El Gobierno andaluz compra el humedal donde se refugian en sequía las aves de Doñana pero mantiene su ley de regadíos

El Gobierno andaluz mantiene la ley que permitirá legalizar regadíos en el entorno de Doñana y ni se plantea dejarla caer en el Parlamento pero, en paralelo, buscaba un movimiento con el que argumentar su apuesta por la defensa de este espacio natural ante el desgaste de imagen que le está suponiendo la iniciativa legislativa que impulsan PP y Vox. Y lo ha encontrado: va a comprar la gran piscifactoría de Veta la Palma, un enorme humedal que sirve de refugio a las aves cuando Doñana está seca (como ahora) con la aspiración además de que estas 7.500 hectáreas (de las que 3.500 están inundadas) acaben incluidas en el parque nacional, que crecería así un 14%. La operación se cifra en unos 70 millones de euros, está cerrada a falta de flecos y supone un importante golpe de efecto por parte de Juan Manuel Moreno, que ha hecho el anuncio este martes en un acto en el Foro ABC.

Veta la Palma se ubica en el municipio sevillano de La Puebla del Río, en pleno parque natural y a tiro de piedra de la parte del parque nacional que se adentra en la provincia de Sevilla. Propiedad del grupo sevillano –pero con sede social en Madrid– Instituto Hispánico del Arroz, Hisparroz, el mayor propietario de arrozal en la marisma y vinculado al grupo Ebro Foods, la finca cuenta con un centenar de trabajadores sometidos ahora a un expediente de regulación de empleo por las dificultades económicas que atraviesa. El principal valor de la piscifactoría es que sus humedales artificiales son un auténtico santuario de aves, que se instalan en este paraje cuando las condiciones de Doñana son extremas como las actuales, con todo el sistema de lagunas seco. De hecho, desde el Ejecutivo de Moreno se destaca que en algunos momentos llega a albergar más de 300.000 aves acuáticas, el 60% del censo del parque.

Si todo este entorno ya atraviesa una dura situación, todavía podía empeorar más con los planes de cerrar la piscifactoría, lo que podía dar al traste con sus humedales e impulsar a las aves a buscar zonas cada vez más alejadas de Doñana. Las 3.500 hectáreas inundadas ofrecen un paraje de marisma acorde con el entorno (entre Isla Mayor y el Brazo de la Torre), pero es un escenario transformado por la mano del hombre y en el que el agua se mantiene de manera artificial, de ahí que la Junta de Andalucía haya decidido dar el paso de comprarlas y así garantizar que se mantiene en sus actuales condiciones.

Buena

La propuesta ha generado una cascada de reacciones, que mantienen el hilo conductor de considerar positiva la iniciativa, aunque subrayándose que debería ir acompañada de la retirada de la ley de regadíos. Así lo han defendido formaciones políticas como PSOE y Por Andalucía, y organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción y WWF, además del propio Gobierno central, que ha hablado por medio de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para quien esta operación “va en la buena dirección”, aunque es “insuficiente” para la protección de Doñana y va a tener “cero incidencia” en la reducción de la presión al acuífero y en la disponibilidad de agua.

Moreno ha presentado esta operación como una manera de mejorar las prestaciones de Doñana frente a los efectos del cambio climático. A su juicio, si estas 3.500 hectáreas de humedal desaparecen Doñana “será mucho menos resiliente”, mermará su diversidad de hábitats y se reducirá “de manera drástica” la capacidad de adaptación ante el cambio climático del parque nacional. Del valor ambiental de la piscifactoría da cuenta que aquí coinciden el preparque Este del parque nacional, el parque natural, la Red Natura 2000, la zona Ramsar y la Reserva de la Biosfera de Doñana.

El objetivo añadido es que, tras los necesarios procesos de investigación e inversión, Veta la Palma reúna los requisitos para incorporarse al parque nacional, lo que aumentaría un 14% su superficie. Según el Gobierno andaluz, estamos ante la incorporación a la titularidad pública de terrenos más importante desde la declaración del parque nacional en 1969 y el hito ambiental más importante en Doñana en los últimos 45 años, tras su ampliación en 1978.

La adquisición de esta finca, además de garantizar un oasis fundamental para los animales en los momentos más duros, supone estabilizar el hábitat de 1.200 parejas de 17 especies de aves amenazadas, raras o vulnerables, como la cerceta pardilla, que está “en peligro crítico” de extinción, según la Estación Biológica de Doñana. Por ello, la Junta de Andalucía incide en que la adquisición de estos terrenos supone “una apuesta para mejorar y potenciar los valores que hacen de Doñana un ecosistema único en el mundo”.

Moreno insiste en que su ley no amenaza a Doñana

Esta operación mejora sustancialmente el discurso del Ejecutivo andaluz con Doñana, muy tocado con la ley de regadíos, y de hecho el propio Juan Manuel Moreno ya lo ha esgrimido como ejemplo de que su gobierno está “comprometido al máximo con la preservación” de una “joya” de la naturaleza como es el parque nacional. Y considera que esto no supone una contradicción con la proposición de ley de PP y Vox, que reitera que no atenta contra este enclave porque el “verdadero peligro” que “amenaza” Doñana es el cambio climático.

En este sentido, la ley sigue para adelante porque, asegura, lo que se busca es “resolver el problema” que atraviesan unos agricultores que “llevan décadas cosechando en esas tierras”, y que se quedaron fuera del “acuerdo de regularización” (el Plan de la Fresa) suscrito en el año 2014. El presidente andaluz defiende que su gobierno quiere “poner orden” en este sector pero con “una serie de condiciones”, viendo “expediente a expediente”. De paso, ha denunciado la “demagogia” que, en su opinión, se ha empleado contra esta proposición de ley, que implica a unas “700 hectáreas” frente a un parque cuya superficie total asciende a 118.000 hectáreas, y que es una zona que “no es parque natural, ni parque nacional, ni preparque”, sino que “está a 30 kilómetros del parque”.

“Seamos serios”, ha instado, antes de apostillar que los grupos que se oponen a esa proposición de ley “han perdido” ese “debate en la calle”, como, a su juicio, se ha evidenciado en el resultado de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, que han permitido al PP gobernar por primera vez en democracia la Diputación de Huelva. Por eso, Moreno ha pedido al resto de grupos políticos que “dejen de hacer demagogia” con este tema.