La Junta de Andalucía ha empezado a tratar de demostrar su actuación en el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que desde hace unos meses investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. “Por fin ha llegado el momento”, ha comentado a la prensa la exdirectora de Minas María José Asensio, la primera imputada en prestar declaración en el caso y que se vio obligada a dejar su cargo al ser imputada. Tanto ella como su abogado, José María González, se han mostrado satisfechos del desarrollo del interrogatorio, que se ha prolongado durante casi dos horas.
Asensio ha respondido a las preguntas de la jueza, de la fiscal y de los abogados defensores, entre ellos los del grupo empresarial México-Minorbis, ganadora del concurso internacional para la explotación de la mina. La exalto cargo, imputada por un presunto delito de prevaricación, ha rechazado contestar las preguntas de las acusaciones, que ejercen Ecologistas en Acción y la empresa perdedora del concurso Emerita Resources-Forbes Manhattan.
La imputada ha dicho confiar en el archivo de la causa y ha explicado que ha intentado dejar claro que la Administración andaluza actuó “absolutamente en la legalidad”, haciendo hincapié, como viene defendiendo la Junta, que se fue “especialmente exquisito” en este proceso en concreto, dada la expectación que había levantado la convocatoria del concurso. Su abogado ha dicho también que Asensio ha remarcado que la actuación de la Junta fue “correcta” y que no se cometió “ninguna irregularidad que pueda traernos aquí”.
Al tiempo, el letrado ha comentado que la técnico de Invercaria que declaró hace varias semanas como testigo en el caso, “no tenía que avalar la solvencia económica de nada” sino que “asesoraba la mesa técnica” creada al efecto para valorar las propuestas de los grupos de empresas que aspiraban a la adjudicación. “Ya luego se depurarán las responsabilidades”, ha indicado, si bien no cree que se trate de un asunto político sino de un asunto “en el que la empresa perdedora está protestando”. Por su parte, Ramón Escudero, letrado de Emerita, ha comentado que, a su entender, “ha quedado claro” que la exdirectora “no ha dicho la verdad”.
Gastos de inversión
Asensio ha querido detallar ante la jueza las cifras de los proyectos de las empresas competidoras, poniendo de manifiesto que Emerita ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente gastos de operación de la mina, según fuentes próximas al procedimiento. Es de recordar que, desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria, se le había atribuido al proyecto de Emerita una cuantía inversora superior que la justificada por México-Minorbis. En ese punto han explicado que, teniendo en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la mina, las ofertas de la empresa ganadora Minorbis y de Emerita son similares, en concreto 304 la primera y 317 la segunda.
La jueza también ha tomado declaración como imputados a la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a los que también atribuye un presunto delito de prevaricación. A criterio de las defensas, la jueza y la fiscal han abundado en “dudas jurídicas” respecto al proceso de adjudicación y los tres imputados que han declarado “han ofrecido detalles de que no existían problemas jurídicos” en el procedimiento desarrollado por la Junta.
Fuentes de las defensas han añadido en ese sentido que la representación de Emerita Resources ha demostrado “ignorancia jurídica” sobre el caso, con “preguntas ajenas al proceso penal” que, a su juicio, no han sido respondidos por “falta de rigor” no por “miedo a dar respuesta”, destacando al respecto la “preparación” y “rigurosidad” de los funcionarios que componían la mesa técnica del concurso que aprobó la adjudicación a México-Minorbis.
Ecologistas teme otro “entramado societario” como el de Boliden-Apirsa
Ecologistas en Acción ha registrado este jueves un escrito en el que solicitan que la jueza también llame a los otros tres miembros de la mesa que no han sido llamados a declarar. En ese sentido uno de sus portavoces, Isidoro Albarreal, ha considerado una “falta de respeto” que la imputada Asensio no haya querido responder a las acusaciones y que se esté tratando de “descargar la responsabilidad” en la mencionada técnico de Invercaria “de manera vergonzosa” simplemente porque “pasaba por allí”.
Al respecto, ha lamentado que a día de hoy no se haya resuelto quién se va a hacer cargo realmente de la explotación de la mina y que la Junta esté “permitiendo” y “favoreciendo” que “un entramado socitario” sea el responsable de la mina, “igual que pasó hace 17 años con Boliden y Apirsa, que se fueron sin pagar un duro por el vertido”, en lo que ha tildado de “especulación minera” y de “intento de manipular la necesidad de trabajo en la zona” por parte de la Junta, apuntando que “aún queda mucho” (“proyectos, concesiones, etc, etc”) para que la mina genere el empleo que se ha dicho que va a generar.
En ese sentido, Asensio ha recalcado ante la jueza que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita, como con Minorbis, una colaboración no contravenía la legislación de concursos, según fuentes del caso.
El día 25 de este mes de septiembre están citados Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.