El riesgo de un “pelotazo” urbanístico en Tablada resucita 25 años después alentado por el nuevo alcalde de Sevilla

El nuevo alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha despertado el fantasma del proyecto de urbanización de la dehesa de Tablada nada más aterrizar en el Ayuntamiento hispalense. El debate de si es pertinente o no edificar en este espacio libre junto al Guadalquivir ha sido recurrente en la ciudad en el último cuarto de siglo, pero los miembros de la Mesa Ciudadana por Tablada lo daban ya por “encauzado”, tras 20 años de una batalla judicial, política y social que ha logrado blindar los terrenos con la calificación de suelo “no urbanizable y de especial protección”.

Sin embargo, dos días después de recoger la vara de mando, Sanz se mostraba públicamente “partidario” de dedicar parte de este “gran pulmón verde” a “usos residenciales y otros equipamientos” de carácter deportivo y cultural, tal y como manifestó el propio regidor durante una entrevista en Cadena Ser.

Las declaraciones han avivado la preocupación del movimiento social que lleva desde principios de siglo defendiendo “una Tablada verde y pública”, al considerar que la insinuación del regidor alimenta las “expectativas de negocio” de sus propietarios, un grupo de promotores inmobiliarios cuyos intereses urbanísticos en la zona los llevó en 1997 a adquirir las 360 hectáreas de esta “enorme llanura aluvial junto al Guadalquivir”, como la describe Enrique Hernández, geógrafo y uno de los portavoces de la Mesa Ciudadana por Tablada.

De isla de cemento a parque metropolitano

De acuerdo con el relato que reconstruye la plataforma en defensa de una dehesa “verde y pública”, los terrenos que la conforman fueron durante siglos propiedad del concejo de Sevilla, hasta que en la primera mitad del siglo XX se convirtió en uno de los primeros aeródromos de España.

Cuando decayó la actividad aérea asociada a la práctica militar, el Ministerio de Defensa sacó estos terrenos a subasta pública y “los vendió al mejor postor”, como recrimina el portavoz de la Mesa Ciudadana, quien lamenta que terminara “en manos de una agrupación de inmobiliarias” llamada Consorcio de Tablada S.A., en vez de “restituirlos a la ciudad”.

Tras esta operación, se produce “la entrada” de la dehesa “en el mercado inmobiliario”, como certifica el Tribunal Supremo (TS), contando con la “connivencia del Ayuntamiento de la época”, que reprocha Hernández en alusión a que con la alcaldesa popular Soledad Becerril al frente y con Rojas Marcos como primer teniente alcalde, se empezaron a sentar las bases para que pudiera darse el “pelotazo” urbanístico que aguardaban los nuevos propietarios.

También da cuenta de ello el Supremo, en cuya sentencia de 2020 relativa a esta causa recoge que en “una primera fase” el Consistorio “se mostraba propicio al desarrollo urbanístico de la zona”, como demuestra “el Convenio de Cooperación urbanística que el Ayuntamiento y la entidad mercantil Consorcio de Tablada, S.A. suscribieron con fecha 8 de marzo de 1999, en que se contemplaba la posibilidad de que en esos terrenos de Tablada se emplazase la Villa Olímpica”, según subraya el TS.

No obstante, la presión ciudadana de principios de siglo XXI —representada entonces en la plataforma por una Tablada Verde y Pública a la que ya pertenecían miembros de la actual Mesa Ciudadana—, junto con el “drástico cambio de actitud” que le achaca el alto tribunal al Consistorio hispalense tras la llegada del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, el destino de Tablada empezó a virar hacia una salida que la libraba de las garras urbanísticas para acercarla a su reconocimiento como parque metropolitano.

Terreno inundable y no urbanizable

Entre las diferentes iniciativas que se emprendieron a partir de entonces —“tendentes a la adquisición de los terrenos a bajo precio”, en palabras del TS—, se encuentran los acuerdos plenarios de 2002 y 2004, destinados a delimitar la superficie de la dehesa “para su posible incorporación al patrimonio municipal del suelo”. Una solución que siguen demandando hoy, dos décadas después, las cerca de 40 entidades adheridas a la Mesa Ciudadana por Tablada.

