La lista completa de carencias no cabría en varias líneas de titular, pero quizás la falta de personal especializado suficiente para atender a los internos sea lo más destacado, junto al mal uso de las contenciones mecánicas, principalmente porque no es la primera llamada de atención en ambos sentidos por parte del Defensor del Pueblo de España. El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, uno de los dos centros de reclusión para personas con enfermedad mental (el otro está en Alicante), hace aguas a tenor de la última visita de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.
Dos técnicos del MNP y un técnico del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, acompañados por una vocal del Consejo Asesor del MNP y dos técnicos externos (médico forense y psiquiatra) cursaron visita en diciembre de 2018 al hospital psiquiátrico, ubicado en la cárcel de Sevilla I, como seguimiento a las anteriores visita realizadas en junio de 2013 y mayo de 2017.
La mayoría de las personas enfermas que se encuentran en este centro, abierto desde 1990, son internos judiciales que cumplen una medida de seguridad por haber sido declarados inimputables. Durante la visita se examinaron, entre otras cuestiones, las condiciones de vida en el centro, la aplicación de medios coercitivos y la asistencia sanitaria prestada, con especial atención a la asistencia psiquiátrica. Igualmente se llevaron a cabo entrevistas reservadas con pacientes y familiares, así como con el equipo directivo y con los funcionarios.
“Las carencias de personal limitan la función asistencial del centro”, dice el informe, así como que la estructura del establecimiento “no está adaptada a los requerimientos de un centro sanitario”. Por eso apuesta por acometer “una remodelación integral” del mismo que incluya “una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones” y “considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan una condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue”. En todo caso, “se debe prestar especial atención a la dotación de personal en este tipo de centro”, insiste el informe.
“Si bien se dispone de espacios exteriores amplios, la estructura del edificio principal, así como sus salas comunes y patios, tienen un tamaño reducido con presencia predominante de cemento, lo que potencia la sensación de enclaustramiento. Además, aunque las habitaciones son relativamente amplias, al ser compartidas por varios pacientes (a excepción del módulo 2), pueden resultar agobiantes”, considera el MNP.
Humedades en las duchas
“Las duchas no cuentan con mampara y tienen humedades”, continúa el informe, que insta a arreglarlas y a “habilitar algún sistema que permita preservar la intimidad de los pacientes”. “El estado de limpieza de las instalaciones no resulta adecuado”, concluye en general el Defensor a ese respecto, apreciando “restos de basura en distintas áreas del recinto, tanto en el interior como en el exterior”. “Además, una de las habitaciones desprendía un fuerte olor”, detalla.
En otro orden de cosas, el MNP considera que la cobertura del sistema de videovigilancia “resulta insuficiente”, apostando por ampliarlo “de manera que abarque todas las zonas en las que puedan encontrarse los pacientes, a excepción de las celdas y los baños”. “No se emplea en el centro el sistema de videoconferencia” y “las dependencias sanitarias son muy reducidas”, también dice el informe.
En ese sentido, denuncia que “no existe un protocolo de extracción de imágenes” y que el centro “no cuenta con un sistema automático de apertura de celdas”. Por otro lado, los funcionarios “no reciben formación específica sobre las especiales características de este centro”, por lo que pide “garantizar que los funcionarios destinados en un hospital psiquiátrico penitenciario reciben formación específica sobre las especiales características de estos centros y las peculiaridades de los pacientes con enfermedad mental”, haciendo constar el MNP que “se recibieron quejas relativas a la falta de medios materiales para los funcionarios”.
Contenciones “muy prolongadas”
“Las celdas de contenciones mecánicas no cuentan con ningún sistema de climatización” y “no existe un sistema de llamador o similar al alcance de la persona inmovilizada”, dice el informe en otro apartado, recalcando que “nunca se han recuperado imágenes para su visualización a efectos de control habitual”.
Según el Defensor, el centro dispone de un protocolo de contención mecánica que indica que, si no existe indicación contraria, el paciente se colocará en decúbito prono en la cama. El informe pide modificar dicho protocolo para indicar “que la posición del paciente sea, salvo indicación médica expresa y justificada, en decúbito supino (boca arriba) con elevación discreta de la cabeza, por razones tanto médicas como de dignidad y buen trato al inmovilizado”.
También se comenta en el informe que “en ocasiones las contenciones se aplican por períodos de tiempo muy prolongados”. Según explica el Defensor, las sujeciones mecánicas deben ser aplicadas con carácter excepcional y por el tiempo mínimo imprescindible, cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida, durando “el tiempo mínimo imprescindible” y que, mientras dura la contención, se lleven a cabo las actuaciones necesarias de control y seguimiento por parte del personal del centro, de conformidad con lo recogido en la normativa aplicable y en la guía de buenas prácticas para el uso de contenciones mecánicas en centros de privación de libertad.
En este mismo sentido, el informe denuncia que las aplicaciones de medios coercitivos “no se comunican inmediatamente al juez de Vigilancia Penitenciaria”, algo que se debe hacer “de manera inmediata” de conformidad con lo previsto en el artículo 72.3 del Reglamento Penitenciario.
