A finales de agosto de 2014, un incendio en los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla, llevó el susto a los trabajadores que ocupaban el edificio. En aquel momento, no se ejecutó ningún Plan de Emergencia y Evacuación y del edificio porque no había, aunque ya se estaba trabajando en él. Tampoco lo hay ahora, pese a que la Ley de Prevención de Riesgos de Laborales de 1995 exige al “empresario”, en este caso la Junta de Andalucía, “analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores”, según su artículo 20. La carencia de dicho plan es extensiva a las cinco sedes judiciales que tiene la capital hispalense. Un requerimiento de la Inspección de Trabajo instaba hace unos cinco años a la ejecucion de dichos planes.
Pese a que su aprobación para cuatro de los edificios judiciales (Viapol, Prado de San Sebastián, Audiencia Provincial y Buhaira 29) se prevé para los próximos meses, el denominado edificio Noga, cuyas “deficiencias” en la materia puso en evidencia la administración allá por 2010 cuando trasladó allí los juzgados de lo Penal y de lo Social, no tiene a la vista ningún plan de emergencia. CCOO ya ha pedido que la Junta abandone el edificio por incumplir las normas de seguridad que permiten garantizar la evacuación del aproximadamente millar de personas que a diario acuden a la sede judicial. La densidad de la carga de fuego es alta, según constaba en aquel informe de hace nueve años, debido a la gran cantidad de papel que acumulan las dependencias judiciales.
Los grupos de trabajo para la implantación de los planes de emergencia y evacuación de los edificios judiciales, compuestos por técnicos de prevención de la Junta y representantes sindicales de los funcionarios de justicia, se han reunido periódicamente desde este pasado diciembre, informa a eldiario.es Andalucía la secretaria general de la sección sindical de justicia en Sevilla, Inmaculada Centeno. “La gente no sabía cómo reaccionar”, recuerda Centeno de aquel fuego en el Prado, que tuvo otro foco en el sótano y que provocó un efecto chimenea por la escalera.
El entonces decano, Francisco Ballester, reconoció que el vetusto edificio judicial del Prado estaba “mal preparado” en caso de que se originara un incendio de grandes dimensiones ya que, entre otras carencias, “no posee salidas de emergencias” y la única vía de evacuación la constituyen las escaleras que usan todos los que acuden a estas dependencias. El juez ya pedía entonces un plan de evacuación y CCOO alertaba de dichas carencias.
Los grupos técnicos de trabajo encargados de aprobar los planes de emergencia, que cuentan con representación de administraciones, jueces y personal de mantenimiento, tratan de avanzar hacia la implantación de los mismos desde este pasado mes de diciembre, informa Centeno. La idea es que, cuando se aprueben, se lleven a cabo simulacros de emergencia, una vez se resuelva el concurso de traslados de los funcionarios, para la formación específica de todo el personal que trabaja en las sedes para saber qué hay que hacer en caso de emergencia.
Por su parte, el Sindicato Profesional de Justicia integrado en la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ha solicitado de forma reiterada en los Comités de Seguridad y Salud en el ámbito de la Administración de Justicia de Sevilla la implantación de dichos planes pues consideran que “no se está garantizando la seguridad no sólo de los funcionarios sino la del ciudadano que acude a los juzgados”, apuntan a este medio fuentes del sindicato.
“Todo esto durará aún meses y, mientras, la implantación no es definitiva. Es intolerable que la Administración, que exige a las empresas todos estos requisitos legales en materia preventiva, no cumpla ella misma con la obligación legal de garantizar la seguridad de sus funcionarios”, añaden las fuentes de SPJ-USO.
Sobre la acumulación de papel en las sedes judiciales, la representante sindical de CCOO indica que “no somos oficinas en las que hay archivos, sino archivos en los que hay una oficina”. “Cuando uno acude a un edificio público, espera que la administración cumpla con las medidas de seguridad”, denuncia.
La “ratonera” del Noga
Un informe de 2010 de la entonces Consejería de Justicia puso sobre el papel las recomendaciones y las medidas a adoptar para adaptar el edificio Noga a la normativa. Por ejemplo, y entre otras muchas cuestiones, se decía que las salidas de la 1ª planta eran (y son) “insuficientes para permitir evacuar a las personas”. Centeno señala al respecto que “los problemas se sabían desde el principio. La planta primera es una ratonera. Solo hay dos accesos y los pasillos llenos de gente no tienen puertas, sólo un balcón interior. Los problemas de evacuación son evidentes”.
A pesar de que “no se ha hecho nada en cuatro años”, según denuncia Centeno, que acaba de presentar un escrito ante la Dirección de Infraestructuras y Sistemas de la Junta, recientemente se ha producido una reunión para abordar el plan de emergencia para el Noga. Un informe de la empresa SGS alertaba también de los incumplimientos detectados, en las sedesin que se hayan ejecutado las medidas correctoras, según denuncia CCOO.
“El edificio no estaba destinado a sede judicial”, recuerda la representante de CCOO. La Junta llevó algunos órganos allí en 2010 como solución 'puente' a la falta de espacio para la justicia sevillana a la espera de la construcción de una Ciudad de la Justicia que lleva años en la mente de Junta y Ayuntamiento pero cuyo proyecto no termina de concretarse.
Entre los problemas detectados, más allá de los preventivos, se encuentran varios episodios de levantamiento de solería en distintas plantas, acumulación de estanterías sin anclaje y la dispersión del personal de los juzgados de lo Penal en varias plantas. Ante “la imposibilidad” de que el edificio Noga cuente con un plan de evacuación y emergencia que garantice la seguridad e integridad física de las personas presentes en el edificio, CCOO ha solicitado a la Junta “que se abandone como sede judicial y se busque con la mayor urgencia una nueva ubicación para los órganos judiciales afectados”.
El sindicato SPJ-USO anuncia que denunciará ante la Inspección de Trabajo “el grave incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de la normativa vigente en cuanto a que el edificio Noga no reúne los requisitos mínimos para llevar a cabo una posible evacuación, en caso de emergencia, si no se encuentra una pronta solución o si la Junta de Andalucía no reubica a los juzgados que allí se encuentran en otra sede que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad, pues hoy por hoy trabajar en el Noga supone un riesgo diario para todo el personal que allí trabaja. Crucemos los dedos”.
En el caso de los edificios judiciales antiguos, como son los del Prado de San Sebastián y Audiencia Provincial, estos carecen de salidas de emergencia según denuncia SPJ-USO. Según el sindicto, el Real Decreto 486/1997 establece que, aunque los edificios sean de fecha anterior a la entrada en vigor de dicha norma, las modificaciones, ampliaciones o transformación de esos edificios sí tienen obligación de cumplirlas.
La Junta, que ha hecho varias reformas en estos años atrás, “tiene obligación de adaptar el mismo a la normativa vigente, lo que no hace”, lamenta el sindicato, ejemplificando con que “los puestos de trabajo de los funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial que gestionan el archivo se encuentran en los sótanos del edificio de los Juzgados del Prado, una auténtica ratonera que cuenta con una única salida”.