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Un nuevo registro oficial de viviendas de uso turísticos regladas, para que así las ilegales queden fuera. Esta es la nueva propuesta del Ayuntamiento de Sevilla para la regulación de este sector y, sobre todo, expulsar del mercado a la oferta ilegal. Para ello, también se ha puesto sobre la mesa una placa identificativa propia y específica para este tipo de alojamientos, al igual que la tienen los hoteles o apartamentos turísticos, para que de esa forma tanto los vecinos como los propios usuarios sean conocedores que se trata de alojamientos reglados“.
Estas son las principales novedades que se extraen de la reunión que ha mantenido este jueves el gobierno local con la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA PRO), un encuentro tras el cual el alcalde, José Luis Sanz (PP), ha incidido en que este nuevo registro servirá de referencia tanto para los usuarios interesados como para los propios profesionales de los pisos turísticos.
Sanz ha trasladado a los empresarios el compromiso del gobierno local para mejorar la convivencia entre los vecinos y los usuarios de estos alojamientos, poniendo en marcha herramientas que apoyen esta relación y que además “creen una seguridad jurídica para que los empresarios de este sector puedan trabajar con todas las garantías”. La cuestión ha sido debatida en numerosas ocasiones en el pleno municipal, donde no hay consenso político pese a la coincidencia de todos los grupos municipales en que la proliferación de estas viviendas impacta en el alza de los precios de los alquileres y la paulatina expulsión de los vecinos de los barrios turísticos.
El regidor ha defendido su apuesta por implantar “la limitación en determinadas zonas de la ciudad de este tipo de alojamientos”, incluida en una norma impulsada por el gobierno local que no se está aplicando al ser rechazada en el pleno municipal. El PP, que no tiene mayoría absoluta, necesita el apoyo de al menos un grupo de la oposición (PSOE, Vox o Podemos-IU), que coincide en reclamar el endurecimiento de la propuesta.
Mientras se consigue un acuerdo, el Consistorio se ha marcado como uno de sus objetivos la lucha contra los alojamientos ilegales. Sanz se ha felicitado, además, por el hecho de que AVVA PRO “nos ha trasladado su voluntad de colaborar con la propuesta de la limitación de la viviendas de uso turístico, así como con la fórmula y el procedimiento propuesta por este gobierno”. En este sentido, ha subrayado que el sector coincide en que “no existe fórmula legal de moratoria” para nuevas licencias, que ahora mismo es la principal exigencia de la oposición.
El alcalde también ha esgrimido su decálogo de medidas contra la oferta ilegal, con aspectos como el corte del agua por parte de Emasesa. Esta opción es cuestionado por determinadas voces, como a propia AVVA PRO, ya que se considera posiblemente no aplicable en lo jurídico a cuenta de los derechos de acceso al agua como bien básico.