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Una familia de la localidad sevillana de Utrera está viviendo una situación que parece, a priori, complicada de entender, y que comenzó cuando encontraron en el móvil de uno de sus hijos unos mensajes de carácter sexual por parte de un profesor. Desde que denunciaron el caso han encontrado amparo en la Justicia -el asunto está pendiente de juicio- pero han hallado todo lo contrario en el colegio concertado donde estudia el todavía menor.
La madre del adolescente ha narrado a SevillaelDiario.es la situación que viven desde que a finales de octubre de 2022 descubrieran en el móvil del chico lo que define como “conversaciones poco apropiadas” que partían del docente que, aparte de la acción judicial, fue suspendido de empleo pero siguió yendo con regularidad al colegio.
El centro educativo, ante la llamada de este medio, no ha querido pronunciarse sobre el asunto, argumentando precisamente que está en manos de la Justicia. El colegio es propiedad de dos familias al 50 %, y el profesor en cuestión es parte de una de las familias, según avanzó El País.
El “acoso” que sufren
La madre, de la que no se ofrece dato alguno para preservar la identidad de su hijo, narra unos hechos que son difícilmente explicables, no solo por el hecho de que el menor fuese presuntamente acosado por un profesor, sino por la escasa ayuda que están teniendo por parte de la dirección del colegio, según denuncia. “El director es cuñado del presunto pederasta”, recuerda, y este último ha podido entrar en el colegio impunemente a pesar de estar dado de baja e incluso tener una orden de alejamiento de 300 metros sobre el niño. La quebrantó dos veces, hasta que fue condenado preventivamente al destierro.
“De este tema nos han impactado muchas cosas, pero una de ellas era que iba al colegio tranquilamente estando de baja. Había mensajes que hablaban de encuentros durante esos días que tenía que estar de baja, y no lo entendíamos”, dice, lamentando actitudes muy llamativas que están sufriendo, como que cuando denunciaron los hechos el director estaba de baja y se dio de alta de forma inmediata.
El menor está diagnosticado de déficit de atención con hiperactividad y síndrome de Tourette. Fue expulsado 15 días por un problema con una profesora, y en ese tramo de tiempo le descubrieron los mensajes, en los que el profesor hablaba con él, presuntamente, de ver porno y le pedía que borrase los mensajes tras leerlo.
Nada más poner la denuncia, el director amenazó con expulsarle dos días por fumar en váper en clase. “Nadie le vio fumar, solo se guiaron por el olor, sin pruebas”, apunta la madre. La denuncia se paró con la ayuda de la vicedirectora y la profesora responsable de Igualdad, que representan a la otra familia propietaria del centro educativo.
Han pedido ayuda externa
Los padres han pedido ayuda a varias instituciones como el Defensor del Menor, la Inspección educativa y la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta, a los que han informado de que su hijo ha sufrido desplantes y hostigamiento cada vez que han pedido ayuda. Por ahora se resisten a sacar al niño del centro, pero sí han decidido que su hermano menor cambie de colegio. “Nos llegaron a decir que lo que teníamos que hacer era llevarnos a los niños del colegio, incluso que sobran padres en el centro, y contesté que el curso está terminando, que era su último año y que la decisión era mía. Decidimos quitar al hermano porque empezamos a notar cambios que no nos gustaban”. “En lugar de ayudarnos, nos cuestionan el comportamiento de mi hijo”, lamenta la madre.
La jueza que lleva el caso entiende que hay una presunta comisión de delitos de exhibicionismo y provocación sexual. En su declaración dijo que, aunque estaba de baja por incapacidad absoluta, acudía habitualmente al colegio para sus labores como administrador.
Órdenes de alejamiento rotas
La facilidad con la que el presunto agresor rompía la orden de alejamiento es otro de los temas que más duele a los padres. En la procesión de las Cruces de Mayo del centro en 2023 el menor iba como costalero, y la madre vio entre el público al profesor.
Un mes después el padre lo encontró en un restaurante a menos de 100 metros de su casa. La Guardia Civil acudió al local de inmediato y le detuvo. El destierro decretado por la jueza fue recurrido y anulado hace dos meses.
Ahora, la familia no solo espera que se celebre el juicio, sino que vive con el miedo de encontrarle de nuevo por la calle en cualquier momento, al tiempo que aseguran no entender cómo no han recibido apoyo desde el colegio desde el primer momento.