Las cuatro administraciones acordaban hace una semana excavar la mayor fosa común franquista que hay en Sevilla, la de Monumento, y aunque el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) está entre los que han suscrito este compromiso, el movimiento memorialista sigue sin fiarse y se pregunta si de verdad va a cumplir. Por eso, y para mantener una actitud vigilante sobre la política municipal en esta materia, el Colectivo Memorialista de la Provincia de Sevilla ha convocado –con el respaldo de una treintena de entidades– varios actos que culminarán con una manifestación el próximo 14 de junio. De esta manera reclaman no sólo celeridad con los trabajos en Monumento, sino también la reactivación de la política memorialista local.
Esta gran fosa común, en la que se calcula que puede haber hasta 2.616 víctimas del franquismo, se ha convertido en el gran eje sobre el que pivotan las reclamaciones en materia de memoria histórica en la capital hispalense. Y aunque hay un pacto entre administraciones, “lo queremos ver y lo queremos ver ya, que no haya demoras”, ha reclamado este miércoles Juan Valencia, de la Asamblea Memorialista de Gavidia, que ha anunciado también una campaña que tendrá su primer hito este sábado, 16 de marzo, con una marcha precisamente a Monumento.
El destinatario final de estas acciones que pueden entenderse como preventivas es el Consistorio sevillano, al que se le reprocha que ha “paralizado” las políticas de memoria como resultado de la llegada del PP al gobierno local y la sempiterna presión de Vox para laminar todo lo referente a esta cuestión. Para los memorialistas, no son denuncias escritas en el aire sino que hablamos de “hechos”: se ha desmantelado la Oficina de Memoria municipal, hay un frenazo al proyecto en el centro memorialista de La Ranilla, todavía no se ha convocado el Consejo de Memoria...
“Está claro que hay una paralización absoluta”, ha reiterado Valencia, quien le ha recordado al alcalde, José Luis Sanz, que desarrollar las políticas de memoria “no es despilfarro” como aseguró el regidor días antes de tomar posesión, sino que se trata de “cumplir la ley”. “Esto no es sólo un deber moral, es también una obligación legal”, además de que no implica “abrir viejas heridas” sino cumplir con personas que “tienen derecho a saber dónde están sus familiares”.
En relación con la apertura de fosas comunes, el gobierno local del PP está justo en la situación en la que se comprometió a actuar: hasta ahora (y después de dejar a cero el presupuesto para memoria) había anunciado que nunca daría el primero paso porque considera que estas competencias son “impropias”, pero que se implicaría si las administraciones responsables (Gobierno y Junta) ponían en marcha algún proyecto. Así lo reiteró la semana pasada el responsable municipal que acudió a la reunión en la que se desatascó Monumento, tras la cual expresó su deseo de que los trabajos se inicien “a la mayor brevedad posible”.
El Consistorio hispalense tiene que asumir desde este momento un papel clave porque es la administración que debe liderar y gestionar las exhumaciones, mientras que las otras tres (los gobiernos central y andaluz y la Diputación de Sevilla) le transferirán fondos merced a un convenio que ahora hay que suscribir clonando así los pasos que se dieron en su momento con la fosa de Pico Reja, también en el cementerio hispalense de San Fernando. De partida, se estima que el presupuesto necesario rondará los 1,8 millones de euros y que los trabajos se prolongarán entre tres y cuatro años.
“La esperanza es que lo firmado salga adelante”, ha apostillado Juan Valencia, a la vez que avanzaba que como colectivo “nuestra obligación es estar vigilantes” para garantizar que el compromiso sigue adelante y “sin demoras”. “Vamos a estar ahí”, ha reiterado, al tiempo que Rogelia Beltrán, familiar de asesinados por el franquismo, insistía en que se trata de “una cuestión de derechos humanos y de justicia” que requiere celeridad por la propia edad de muchos de los impulsores. “Muchos compañeros nos han dejado sin poder cumplir su sueño”, ha lamentado.
De paso, a la exigencia de que “las leyes de memoria se cumplan” ha añadido dos reivindicaciones, la primera de las cuales es que “los restos de las víctimas no se olviden en un almacén durante años”. La segunda reclamación es que se mantenga la recogida de muestras de ADN en Sevilla (que llevaba a cabo el Ayuntamiento) y que se desatasque el tapón que está provocando el retraso en los análisis que desarrolla la Universidad de Granada. “Esto daría tranquilidad a muchas personas mayores”, que cuando cumplen con este procedimiento no ocultan su alivio “y dicen que ya se pueden morir tranquilos”.
Ayúdanos a seguir haciendo periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la reparación, donde es especialmente crucial depender de los lectores.
Por eso ahora, los socios y socias de elDiario.es también pueden añadir a su cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.