El examen de una grabación del circuito cerrado de televisión del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla hizo descubrir al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa un caso de malos tratos sobre un paciente que actualmente investiga un juzgado de instrucción. En el caso está imputado un funcionario por la presunta comisión de un delito de rigor innecesario del artículo 533 del Código Penal y un delito leve de lesiones. Así se desprende del extenso informe conocido este martes en el que el organismo paneuropeo no dependiente de la UE que reúne a 47 países examina el trato y las condiciones de detención de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones españolas y en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Sevilla y Alicante).
Según el relato del CPT, el 21 de julio de 2020 un paciente del Psiquiátrico Penitenciario “fue sometido a bofetadas y puñetazos por un miembro del personal de seguridad tanto en el momento de su sujeción como durante la fijación mecánica con correas a una cama en una celda de fijación del módulo 2”, detallando el informe que diez compañeros del funcionario “estaban presentes cuando se produjeron estos malos tratos”. Una vez informado, el director del centro denunció el caso a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tras lo cual se inició una investigación interna, se destituyó al subdirector de seguridad “por no denunciar los hechos” y se remitió el asunto al juez de guardia para que estudiara los aspectos penales del caso, que aún se están instruyendo. En enero de este año, el CPT fue informado por dicha Secretaría General de que “se había iniciado un procedimiento disciplinario con respecto a los nueve miembros del personal que habían presenciado los malos tratos y que no los habían denunciado”, según se desprende del informe.
El Ministerio del Interior ha respondido ya respecto a este caso, señalando en un informe de este mismo mes de octubre que, como consecuencia de la Información Previa realizada por la inspección penitenciaria, de la que se deducía la presunta responsabilidad disciplinaria de funcionarios, la Subsecretaria del Interior ordenó la incoación de expediente y la remisión de las actuaciones al juzgado conociendo de los mismos hechos. El procedimiento interno se encuentra suspendido hasta la resolución de la vía judicial.
Una “grave conducta”
En este sentido, informa Interior de que el juzgado de Sevilla ha indicado que “continúa la instrucción” y que uno de los nueve funcionarios investigados ostenta la condición de imputado con motivo del incidente de malos tratos a un paciente del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Según Interior, “con motivo de la detección de tan grave conducta, al margen de los procedimientos incoados y el relevo en la subdirección de seguridad del establecimiento que inmediatamente se acordó, por parte del equipo directivo se ha venido realizando una continua labor de formación y supervisión de la actuación del personal con la finalidad de generar dinámicas de trabajo que favoreciesen la relación y buen trato con los pacientes, contribuyendo así a la consolidación de buenas prácticas profesionales como instrumento eficaz para prevenir cualquier exceso, abuso o mal trato y, en su caso, para facilitar su conocimiento y corrección por parte de los responsables del centro”.
El CPT también dice en su informe que “desearía recibir información actualizada sobre el estado de la investigación judicial mencionada, así como de los procedimientos disciplinarios”. La delegación del CPT visitó por primera vez desde 2003 los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla. “Estos hospitales no ofrecen actualmente el tratamiento y las condiciones adecuadas para las personas con trastornos mentales graves” y “tampoco tienen capacidad para admitir a más pacientes procedentes de las prisiones”, señala el informe en líneas generales.
Cabe recordar que, hace unos años, el Defensor del Pueblo de España solicitó instalar una cámara de videovigilancia y grabación en la celda destinada a la aplicación de contenciones mecánicas en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, justo donde el año pasado se advirtió este episodio.
Un psiquatra para 157 pacientes
El CPT considera que el recurso a la fijación mecánica de los pacientes forenses en el hospital de Sevilla “conservaba elementos punitivos en algunos casos, y podía ir unido a la imposición de malos tratos físicos a los pacientes, a la medicación forzada y a los periodos prolongados de fijación con la denegación por parte del personal de la petición de un paciente de utilizar un retrete”. “De forma acumulada, estos elementos bien pueden constituir un trato inhumano y degradante”, argumenta.
En ese sentido, el CPT observó que “los jueces supervisores parecían dar el visto bueno a las decisiones de la dirección con respecto al recurso a los medios de contención de los pacientes”, apostando por “hacer más para garantizar que los jueces supervisores ejerzan un control imparcial e independiente sobre el trabajo de los hospitales psiquiátricos penitenciarios”.
La delegación del CPT señala también que “varios pacientes mostraban claros signos de sobremedicación (es decir, dificultad para hablar y movimientos incontrolados) y el 74% de los pacientes recibían prescripciones regulares de benzodiazepinas, lo cual es poco probable que se justifique sobre la base de sus diagnósticos y presentación, dado que las benzodiazepinas están indicadas principalmente en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y el insomnio”.
También destaca el informe del CPT que “sólo había un psiquiatra equivalente a tiempo completo de los cinco puestos presupuestados”, al igual que otras ocasiones de las que ha informado este periódico. “El apoyo lo proporcionaban tres psiquiatras con contratos temporales. Además, había un médico de familia a tiempo completo de los cuatro puestos presupuestados, ocho enfermeras a tiempo completo, un psicólogo a tiempo completo y dos terapeutas ocupacionales a tiempo completo.