Era una llamada más que esperada en el domicilio de los Morales de Matos: una llamada desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Al otro lado del teléfono, por fin podían escuchar la voz de su hija adoptiva, Maloma Morales, que lleva retenida contra su voluntad, según Naciones Unidas y Human Rights Watch, desde el 12 de diciembre, día en que Pepe, su padre adoptivo, vio cómo dos primos y un hermano la introducían a la fuerza en un coche.
La última vez que escucharon su voz fue el 25 de diciembre y, según relatan tanto sus familiares como amigos presentes, Maloma, de origen saharaui y nacionalidad española, les rogaba que, por favor, no la dejaran allí.
Durante una hora de conversación, Pepe Morales, según le ha contado a eldiario.es/andalucía, ha podido hablar tanto con ella como con otro familiar saharaui. Maloma les ha transmitido que está “bien, tranquila y que la familia (biológica) quiere entendimiento para que ella pueda ir y venir a los campamentos con libertad y mantener así una relación fluida con las dos familias”.
Maloma le ha agradecido a su hermano mayor, Mohamed Lamin, que ejerce de cabeza de familia (su padre biológico murió cuando ella era pequeña), que haya dado este paso para que se pueda volver a poner en contacto con su familia en España.
Han pedido tranquilidad y rebajar la tensión “para que las conversaciones puedan avanzar con fluidez”, ha señalado el padre adoptivo.
Manifestación pidiendo la liberación
La llamada ha llegado 48 horas después de que más de 250 personas se manifestaran por las calles de Sevilla pidiendo su liberación y la de otras chicas en una situación similar: los casos de Koria Badbad, Darya Embarek Selma y Nadhjiba Mohamed Belkacem.
La manifestación contó con el protagonismo de Shaya Mohamed Sale, a la que su propia familia también secuestró durante una visita a los campamentos de Tinduf. Shaya describió la dureza del confinamiento ilegal de Maloma, quien “ha estado dos meses aislada en una habitación. Una prima tuvo que acompañarla para que no se volviera loca”.
Tras sus declaraciones públicas, Shaya ha denunciado públicamente que este lunes el delegado del Frente Polisario en Andalucía, Abidin Bucharaya, la ha llamado para preguntarle “el precio de mi silencio”. Desde su perfil de Facebook, ha querido dejar claro que “yo no me vendo, mi voz no tiene precio. Me callaré el día que vea a todas estas mujeres en el aeropuerto” de vuelta a España. Horas después ha recibido amenazas por parte del entorno del Frente Polisario.
En declaraciones a este diario, la familia Morales de Matos y la pareja de hecho de Maloma, Ismael Arregui, han condenado las amenazas recibidas por Shaya. “Condenamos toda amenaza y ataque a la libertad de expresión. Agradecemos a Shaya su apoyo y valentía y le transmitimos desde aquí nuestro apoyo inquebrantable”.
Durante la manifestación, Arregui, leyó un comunicado en el que no solo criticaba la inacción del Gobierno español, sino del propio Frente Polisario, la autoridad gubernamental de los campamentos donde Maloma se encuentra confinada.
“Resulta incomprensible que un Gobierno (como lo es el Frente Polisario en los campamentos) se arrodille ante la presión de una tribu y que permita que se pisoteen los Derechos Humanos por amparar y proteger una tradición discriminatoria con las mujeres. Incomprensible también que la mayoría del movimiento solidario español con el Sahara vuelva la cabeza y mire hacia otro lado, sin defender los derechos de Maloma ni reconocer que ella -y otras muchas mujeres más- son víctimas de un cúmulo de errores cometidos en el pasado y sostenidos hasta el día de hoy, en los que tanto el Frente Polisario como las propias Asociaciones tienen absoluta responsabilidad”, señaló.
Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch le han dado un toque de atención al Polisario, que defiende que se trata de una “pelea entre familias”, manifestándole que debe hacer valer su autoridad en los territorios bajo su control para que no se cometan violaciones de los derechos humanos como ésta.
Human Rights Watch señaló la semana pasada que “retener a alguien contra su voluntad es un delito. No importa su nacionalidad. El Frente Polisario tiene que asegurarse de que todas las demás mujeres sobre las que ejerce autoridad administrativa puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento, y abordar estos actos de confinamiento ilegal”.