Complementos salariales. Es el motivo que ha reunido la mañana del miércoles a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla. “Las universidades son uno de los motores del desarrollo cultural y económico de Andalucía, y están enfrentadas hoy a grandes retos que frenan su crecimiento”, han defendido los representantes sindicales en un comunicado conjunto.
UGT, CCOO y CSIF llevan desde el 16 de enero de este año, que se sentaron “por primera vez a la mesa para poner cosas en común”, esperando encontrar una solución a una situación que les supone “un marco económico que nos asfixia” y que llevan esperando solucionar desde 2018. Cuentan que se han mantenido reuniones tanto del PAS (Personal de Administración y Servicios) como del PDI (Personal Docente e Investigador) pero que no se han producido avances significativos porque, “parece no existir una voluntad de resolver con agilidad y eficacia los problemas, sino más bien todo lo contrario, dilatarlos en su solución”.
Desde este sector exigen las convocatorias de los complementos autonómicos de 2019 a 2023 que, cuentan, pueden suponer una deuda desde 1.752,72 hasta 8.763,60 euros por persona, teniendo en cuenta los cinco años de retraso. Solicitan que la convocatoria de complementos autonómicos “permita participar a todo el personal docente y/o investigador, tanto al que ha participado en las convocatorias anteriores, como al que no tuvo la oportunidad de hacerlo”.
El complemento autonómico está atribuido, según la Ley Orgánica de Universidades, a las Comunidades Autónomas, quienes, por tanto, tienen que llevar a cabo su concesión. Dicho complemento es aplicable al profesorado tanto funcionario como laboral, que tenga una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y cuya dedicación sea a tiempo completo.
Para este sector se exige el pago del 50% del quinto tramo del complemento de productividad desde 2019 hasta 2023. Dichos pagos suponen una deuda media de 2.000 euros por persona en estos cinco años sin acuerdo (con una horquilla que va desde 1.784,56 euros hasta los 3.431,84).
Sin embargo, las conclusiones que sacan de la última reunión que mantuvieron el pasado 22 de mayo son que “no hay nada para el 2023” ya que “la Consejería de Universidades se escuda en Hacienda”.
Han dejado claro que no tienen la financiación necesaria para hacer frente al pago de los atrasos y que si la Junta de Andalucía se hace cargo de los mismos, esto supondría el recorte en otras partidas presupuestarias.
En las universidades públicas andaluzas hay 17.812 docentes e investigadores y 10.193 trabajadores del PAS y lo que piden es “que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cumpla con su palabra y dé cumplimiento a los acuerdos andaluces”, sentencian en el documento leído frente a la antigua fábrica de tabacos.
“Llevamos cinco meses negociando si ningún avance ni resultado; así mismo, llevamos cinco años de atraso en los pagos de los complementos de 2018. La Junta de Andalucía no para de marear la perdiz para no pagar los acuerdos y que sean las universidades quienes, con sus recursos propios, hagan frente al pago, pero estos acuerdos son andaluces y por ello debe ser la propia Junta de Andalucía quien deba asumirlos”, aseguran.
Por su parte, Ramón Herrera, secretario general de Universidades, ha hablado en nombre de la Consejería de Universidades de Andalucía asegurando que “la negociación con los sindicatos va por buen camino, nuestra decisión es firme en el sentido de avanzar en la convocatoria de esos complementos”. Palabras ante las que los sindicatos vuelven a recalcar que “después de cinco años ya es hora de cumplir con los acuerdos alcanzados en 2018”.
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