La cárcel de Sevilla II, ubicada en el término municipal de Morón de la Frontera, desde hace años acumula denuncias de malos tratos por parte de los internos, como ha venido informando este periódico. No parece que la cosa vaya a mejor, según ha denunciado ahora el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa en su informe publicado esta semana. Tras una visita en septiembre de 2020 hace constar que recibió “numerosas denuncias creíbles de malos tratos físicos” que “se vieron respaldadas en varios casos por el registro de lesiones por parte de los médicos de la prisión, que coincidían con las declaraciones del preso”. Es el centro penitenciario español que acumula más casos de este tipo, según el informe del organismo paneuropeo no dependiente de la UE que reúne a 47 países. No hace mucho, el Defensor del Pueblo de España reprochaba la “elevada” represión a los presos de Sevilla II tras una visita en enero de este mismo año. Se da la circunstancia de que decenas de trabajadores de los centros penitenciarios de Andalucía, convocados por CSIF y Acaip-UGT, protagonizaron este mismo miércoles concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno de distintas provincias para protestar “por las últimas agresiones ocurridas en las prisiones y en demanda de mayor seguridad”.
La delegación del CPT señala en su informe que pudo hacer un seguimiento de nueve de las 23 denuncias presentadas desde enero de 2018 por malos tratos en este centro penitenciario y comprobó que la dirección del mismo “no realizó ninguna investigación adecuada para determinar lo que realmente había sucedido”. Y añade el CPT: “los documentos remitidos al juez de Vigilancia contenían todos una carátula casi idéntica en la que se afirmaba que las denuncias no podían sostenerse con pruebas que demostraran su veracidad. Como el procedimiento es todo por escrito, el juez de vigilancia se limita a dar el visto bueno a las conclusiones proporcionadas por la prisión”.
Las denuncias de malos tratos físicos de las que tuvo constancia en su visita habrían tenido lugar solo en los primeros ocho meses del paado año. “Se habrían producido bien en la entrada del módulo (en la sala de enfermería o en el despacho del educador o en el pasillo corto), bien en la segunda sala de cacheos situada a la entrada del módulo de régimen cerrado (es decir, el módulo 13) que, por razones obvias, no estaba cubierta por las cámaras de seguridad”, relata el informe.
Al Comité la “llama la atención” que “el cable coaxial que conectaba la única cámara de vídeovigilancia con visión directa de la puerta de la sala de cacheos se descubrió que había sido arrancado bruscamente de su enchufe en el servidor de vídeovigilancia, con lo que no se pudieron grabar imágenes de las idas y venidas a esa sala del personal del módulo de régimen cerrado”. “Cabe señalar también, a este respecto, que la sala del servidor de cámaras no tenía cerradura, y era directamente accesible a través de una escalera desde una zona de observación de seguridad patrullada exclusivamente por el personal del módulo 13”, denuncia el informe.
No solo eso. La delegación “comprobó que varias de las otras 70 cámaras instaladas en dicho módulo no estaban operativas desde al menos junio de 2020, al parecer por un defecto del servidor”. “Ya sea por accidente o por diseño, las cámaras que no estaban operativas incluían todas las que cubrían la última parte de la zona del pasillo principal que conduce a la misma sala”, señala el CPT que, no obstante, se siente “alentado por el comunicado de 19 de enero de 2021 en el que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias anuncia que tiene la intención de ampliar la cobertura de las cámaras de vídeovigilancia en todos los centros penitenciarios y garantizar que se utilicen adecuadamente y no sean susceptibles de ser manipuladas”.
Entre los episodios que relata el CPT está el de un preso que denunció que fue sacado de la celda, esposado y, mientras era escoltado al módulo 13, fue sometido a “puñetazos, bofetadas y golpes con porras en varias partes del cuerpo por cuatro funcionarios de prisiones”. Al ser ingresado en una celda de aislamiento temporal, fue examinado por el médico, que registró “hematomas circulares en ambas muñecas, hematoma lineal en el muslo izquierdo y hematoma circular de 1x1[cm] en la región temporal frontal izquierda, compatibles con la alegación de paliza”. Según el CPT, “este preso había sufrido lesiones más extensas después de que, supuestamente, los funcionarios de prisiones le golpearan con las porras durante diez minutos el 26 de diciembre de 2019”. En ambos casos el preso presentó una denuncia ante el juez de Vigilancia, pero “lamentablemente no se ha llevado a cabo una investigación adecuada para determinar cómo se puede justificar el uso de una fuerza 'mínima' tan prolongada sobre un preso ligero y vulnerable de 1,68 metros de altura”.
En otro caso, según la información recopilada por el CPT, un preso declaró que el 22 de enero de 2020 tuvo un altercado verbal con el grupo de seis funcionarios de prisiones que realizaban un registro de celdas en el módulo 4. Como resultado, fue esposado y supuestamente golpeado varias veces con una porra en las piernas. Posteriormente, fue trasladado al módulo 13, donde fue llevado a la sala de registro de la entrada del módulo por un grupo de agentes con todo el equipo de protección antidisturbios. Al parecer, uno de los agentes, que llevaba casco, le propinó un par de cabezazos que le dañaron los dientes delanteros.
