La mudanza del cadáver de Franco acordada este pasado viernes por el Consejo de Ministros ha tenido cierto paralelismo en Sevilla. Y es que el dictador, o más bien la simbología franquista, dejará de estar, literalmente, en las casas de muchos habitantes de la capital hispalense. El Ayuntamiento, con autorización previa de la comunidad de vecinos, ha empezado a retirar este mismo viernes las placas falangistas que presiden las VPO construidas por el Ministerio de la Vivienda franquista, con el yugo y las flechas bien visibles en la entrada de cada portal.
Los primeros bloques a los que se les ha extirpado su pasado franquista han sido cinco del barrio de La Oliva, en el distrito sur, según informan a eldiario.es Andalucía fuentes municipales. “Se están recabando autorizaciones de las comunidades para hacerlo”, apuntan las fuentes, que advierten de “decenas” de ellas en distintos barrios de Sevilla.
El Ayuntamiento está ofreciendo esa posibilidad a aquellos que quieran que se les retire las placas franquistas. El objetivo es seguir en esta línea, añaden las fuentes sobre el necesario permiso (sin bloques privados) para retirar las placas en las residencias de protección oficial construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), un organismo español creado en 1939 y suprimido en 1977 durante cuya existencia se construyeron miles de viviendas protegidas. Como se puede apreciar en la imagen, una pequeña casa y las siglas INV apareen en el centro del escudo de la Falange Española de las JONS.
Las instituciones deben suprimir todo tipo de simbología del franquismo, según la Ley de la Memoria Histórica. Y requerir además “a los propietarios privados” que hagan lo mismo o, caso contrario, retirar las “subvenciones o ayudas públicas” que reciban. Pero la inconcreción disciplinaria del marco legal unida a la desmemoria social hace que, 43 años después de la muerte de Francisco Franco, la mayoría de casos dependa del arbitrio del organismo de turno e incluso de la comunidad de vecinos, que debe dar el visto bueno.
Pese a ello, hubo retiradas precoces, como en Puerto Real (Cádiz). Seis barrios y siete calles del pueblo de la bahía gaditana suprimían las placas de los portales de sus viviendas tras una moción aprobada en 2004, tres años antes de la entrada en vigor de la ley de reparación a las víctimas del franquismo.