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“Sevilla necesita conocer más sobre unos hechos que la desasosiegan y dividen desde hace más de ochenta años”. Así arranca el libro 'Fundaciones Queipo de Llano. Historia de un expolio' y esa es la finalidad de su autor, Antonio Martín García, doctor en Geografía, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e “investigador que escribe, no escritor”, según se autodefine. Su obra (editada por El Paseo Editorial) ve la luz cuatro años después de su última monografía ('Sevilla: territorio militar, 1848-1992'), el mismo tiempo que ha tardado en profundizar en la apropiación “ilegal e ilegítima” de la finca Gambogaz por parte del general Gonzalo Queipo de Llano y en cómo se empezó a perpetrar el “golpe económico”, junto al político, que benefició a los promotores y dirigentes sublevados en el 36. Y también en cómo se hizo, de una forma muy concreta: presentando una imagen pública de Queipo como “benefactor de los desheredados, campesinos y trabajadores del campo” mediante dos fundaciones benéfico-sociales, primero Agraria y, posteriormente, Proinfancia.
“Un libro con muchos libros dentro”, advierte Martín García en una entrevista con SevillaelDiario.es, que parte de cómo cambió de manos un gran latifundio de Sevilla adquirido en primera instancia por el militar en plena Guerra Civil en España (diciembre de 1937) y en cuyo cortijo trabajaron esclavos del franquismo. Aporta nuevos datos y documentos, a través de fuentes primarias y datos “definitivos” en algunos casos, conseguidos por el autor a partir del estudio de los movimientos de Queipo, principalmente en su papel de empleado público militar “en rebeldía contra su empleador legítimo, el Gobierno de la República”.
“Nunca diferenció la esfera pública de la privada”, comenta Martín García, pero su actuación discurre paralela a “la ideología del golpismo: una oportunidad para los militares de ser los dueños de España”. De hecho, Queipo fue “pionero” en ese punto y pudo marcar un modelo para otros dominios de la España franquista. Y a ello invita el autor, conocedor de que aún queda mucho por saber de aquel asalto económico que también perpetraron los principales instigadores de la sublevación militar.
“Un terrorismo de poder que no se detuvo ni ante su gente”, define Martín García, cuya obra indaga en las fuentes de financiación de las que dispuso el general en un “rapidísimo” aumento patrimonial del que “poco o nada se sabía” y que “tuvo como capricho la joya de la corona” de Gambogaz, cuya compra contó con la “indispensable” colaboración del Banco de España. “Se hizo el dueño de todo, e incluso era concesionario de préstamos. Su objetivo era enriquecerse”, explica el investigador.
“Pese a su inmenso poder, estaba lleno de temores por el devenir de la guerra y creó las fundaciones para protegerse” y para hacerse definitivamente con la finca en una segunda transacción en 1943. El autor se pregunta por la “crueldad” y “frialdad” de un personaje que, de forma paralela, ordenaba “café” para miles de personas, en concreto como último responsable de unas 50.000 muertes al mando de los golpistas en Andalucía. Martín García también relata en la obra el papel “clave” de Francisco Bohórquez, el auditor encargado de ratificar las sentencias de los tribunales militares creados en tiempo de guerra, “para crear un estado de terror” y que “le valieron un lugar a su lado” en la basílica de la Macarena, cuyos restos fueron exhumados la noche del 2 de noviembre del pasado año.
La “desfachatez” de las fundaciones de Queipo
“Pero todo mentiroso termina contradiciéndose”, zanja sobre Queipo el autor, que repasa “el sistema de mentiras, a todos los niveles”, en las que se basó el general para hacerse con la conocida finca y su cortijo, de más de 500 hectáreas. ¿Cómo un jefe militar rebelde, pieza destacada en la insurrección armada contra el poder legítimo establecido, pudo adquirir un enorme cortijo, de los más cualificados y extensos de la Andalucía latifundista, tan solo 18 meses después de tomar el control político-militar de Sevilla? Un relato “enredado” que se desgrana en esta publicación y en la que se concluye que las fundaciones de Queipo “fueron utilizadas fraudulentamente como pantallas y vehículos para sortear la ley”. “Una desfachatez”, concluye el autor, defensor de la rigurosidad y crítico con la idiosincrasia de una ciudad como Sevilla, fundamental en el relato de la Guerra Civil.
La obra arranca con la propiedad en manos de la familia Vázquez, en concreto los nueve hijos del matrimonio formado por José Vázquez Rodríguez –heredero del propietario original, Ignacio Vázquez Gutiérrez– y María de la Lastra Rodríguez de Tejada, previa a la compraventa parcial mayoritaria de 1937. El libro relata cómo fue el proceso de adquisición de la plena propiedad de Gambogaz, su posterior venta parcial, la liberación hipotecaria y capitalización económica a favor de Queipo y el papel de las fundaciones, su capital y patrimonio.
El libro cuenta, destaca el autor, con la inestimable colaboración de los herederos del principal perjudicado en la transmisión de Gambogaz a Queipo de Llano, el empresario gaditano Manuel Camacho y, también, por los descendientes de quienes, desde mediados de 1936, eran los propietarios minoritarios del cortijo, que han puesto a su disposición fuentes de limitado acceso hasta ahora: “Una mentira insostenible”, insiste el investigador, que aboga por rescatar “una historia con rigor que nos sirva de verdad” al objeto de “sacudirnos las conciencias”.
“Menoscabo al interés general”
Entre las conclusiones a las que llega el libro, aparte de desechar definitivamente que el Ayuntamiento compró la finca y se la regaló a Queipo, o que el general la adquirió por las donaciones “voluntarias” de los sevillanos por “salvar” a la ciudad del “dominio rojo”, se encuentra también que hubo “menoscabo al interés general” a través de aquellas fundaciones en la segunda transacción, con “indicios documentados y claros”. García argumenta que la primera ocasión fue “una operación entre particulares”, privada, por lo que se aparta de la reivindicación de un Gambogaz público, ya que “carece de soporte legal alguno”, expresa en la propia publicación, que sacrifica los aspectos narrativos en beneficio del acopio de datos y pruebas.
A juicio de Martín García, “la memoria de la Guerra Civil no debe ser solamente la localización y recuperación de fosas comunes”. Y apuesta principalmente por la reparación, mostrándose abiertamente crítico en ese sentido con la Ley de Memoria Democrática porque “no se ha reconducido” esa cuestión y, sobre todo, no se ha apostado por facilitar el acceso a determinados archivos históricos. En líneas generales, García aboga por “más análisis” y “más peso del pensamiento” porque, según considera, “la sociedad no está vertebrada de verdad”.