Por otro lado, poco antes de la visita del CPT, un presó afirmó que, tras una discusión con otro interno, los funcionarios de prisiones intervinieron y lo trasladaron al módulo 13, donde lo metieron en una celda completamente desnudo. Una vez en la celda, alrededor de las 17:30 horas, al parecer, pidió el paquete de cigarrillos que le faltaba, tras lo cual el jefe de servicio y seis funcionarios procedieron a golpearle con las porras. Los registros oficiales muestran que se aplicaron cinco minutos de fuerza mínima.
El cuarto caso del que se hace eco el CPT es el de un interno que, principios de abril de 2020, declaró que después de haber gritado que tenía intención de suicidarse, todos los funcionarios de prisiones de turno del módulo 13 acudieron a su celda, le esposaron por la espalda y después varios funcionarios le golpearon con porras. Dijo que había recibido golpes de porra por todo el cuerpo, especialmente en las piernas. Posteriormente, fue examinado por un miembro del equipo de asistencia sanitaria, al que relató la causa de sus lesiones. En un informe oficial de este incidente elaborado por el Jefe de Servicios, fechado el 3 de abril de 2020, consta que había sido necesario que los funcionarios de prisiones utilizaran “la fuerza física y las porras de goma para vencer su resistencia e inmovilizarlo con la ayuda de las esposas”. El parte de lesiones cumplimentado por un miembro del equipo sanitario a su ingreso en una celda de aislamiento del módulo 13, veinte minutos después de la supuesta paliza, recogió “dos contusiones lineales de unos veinte centímetros en la parte superior de la espalda, ligeras erosiones en la zona lumbar derecha y dos contusiones lineales de unos quince centímetros en la zona glútea”. En el apartado “dictamen de compatibilidad”, el miembro del equipo sanitario escribió: “Es compatible con los hechos alegados”.
En el transcurso de la visita, la delegación del CPT conoció a varios presos que necesitaban apoyo psiquiátrico y psicológico y cuyo internamiento en el módulo de régimen cerrado era “claramente perjudicial para su salud mental”. En el caso de Sevilla II, un preso con síntomas de estrés postraumático al que se le había retirado la medicación psicoactiva “estaba claramente sufriendo y, sin embargo, a pesar de más de 30 solicitudes, todavía no había visto a un psiquiatra”. Además, un preso de nacionalidad extranjera “se limitaba a ser recluido en el módulo de régimen cerrado sin que hubiera constancia de un plan de mejora de su salud mental y psicológica, ni siquiera de una valoración de su situación con la ayuda de un intérprete cualificado”.
Entre los datos que recoge el informe se indica que el equipo de atención sanitaria estaba compuesto por cuatro médicos de cabecera en régimen de dedicación exclusiva, incluido un subdirector médico, 11 enfermeras en régimen de dedicación exclusiva y una enfermera supervisora, y 10 auxiliares de enfermería en régimen de dedicación exclusiva para una población reclusa de 1.001 personas. Se trata de cuatro médicos de cabecera menos que los que tenía la prisión en 2016, cuando el establecimiento contaba con 1.500 reclusos. El número de funcionarios de prisiones era el mismo que en 2016 (493).
El Ministerio de Interior ya ha respondido a las consideraciones expuestas por el comité. Respecto a Sevilla II, en cuanto a las “disfunciones apreciadas” en el sistema de videovigilancia, “el nuevo equipo directivo del centro ha adoptado medidas para garantizar el acceso a las salas de las plantas técnicas de los módulos donde se ubican los servidores de las cámaras, que antes no disponían de cerradura, única y exclusivamente a las personas expresamente autorizadas por la dirección del mismo”.
Interior señala ante los casos de malos tratos denunciados por el CPT que “se viene incidiendo en trasmitir a todo el personal penitenciario el frontal rechazo ante cualquier abuso, físico o verbal, de las personas privadas de libertad. Conductas que en ningún caso son toleradas sino que, por el contrario, abordadas disciplinaria y penalmente, como proceda, hasta lograr su erradicación. Por ello, de forma reiterada se recuerda a la dirección de los centros su obligación de velar por el buen trato de las personas reclusas, promover la formación de su personal como prevención, ejercer una supervisión más estrecha sobre su actuación en el caso de que ocurran incidentes, controlar la debida cumplimentación de la documentación relativa al uso de medios coercitivos, de las denuncias de malos tratos, partes de asistencia por lesiones, etc. así como garantizando su remisión a las autoridades judiciales que procedan y una efectiva investigación de todas las denuncias. En este sentido, el pasado 17 de marzo se remitió a la Dirección de todos los centros un documento conteniendo pautas claras de actuación en tres supuestos que afectan a la investigación de cualquier denuncia o situación de mal trato de la que tuvieran conocimiento”.
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