Juan Espadas, el alcalde socialista de Sevilla, recibirá el próximo miércoles 8 de enero a miembros de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas 'Andalucía Republicana' que han iniciado una triple vía para tratar de que los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano dejen de ocupar “un lugar de honor” en la basílica de La Macarena de Sevilla. El objetivo del encuentro que se mantendrá en el Ayuntamiento hispalense es que el gobierno local elabore, conforme a la Ley de Memoria, un catálogo de elementos contrarios a la misma en la ciudad de Sevilla, según fuentes de la coordinadora.
Andalucía Republicana, asesorada jurídicamente por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, inició el pasado 4 de diciembre un triple plan para que Queipo de Llano salga de la basílica sevillana. Para ello, como ya informó este periódico, la propuesta incluye una novedosa acción centrada en el Ayuntamiento de Sevilla y que aludiría a que, en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria estatal, que establece la posibilidad de que el Gobierno colabore con las comunidades autónomas y las entidades locales “en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”, se inste al Consistorio hispalense a que lo haga y que incluya en ese catálogo la tumba de Queipo.
“Si lo hiciera e incluyera la tumba de Queipo sería un avance”, confían desde la coordinadora pese a que el color político socialista del Ayuntamiento de Sevilla (el mismo que ha empujado desde el Gobierno central para lograr la exhumación de Franco el pasado 24 de octubre) sea el mismo que durante año y medio de vigencia de la Ley andaluza de Memoria no hizo movimiento alguno para tratar de sacar a Queipo de la Macarena.
También son sabedores de que el PSOE a nivel local tendría que enfrentarse al “poder fáctico” de una hermandad como La Macarena que, por otro lado, tiene ya aprobado su proyecto de un columbario donde puedan yacer los hermanos. Fuentes municipales se limitaron a decir a este medio hace unas semanas que “está todo en manos de la Junta en aplicación de la ley”. Espadas dijo hace unas semanas que espera que se “concrete” el citado columbario como solución a la tumba de Queipo.
La vía judicial
Paralelamente, la coordinadora republicana ha dado por iniciada la vía judicial para que la Junta dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017. Dos años y ochos meses después, el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene 70 días para desarrollar su cumplimiento o será demandada en los tribunales. El plazo expiraría a mediados del próximo mes de febrero.
Un grupo de miembros de las plataformas unitarias y organizaciones republicanas registraron el 4 de diciembre un requerimiento para que la Junta de Andalucía dicte la Orden por la que se constituya el comité técnico encargado de elaborar la relación de los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados y/o eliminados en la comunidad autónoma. Con dicha relación en su mano, la Junta deberá comunicar a los particulares que pudieran verse afectados para que procedan a su eliminación y, en caso de incumplimiento, se proceda a la misma por parte de la Junta de Andalucía. La ley prevé, para el caso de que esta retirada o eliminación no se produzca de manera voluntaria, la obligación de la Consejería competente de incoar de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.
Respecto a esos “elementos contrarios” a la memoria histórica, el escrito dirigido a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, destaca la presencia de la tumba del general franquista en “un lugar de honor” de la basílica de La Macarena de Sevilla, algo que “contribuye a la exaltación, conmemoración y enaltecimiento del golpe militar del 36 y supone una afrenta a la dignidad de las víctimas y de la ciudadanía en general”.
¿Elemento contrario a la Memoria?
Cabe recordar también que eldiario.es Andalucía publicó un informe jurídico de la Junta que en 2017 cuestionaba que la tumba del general golpista fuera un elemento contrario a la memoria. “La primera competencia de la Junta sería la de crear el citado comité técnico (...) para elaborar la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria (...) y notificar a las personas titulares de dichos elementos su incumplimiento de la norma y su obligación de retirarlos o eliminarlos”, decía aquel informe, que daba a entender que una tumba, aún siendo la de un militar fascista, puede que no entrara dentro de la definición que la ley hace de “elementos contrarios a la Memoria Histórica que deben ser retirados o eliminados”. El anterior Ejecutivo socialista redactó el decreto para regular el citado comité de expertos y lo envió al Consejo Consultivo para su aprobación, pero PP y Ciudadanos lo retiraron al llegar al poder antes de que éste lo valorase.
La coordinadora republicana argumentó en su escrito que “la dimensión criminal de Queipo de Llano está plenamente acreditada y documentada por la investigación historiográfica de las últimas décadas. Jefe militar de Andalucía del golpe de Estado fascista contra la Segunda República española, firmó el ilegal Bando de Guerra de 18 de julio de 1936 que dio pretexto, bajo sus órdenes, para el asesinato masivo de decenas de miles de personas por toda la geografía andaluza, sin más excusa que su adscripción política. Según el Derecho Internacional, es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Andalucía Republicana está pendiente al mismo tiempo de un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz para pedir la apertura de un expediente por incumplimiento por parte de la Junta de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Para esta cita aún no hay fecha cerrada.