Sevilla ya ha dado formalmente su primer paso para regular el mercado de las viviendas turísticas, y lo hace al aprobar en el pleno municipal (aunque sin el consenso de todos los grupos) una normativa que, en líneas generales, le va a exigir a partir de ahora a estos apartamentos los mismos requisitos que a cualquier otro negocio hotelero. Se intenta así controlar un fenómeno disparado de tal manera que no ha podido con él ni el coronavirus, como demuestra que durante 2020 se crearon 4.000 nuevas plazas.
Lo que sí ha hecho la pandemia es introducir un poco de pausa al ritmo de crecimiento, porque se ha detectado el paso del alquiler vacacional al residencial de un número sustancial de esta oferta. Esto, a su vez, ha provocado ajustes a la baja en el precio del alquiler medio de estos apartamentos turísticos, una circunstancia que se considera coyuntural y que se invertirá en cuanto se recupere el mercado turístico.
Pese a este respiro que ha concedido el coronavirus, el gobierno municipal (PSOE) reconoce que el problema “ha crecido de manera exponencial”, lo que ilustra con un dato: el número de camas ya casi alcanza las 30.000, lo que supone el triple que en 2017, repartidas por más de 6.100 viviendas. Esto supone que ya hay más plazas de este tipo que las existentes si sumamos toda la oferta hotelera (24.000) y los establecimientos de apartamentos turísticos, es decir, los edificios consagrados por completo a esta actividad (5.800).
Problemas de convivencia
La descripción del panorama actual corría a cargo del delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), quien admite que existen “problemas de convivencia” entre vecinos y turistas alojados en estos pisos. Además, tal y como ya apuntan varios informes, las tensiones que genera este fenómeno en el mercado inmobiliario están provocando subidas de precios en los alquileres, con el consiguiente éxodo de los residentes a otros barrios de la ciudad.
La cuestión es que esta situación ya no se limita al centro, tal y como apunta más de un informe que advierte del riesgo de extensión a zonas como Nervión y Macarena. Así que ha llegado el momento de actuar, aunque el gobierno local pretende ir con pies de plomo para, por un lado, dar pasos firmes jurídicamente que no le puedan tumbar en los tribunales y, por otro, que no se entienda que le corta una vía de ingresos a muchas familias que han dedicado un inmueble de su propiedad a estos fines. Por eso, Muñoz insiste en que lo que se ha hecho es “ordenar, no limitar”.
Nuevos requisitos
La fórmula elegida para esta operación ha sido una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por el que los pisos turísticos pasan a tener la consideración de actividad terciaria, con lo que se les exigirán los mismos requisitos que a hoteles o pensiones. Esto se traduce en que deben cumplir una serie de condiciones en cuanto a accesibilidad, protección contra incendios y ubicación, como que sólo podrán estar en el bajo o la primera planta si es un edificio del casco histórico (centro y partes de Triana y Nervión), permitiéndose hasta la segunda planta en el resto de la ciudad.
La nueva normativa, eso sí, no tiene carácter retroactivo (sólo afectará a los nuevos pisos que quieran destinarse a este fin) ni establece zonas saturadas en las que se impida que aumente la oferta. A esto no se cierra la puerta, aunque para ello habrá que caminar de la mano de la regulación que establezca la Junta de Andalucía.
Sin unanimidad
Con todo, la propuesta no logró la unanimidad que sería de esperar si tenemos en cuenta que todos los grupos políticos reconocen que estamos ante un problema que afecta de manera grave a la ciudad. Junto al PSOE, votaron afirmativamente Ciudadanos y Adelante Sevilla, formación para la que “se abre un camino todavía insuficiente”. Vox votó en contra alegando que “no es el momento”, en plena pandemia, de limitar la actividad, mientras que el PP se abstuvo.
El portavoz popular, Beltrán Pérez, fue especialmente crítico con Ciudadanos al entender que su respaldo a la iniciativa no es propia de un partido que se define como liberal. Al PSOE, por su parte, le reprochó que lo que busca en realidad es recaudar más en concepto de IBI y que por eso ha diseñado este “ataque claro a la clase media de Sevilla sin tocar a los grandes fondos de inversión” (a los que sitúa detrás de la compra de edificios enteros para instalar pisos turísticos) y eliminando la competencia a las cadenas hoteleras.