El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma inicial la propuesta de limitación del número máximo de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, después que el pasado consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo diera luz verde a la misma. El parámetro que se ha concretado para determinar ese número es que los pisos registrados con esos fines no superen el 10% del total de viviendas familiares disponibles, siendo ese umbral el que marcará la presión turística máxima admisible.
La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, la abstención de Podemos-IU y el rechazo de Vox. La norma diferencia tres grandes zonas. En la primera de ellas, se apuesta por un “decrecimiento” de estos pisos puesto que la tasa de inscripción de estos inmuebles es superior al 10% del total de viviendas familiares. Aquí se engloban once barrios del Casco Antiguo (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y, San Vicente) y también Triana.
En el sector 2 sí podría haber un crecimiento de las VUT “controlado o acotado”, dado que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 10% del total de viviendas familiares disponibles. En este apartado estarían los barrios de San Julián, El Museo y San Bernardo.
Y, por último, la zona 3, donde “se admitiría un crecimiento de dichas VUT”, dado que la mencionada tasa es inferior al 5% del total de viviendas familiares disponibles. Se encontrarían en este apartado los restantes 94 barrios de la ciudad pertenecientes al resto de distritos municipales con menor presencia turística.
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), que días atrás había destacado el hecho que Sevilla será la primera ciudad andaluza que limitará este tipo de viviendas tras el decreto de la Junta, ha destacado en su intervención que “se lleva trabajando desde el minuto uno” en ese informe y que se han recabado 663 aportaciones de una consulta popular.
“Las conclusiones de ese estudio creo que son muy acertadas y muy compensadas, y por eso, marcan ese 10%, porque es cuando parece que confronta el nivel de saturación del turismo con la convivencia vecinal”, ha añadido De la Rosa. “Se trata de un porcentaje que hace referencia a la pérdida de población, a las VPO, a los precios, a viviendas deshabitadas y al alquiler, entre otros factores”.
Por último, el delegado municipal de Urbanismo ha recordado que es una aprobación provisional, de modo que “no tengo ningún problema en estudiar cualquier tipo de propuesta que pueda mejorar este camino, en el que nos jugamos mucho el Ayuntamiento porque, no cabe duda, de que el turismo es un motor económico fundamental”.
De la Rosa aseguraba entonces que en aquellos barrios donde se haya llegado al límite de VUT máximo considerado, o este haya sido sobrepasado, “no se otorgará ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico”.
El documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente será de aplicación “inmediata”. Desde el Consistorio se enviarán los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro.
Asimismo, se abrirán expedientes disciplinarios a aquellas viviendas dedicadas a tales fines cuyo registro sea cancelado por la Junta y se pedirá al Colegio de Administradores de Fincas que faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios. Asimismo, se dará cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos.
En los grupos de la oposición, tanto PSOE como la coalición de izquierda han criticado la “falta de ambición” que presenta la propuesta y han reclamado que el porcentaje que limita ese número máximo de viviendas de uso turístico sea inferior al 10%. El concejal socialista Francisco Páez ha esgrimido el voto favorable de su formación: “otro irresponsable 'sí' le acabamos de dar”, ha afirmado en alusión a la críticas recibidas en otro punto del orden del día sobre el papel que está desarrollando el grupo municipal del PSOE.
“Entienda este 'sí' no como una barra libre para que hagan lo que quieran, sino que entendemos que, a partir de ahora, tenemos que entendernos para que salga una modificación lo suficientemente ambiciosa para que dé respuesta certera a ese problema de proliferación de las viviendas turísticas”, ha subrayado Páez
En opinión del concejal socialista, “no dudamos de los profesionales que han hecho el estudio, pero sí de cuestiones tan importantes como es la proporción. Entendíamos que tendría que ser otro porcentaje. ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 7? Con el 10%, este gobierno demuestra la poca ambición para limitar realmente la proliferación de este tipo de alojamientos”, ha concluido.
En esa línea se ha mostrado la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, que ha defendido la abstención al considerar que “mejor que nada es algo. Nuestra propuesta es que hay que pensarlo mejor, hablar con la gente, escuchar lo que tienen que decir sobre la situación que están viviendo en los barrios, sobre todo los que están sometidos a una mayor presión turística”.
“Esperamos que esta vez sí, en el plazo de alegaciones, escuchen a la ciudadanía, a la sociedad civil y les animo a tomar en consideración nuestras propuestas, es decir, una moratoria, de manera que se cancelen las licencias de viviendas con uso turístico hasta que tengamos un planteamiento más adaptado. La propuesta actual se queda corta”, ha subrayado Hornillo.
Desde Vox consideran que las circunstancias de cada zona requieren “porcentajes específicos”. “El problema se ve claro cuando se miran los números. En el centro, ya se traspasa por miles el número de las licencias posibles. Y como no se puede aplicar con carácter retroactivo como es lógico, no se va a solucionar el problema”, ha señalado la portavoz, Cristina Peláez.
“Aquí se limita la concesión de viviendas de uso turístico, no de apartamentos turísticos ni alojamientos hoteleros de cualquier carácter. Y esto, seguramente, podrá evitar que se generen nuevos problemas de convivencia en las comunidades de vecinos. Pero el resto de problemas que derivan de la falta de una regulación adecuada no se van a solucionar”, ha afirmado.
En palabras de Peláez, “esto parece más una propuesta para conseguir un cierto titular: Entendemos que la presión de los vecinos requiere que se tomen medidas, pero no es una propuesta efectiva en absoluto, ni a nosotros nos lo parece”.
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