Es en esta “segunda fase del proceso” —a la que se refiere el Tribunal Supremo—, cuando se lleva a cabo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, aprobado definitivamente en 2007 y bajo la dirección del arquitecto y urbanista Manuel González Fustegueras. Este instrumento de planeamiento urbano blindó la dehesa frente a los intereses especulativos al calificarla como suelo “no urbanizable” de especial protección y abogar por convertirla en un “parque metropolitano equipado” dentro del “sistema de espacio libre público”, con vistas a conservar “prioritariamente su valor medioambiental”.

En efecto, este PGOU aún vigente “reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el territorio metropolitano”, arguyendo criterios de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico, así como razones de inundabilidad o de sostenibilidad. En este sentido, ensalza sus valores como “foco de biodiversidad” por su conexión con otros espacios naturales como Doñana o el Corredor Verde del Guadiamar y apela también a “la voluntad ciudadana que se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental de Tablada”.

Además, la condición de “no urbanizable” reposa en que los suelos de la dehesa “son inundables”, como remarca el autor del PGOU en conversación con este periódico, por cuanto “pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura inundable”. De hecho, el carácter de inundabilidad recogido en el Plan General de la ciudad figura también en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus, una norma autonómica de rango superior que obliga a los planes municipales), además de contar con el aval de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

“Larga batalla” judicial

Pese a los intentos de sus dueños por anular en los tribunales dicha clasificación en pro de relanzar el desarrollo urbanístico que tenían previsto para estos suelos, diferentes sentencias del Tribunal Supremo (entre las que destacan las de los años 2010 y 2013) ratificaron que la dehesa de Tablada es terreno “inundable de especial protección” y, por ende, “no urbanizable”.

Este marco jurídico y de planeamiento urbano ahogó entonces las pretensiones del grupo inmobiliario, que se embarcó de nuevo en un rosario de juicios, sentencias y recursos que ha durado años, esta vez con la intención de revertir la operación de compra efectuada en 1997. Tal y como recoge el Supremo en su última sentencia, con fecha de 2020, los propietarios pretendían “devolver todos los terrenos al Estado porque su carácter inundable le ha impedido urbanizarlos y no porque sea necesaria para el dominio público marítimo terrestre”, como alegaba la representación del Consorcio de Tablada.

Precisamente, en este documento el Supremo aludió a la “larga batalla todavía no concluida” a la que ya se refirió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia similar emitida 10 años antes. De hecho, fue el alto tribunal andaluz el que sostuvo que “los terrenos de Tablada eran vistos por los compradores como susceptibles de un proceso lucrativo de transformación urbana”. Al no poder llevar a término sus “expectativas de desarrollo urbanístico” dada su clasificación, los propietarios solicitaban el reintegro de la cantidad pagada por los mismos (unos 36,7 millones de euros) más intereses.

Una oportunidad frustrada

Con esta sentencia de 2020 en la que el Tribunal Supremo venía a confirmar que la calificación de los terrenos de la dehesa de Tablada como suelo no urbanizable de especial protección responde a la legislación urbanística vigente, se abría un “escenario nuevo” en el que el valor urbanístico y especulativo de Tablada mermaba, mientras que se disparaba el social y ambiental, impulsado por las entidades que la llevaban defendiendo desde principios de siglo.

Tanto fue así que, ya en 2021, los antiguos miembros de la plataforma por una dehesa pública y verde reactivaron su lucha y conformaron la actual Mesa Ciudadana de Tablada con vistas a promover el empujón que faltaba para que este espacio verde anexo al Guadalquivir pasara a ser definitivamente de titularidad pública.

Así lo confirma Curro Oñate, otro de los portavoces de la Mesa por Tablada y presidente de Red Sevilla por el Clima, que explica que la plataforma se configuró recientemente al calor de los movimientos contra el cambio climático que cobraban fuerza en todo el planeta y alentados también por la tendencia imperante en la normativa europea, en su apuesta por renaturalizar las ciudades. En definitiva, a ojos de los defensores de la dehesa como espacio libre y público, Tablada atravesaba hasta hace unos días un “momento clave” para determinar su futuro como parque metropolitano.

Vuelta a la casilla de salida

“Y aquí estamos empezando otra vez la batalla”, lamentan ahora los portavoces de la Mesa Ciudadana, aseverando que la predisposición del alcalde a urbanizar Tablada los devuelve a “la casilla de salida de hace 25 años”. Al respecto, denuncian que las declaraciones de Sanz “ponen en peligro” el que consideran como “el último tramo virgen que queda en el Guadalquivir”, por cuanto da alas a las aspiraciones urbanísticas de unos terrenos que siguen en manos privadas.

