 de agosto. En el mismo, carga contra una licencia que permite a Minera Los Frailes llevar sus aguas residuales por una tubería de 30 kilómetros desde Aznalcóllar hasta el Guadalquivir a la altura del estadio de la Cartuja. A su juicio, y pese a que la empresa garantiza la depuración, se produciría un vertido que “contendría metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc”.
Los Frailes tiene previsto iniciar los primeros trabajos en 2025, para empezar la producción a finales de 2026 o ya en 2027. El proyecto calcula que se extraerán 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años. Los promotores aseguran que se crearán unos 2.000 empleos directos e indirectos, lo que ha generado una enorme expectación laboral en la comarca pese a que la iniciativa ha resucitado los fantasmas del grave vertido tóxico de 1998. La Justicia, por cierto, exculpó el año pasado a Boliden de pagar a la Junta de Andalucía los 90 millones de la limpieza de aquella grave catástrofe ambiental.
Las claves del recurso
La organización ecologista argumenta su impugnación con que se han incumplido varios preceptos, incluido que no se informó públicamente de la modificación de las cantidades anuales del vertido, que pasaron de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años de la mina. También considera que no se ha evaluado de manera adecuada su impacto en un entorno protegido Red Natura 2000 (que enlaza con Doñana en la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar) ni el efecto acumulativo con las aguas industriales residuales que llegarán a otro punto muy cercano, en este caso provenientes de la mina Cobre Las Cruces.
El Gobierno andaluz, por su parte, admite el retraso en la respuesta al recurso y apunta que “actualmente se está ultimando su resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica”. Eso sí, reconoce que la autorización ambiental concedida en julio “queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal”.
No obstante, insiste en que “esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva” del permiso ambiental, y adelanta que “una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la consejería”. El mensaje que se lanza desde este departamento es que se produce un retraso en la tramitación, pero en ningún caso esto supone una enmienda a la totalidad.
“Reconsiderar y revisar” el permiso
Ecologistas en Acción, en cambio, subraya que lo ocurrido debe servir para “reconsiderar y revisar” la autorización otorgada. “Lo contrario supondría de hecho la complicidad y colaboración necesaria del actual Gobierno de la Junta de Andalucía con los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental” que se juzgarán el año que viene por los actos administrativos que condujeron a reactivar los derechos mineros de Aznalcóllar.
El Gobierno andaluz, por su parte, apela a la prudencia a la vez que reitera su “compromiso con la transparencia y con el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental vigente”. “Confiamos en que este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización”, se apunta desde la Consejería de Medio Ambiente.