La póliza del Ayuntamiento de Sevilla aportada por la veterinaria municipal en la causa abierta contra siete personas por los cuatro fallecimientos a causa de la contaminación por la bacteria Listeria monocytogenes en el verano de 2019 cuenta con un límite de indemnización de 1,20 millones de euros. Una cantidad que se aleja bastante de las estimaciones del grueso de las personas perjudicadas por aquel brote, que también siete abortos (cinco de ellos en Andalucía) y más de 200 afectados. Esa acusación particular, representada por el letrado Germán Grima, apunta que el conjunto de indemnizaciones se prevé entorno a los cinco millones de euros.
Según la póliza aportada al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, en cuanto a la responsabilidad frente a terceros se dice que el asegurador abonará los perjuicios de una reclamación presentada por un tercero contra un asegurado, por un acto u omisión incorrecto. Cabe recordar que, a mediados de julio, la acusación particular había solicitado al juzgado que requiriera a la veterinaria municipal y al Ayuntamiento hispalense que identificaran a las compañías con las que tenían suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil y aportaran las condiciones generales y particulares de dichas pólizas, a lo que ha accedido el juzgado.
Como se ha dicho, y según la póliza, en 1.202 millones está establecido el “límite de indemnización agregado por período de seguro para el conjunto de las pérdidas bajo todas las coberturas y extensiones combinadas”. El Ayuntamiento de Sevilla “tendría que abonar la diferencia, descontando las pólizas de Magrudis de 300.000 euros y de los posibles investigados que, en caso de condena, tuvieran su responsabilidad”, explica el abogado a este periódico.
Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla no quieren hacer valoraciones a este respecto “sobre lo que podría o no pasar en un proceso judicial”.
El peor brote de listeriosis conocido en España se convirtió en la primera gran crisis del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La Junta de Andalucía cerraría la alerta sanitaria y alimentaria por listeria dos meses después del brote mortal por la contaminación, confirmada el 14 de agosto de 2019. Mucho se está librando en los juzgados de Sevilla, donde también se ha dirigido ya Facua-Consumidores en Acción, que ha pedido penas de hasta doce años de prisión para los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca 'La Mechá', diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y dos años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio.
Cabe recordar que en marzo de 2020 tanto el propietario y administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, como su padre, José Antonio Marín Ponce, fueron puestos en libertad provisional sin haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros impuesta al conjunto de investigados del caso, cuatro de los cuales han recibido recientemente el archivo de las actuaciones en su contra.
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