Montero rechaza “privatizar” la Plaza de España: “El Gobierno no va a permitir la privatización del espacio público”

La vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha ratificado desde el Congreso de los Diputados la negativa del Ejecutivo a la propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), de cobrar a los turistas por entrar en la Plaza de España.

“Lo digo alto y claro, el Gobierno de España no va a permitir ninguna privatización del espacio público”, ha reafirmado Montero durante la sesión de control que se celebra este miércoles en el hemiciclo.

El diputado socialista por Sevilla y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha sido quien ha solicitado a la ministra que manifestase en el pleno la postura del Gobierno central, ante “la penúltima ocurrencia del alcalde” popular de Sevilla de “privatizar la Plaza de España”, ya que Patrimonio del Estado –organismo dependiente de Hacienda– es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas.

Aumento de la inyección económica estatal a Sevilla

Además, después de que el alcalde insistiera este martes en la necesidad de recabar fondos con los que afrontar los costes de conservación y mantenimiento de la Plaza de España de cara a al centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, la ministra de Hacienda ha avisado de que en los últimos años, con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, el Ayuntamiento de Sevilla “ha recibido un 56 % más de recursos” económicos que durante los años del ejecutivo del popular Mariano Rajoy.

Esgrimiendo tal dato, Montero ha advertido de que no se trata de una “cuestión económica”, sino que en la propuesta del alcalde hispalense pesa “simple y llanamente el interés de la privatización que siempre alumbra al PP” y el hecho de que Sanz “no sabe gestionar los recursos” con los que cuenta ni tiene “modelo de ciudad”, sino que “está improvisando” con apuestas como esta, según ha recriminado la titular de Hacienda desde el Congreso de los Diputados.

Un “nuevo dislate” a ojos del PSOE

Tras ratificar una vez más la ministra que el Gobierno central “no va a permitir la privatización” de la Plaza de España, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha destacado que se trata de un espacio “mayoritariamente de todos los españoles”, considerando que la propuesta de Sanz es “un nuevo dislate” del Gobierno local del PP.

Gómez de Celis también ha lamentado que, días atrás, el primer edil del PP manifestase que si el Gobierno central aportase unos cinco millones de euros para la conservación y la vigilancia de la Plaza de España, él retiraría su propuesta de cerrar dicho monumento y cobrar a los turistas, avisando el diputado del PSOE de que se trata de aspectos de plena competencia municipal.

Y, especialmente, ha opinado que las palabras de Sanz constituyen “el colmo de la hipocresía” porque el Senado, con el voto contrario del PP, ha tumbado recientemente los objetivos de estabilidad presupuestaria pergeñados por el Gobierno central para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026, gracias a los cuales el Ayuntamiento hispalense tendría “40 millones de euros” a su disposición para gastos como los que señala el propio alcalde.

Respuesta de José Luis Sanz

Por su parte, el regidor hispalense ha utilizado sus redes sociales para informar de que ha solicitado una reunión con la ministra Montero para “explicarle lo que nos cuesta mantener la plaza de España” –más de 1 millón de euros al año, según señala el alcalde popular– “y que conozca mi plan de cobrar 3 euros a los turistas para financiar su conservación y seguridad”.

Asimismo, José Luis Sanz lamenta recibir “desprecios y ninguneos de los que un día privatizaron la plaza de la Encarnación y agravian constantemente a nuestra ciudad”, para terminar concluyendo su publicación con esta afirmación: “A Sevilla le iría mejor si propusieran alternativas en lugar de frenar y poner trabas”.

La propuesta del alcalde

En concreto el Ayuntamiento hispalense –titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada– propone al Estado –responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC)– un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los vecinos de Sevilla capital y de su provincia.

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 % para las arcas municipales y un 25 % para el Estado, asegurando según el Consistorio el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

El objetivo, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que “financiar la conservación” del monumento y “mantener un servicio de vigilancia las 24 horas” del día en el mismo, así como abrir una escuela de “restauración permanente” para este emblemático monumento y para otros espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana de 1929, de cara a la conmemoración de su centenario.

Ante la mencionada pregunta del diputado Gómez de Celis, la ministra ha ratificado su negativa a las pretensiones del alcalde hispalense, aseverando que “el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público” ni va a “cobrar por la visita a estos lugares porque los recursos públicos hay que gestionarlos bien y con eficacia para el cumplimiento de las funciones que tenemos”. Entre ellas, ha remarcado, “la preservación del patrimonio, la conservación y la reparación de aquellos monumentos o bienes de interés cultural”.