“Los pacientes no cuentan con las garantías previstas en materia de alegaciones y recursos” y “el Sistema de Información Penitenciaria (SIP) no está adaptado a las circunstancias del centro”. En este sentido, el centro “no cuenta con libro de registro para quejas y denuncias de internos relativas a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de los funcionarios”, por lo que pide dotar al centro de un libro de registro de quejas presentadas por los internos, “así como de las denuncias o procedimientos judiciales de los que se tenga conocimiento, relativas a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de funcionarios con el fin de llevar a cabo un seguimiento de estos hechos, sin perjuicio de que se remitan las actuaciones pertinentes a los servicios de inspección”.
Déficit de plantilla
“La plantilla de auxiliares y celadores no es suficiente” y “el número de psiquiatras en plantilla no es suficiente para garantizar una atención psiquiátrica de calidad”. Por eso el Defensor pide “dotar al centro, de manera inmediata y permanente, de un número de psiquiatras suficiente para garantizar una atención psiquiátrica de calidad acorde al número y tipo de pacientes que deben tratar”, como ya ha informado este medio.
El informe es contundente en este punto: “Cuando el psiquiatra no cuenta con la ayuda de las médicas en prácticas, además de atender a las demandas de consulta y revisión de los pacientes (mayoritariamente con trastorno mental grave), debe realizar él solo el trabajo de evaluación e informes periódicos necesarios de los internos para orientar las posibilidades de mantenimiento o sustitución de las medidas de internamiento con privación de libertad, las propuestas de salidas terapéuticas, los informes para las incapacitaciones, etcétera”.
En ese sentido detalla que, teniendo en cuenta que hay entre 40 y 50 internos por módulo, “el psiquiatra se ve obligado a elaborar unos siete u ocho informes semanales”. “Es materialmente imposible que un único especialista pueda realizar todo el trabajo asistencial y de evaluación e informes para los internos que alberga este centro”. Se recuerda, además, que “en la relación de puestos de trabajo está prevista la presencia de hasta cinco médicos especialistas para este centro”.
Además, en el momento de la visita el centro no contaba con psicólogo titular, por lo que el Defensor pide “dotar al centro, de manera permanente, de un número de psicólogos suficiente para garantizar una atención psicológica adecuada a las características del centro, que permitan la realización de actuaciones de psicología clínica”. Aproximadamente el 8,6% de los puestos para funcionarios previstos en la relación de puestos de trabajo (RPT) están vacantes. En el caso de los laborales, el porcentaje asciende al 20,3%.
“Buena” atención sanitaria
Asimismo, “el centro no está dotado de un número suficiente de personal con el fin de garantizar una oferta adecuada de actividades lúdicas y rehabilitadoras a los pacientes”, y tampoco cuenta con sistema de interpretación de lenguas. Entre otras cuestiones referidas, los profesionales del equipo sanitario del centro no pueden acceder a la historia clínica del programa del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Por otro lado, los vehículos empleados para el traslado de internos entre centros penitenciarios “no resultan adecuados y no cumplen con las debidas medidas de seguridad”, apostando por “sustituir progresivamente los vehículos empleados actualmente para el traslado de internos entre centros penitenciarios por otros que cumplan con las debidas medidas de seguridad y que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos de los internos”.
No todas las apreciaciones del informe son malas. En positivo, el Defensor valora que “se han ido sustituyendo progresivamente algunos objetos como latas, bolígrafos o mecheros por otros más seguros o elaborados con materiales menos peligrosos”, que “la atención sanitaria que reciben los internos es buena, hallándose el servicio médico bien organizado y realizando los programas de salud con eficiencia”, que “según refiere el personal del centro, hay un buen ambiente de trabajo y el equipo humano está cohesionado y motivado” y que “se dispone de un protocolo de prevención de suicidios acorde al tipo de pacientes del centro”.
También en los últimos años se han instalado detectores de humo en los pasillos y una centralita de humo. Se han instalado extractores de humo y luces de emergencia. En el momento de la visita se estaban instalando salvaescaleras para facilitar el acceso a la primera planta de la personas con diversidad funcional y, según se informó, estaba previsto remodelar la planta baja para un mejor aprovechamiento de la misma. Se han arreglado los sistemas de climatización que no funcionaban y han renovado los colchones, las mantas, las cortinas y los manteles. También se ha renovado el equipo informático de los mandos y se les ha dotado de conexión a Internet. Además, están instalando ordenadores para los funcionarios de Interior y han habilitado puntos de red en las consultas médicas.
En cualquier caso, a las conclusiones del informe no ha querido referirse la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, preguntada hace semanas por este periódico, alegando que no tienen conocimiento oficial de dicho informe, publicado en la web del MNP. Fuentes de la Defensoría indican al respecto que este expediente se ha tramitado como cualquier otro y que las sugerencias fueron enviadas con normalidad a Instituciones Penitenciarias antes de hacerlas públicas en la web del MNP. Las 13 sugerencias concretas, fechadas el pasado mayo pero que no se han subido a la web hasta hace escasas fechas, aparecen “sin respuesta” por parte de la administración.