En cualquier caso, más allá de la voluntad que se pueda expresar con palabras, lo cierto es que sacar adelante un proyecto urbanístico en Tablada es una tarea “muy difícil”, tal y como está planteado el planeamiento en la actualidad. En primer lugar porque, como subraya el director del PGOU, “urbanizar en Tablada va en contra de la ley”.

“Es un suelo que está protegido de su urbanización por la legislación vigente, estatal, autonómica y local”, incide a este respecto Fustegueras apelando al “riesgo de inundabilidad” que entraña la zona. De modo que para poder edificar en esta zona sur de la ciudad sería necesario no solo llevar a cabo una “modificación estructural” del Plan General de Sevilla en lo que respecta a la Dehesa de Tablada, sino también cambiar el Potaus y lograr que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central, revierta el criterio de inundabilidad que todavía mantiene a día de hoy.

Además, “cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la ejecución de infraestructuras hidráulicas, tanto en el propio ámbito de la actuación como en su entorno –incluso en los municipios ribereños en la otra orilla del Guadalquivir– de un coste excesivo”, como consta en el propio Plan General de Sevilla.

Nuevo debate encima de la mesa de Tablada

Mientras el debate sobre Tablada resucita en la sociedad sevillana, desde el equipo de José Luis Sanz se remiten a las palabras del alcalde y piden “tiempo” para concretar los planes que puedan tener respecto a la zona, aludiendo a que acaban de tomar los mandos del gobierno municipal. A la espera de conocer más detalles a este respecto, la Mesa Ciudadana que encauza la defensa de este espacio verde agita el principal argumento que esgrimen las cerca de 40 entidades que la integran: “Sevilla no necesita Tablada para crecer residencialmente”.

En términos similares lo recoge el propio Plan General de Urbanismo de la capital andaluza, donde se acredita que “los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa Sevilla pueden generarse en otros ámbitos de la ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada”. De manera que “ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada”, como sostiene el PGOU.

Opinión que defiende todavía hoy su autor, amparándose en la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), aprobada recientemente por la administración andaluza. Citando dicha norma, Fustegueras insiste en que “las ocupaciones de nueva urbanización son muy excepcionales mientras existan otros suelos disponibles”, como sucede en la capital andaluza, de acuerdo con este arquitecto y urbanista.

Sobre todo, “cuando estamos hablando de suelos que tienen este riesgo de inundabilidad”, apostilla Fustegueras para aseverar que los proyectos que conciernen a Tablada cuentan con “la dificultad añadida de que trasciende la voluntad municipal”, debido a su “carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa”, que le concede el PGOU.

En esta ocasión, el debate sobre el futuro de este espacio verde al sur de Sevilla ha alcanzado también a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado de “irresponsable” al alcalde de Sevilla, por haber defendido una urbanización “contrario a la norma” por el riesgo que entraña.

En cambio, otra de las aportaciones al debate ha llegado de la mano de Juan Aguilera, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco), quien se ha mostrado a favor de urbanizar la dehesa defendiendo que “en Tablada cabe todo”. “La inundabilidad de un suelo es reversible, siempre y cuando se ejecuten las obras necesarias”, ha dicho también ante los micrófonos de Radio Sevilla.

De vuelta al pleno municipal

Por el momento, además de formar parte de la agenda mediática y social, el futuro de Tablada integrará también la agenda de temas que se van a abordar en el primer pleno ordinario de la nueva corporación local de la mano del grupo Con Andalucía, la coalición que aglutina a Podemos e IU. Así lo ha anunciado su portavoz municipal, Susana Hornillo (Podemos), tras reunirse junto al también edil Ismael Sánchez (IU) con portavoces de grupos ecologistas que rechazan frontalmente la “voluntad especuladora” que le achacan a las declaraciones del alcalde.

Por su parte, los integrantes de la Mesa Ciudadana continúan reivindicando el papel “estratégico” de la llanura inundable de Tablada para el conjunto del área metropolitana, así como sus valores ambientales, entre los que destacan su función de “ventilador” para refrescar la ciudad y actuar como pulmón verde y como “puerta de Doñana en Sevilla”.