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El fracaso del enésimo intento de pacto en el PP de Sevilla aboca a resolver en los tribunales la guerra abierta

El último intento de negociación para tratar de cerrar las heridas abiertas en el PP de Sevilla ha vuelto a fracasar, con lo que la guerra abierta por el 15 Congreso provincial mantiene su rumbo camino de los tribunales. Pese a los contactos mantenidos y los llamamientos a la unidad de las dos partes, lo cierto es que esto no se ha plasmado en un acuerdo que permita zanjar de una vez un combate que ha puesto de manifiesto las fricciones entre las direcciones del PP en Madrid y Andalucía.

Virginia Pérez, la reelegida presidenta con el aval de Pablo Casado, y Juan Ávila, que cuenta con el respaldo de Juan Manuel Moreno Bonilla, insisten en que quieren la integración, aunque tienen una visión muy diferente sobre en qué debe traducirse eso. Para Pérez, debe ser una traslación de los resultados que se dieron en el congreso (65%-35% a su favor), mientras que para Ávila tiene que reflejar el acuerdo que negociaron Madrid y Andalucía antes de que se abrieran las urnas: al 50% y con él ocupando la vicepresidencia.

Una integración descafeinada

Así que las posturas se mantienen igual que en el último intento de negociación, que no cuajó horas antes de la proclamación de Pérez como presidenta. Tras no llegar a ninguna parte los últimos contactos, Pérez ha presentado una ejecutiva que define como de integración pese a que prácticamente no hay nombres que apoyaran a Ávila, lo que se achaca a las presiones que se están produciendo.

Desde la candidatura de Ávila se niegan tanto estas presiones como que haya existido voluntad real de integración, así que se mantienen en sus trece de llevar a los tribunales las irregularidades que, a su juicio, se han producido durante el congreso. Para ello se estaría definiendo a qué despacho de abogados se le encargaría el caso.

Cruces de acusaciones y reproches

Con este escenario de fondo, la intención de Virginia Pérez es intentar pasar página para aparcar un ruido de fondo que, se apunta, sólo perjudica la imagen del partido. En este sentido, se apunta que la ejecutiva no está definitivamente cerrada y que todavía quedan cargos por designar (órganos colegiados, los consejos de alcaldes y de portavoces, entre otros) que podrían ocupar miembros de la candidatura rival.

Desde el entorno de Juan Ávila, por su parte, se subraya el hecho de que todos los miembros del comité organizador del congreso (que debe velar por su neutralidad) han sido nombrados vicesecretarios. Y se insiste en la oferta: si la integración es al 50%, se retira la amenaza de demanda, lo que la actual dirección ve poco menos que como un chantaje.

Pese a los cruces de acusaciones y reproches, ambas partes insisten en su voluntad de retomar la negociación en cualquier momento, lo que augura que tarde o temprano se alcanzará un acuerdo que permita ofrecer la imagen de que se entierra el hacha de guerra. Otra cosa es que las aguas van a seguir bajando revueltas durante mucho tiempo, por mucho que el foco del choque entre Madrid y Andalucía ya se haya desplazado a otras provincias que todavía no han celebrado sus congresos provinciales.

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