Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) que se encuentran en huelga desde hace veinte días van a presentar este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo Andauz por la situación que les hace “padecer” el consistorio “por el hecho de haberse afiliado a CGT y reclamar sus derechos básicos como trabajadoras”, denunciando que el Ayuntamiento las ha situado “ante el resto de vecinos como enemigas de Marinaleda”.
Cumplen su cuarto miércoles de huelga y recuerdan en el escrito que trabajan desde hace muchos años para el Ayuntamiento y que “hasta este 2020” no han podido disfrutar vacaciones “por unas prácticas ilícitas que se han venido fomentando desde el consistorio”. “No disfrutar vacaciones hasta este año es solo un ejemplo de la situación laboral que padecen y que tras organizarse en CGT para reclamar sus derechos básicos vienen siendo víctimas de múltiples actos contra ellas, tanto en el plano laboral como en el social, al habernos situado el Ayuntamiento ante el resto de vecinos como enemigas de Marinaleda, como ejemplo, el pasado 23 de septiembre mientras ejercíamos el derecho de huelga a las puertas del Ayuntamiento, fuimos rodeadas por un grupo de vecinos/as, mas de treinta, que nos increpaban, insultaban, faltaban el respeto y se nos tachaba de fascistas, un escarnio público totalmente orquestado”, relatan.
Explican al Defensor que “estas humildes trabajadoras, cansadas de no tener los mínimos derechos, recurrimos a CGT para asesorarnos y poner en marcha un proceso de regularización de todo cuanto nos corresponda como personal laboral del Ayuntamiento”. Además de comentar los acontecimientos que les ha llevado hasta la situación actual, de los que ya informó este periódico, denuncian que “el Ayuntamiento está restando tiempos de atención a las personas dependientes sobre los que tienen concedidos por la Junta de Andalucía, cuestión está muy grave dado que no solo se afecta negativamente a los/as usuarios/as en su derecho al tiempo concedido como ayuda social, sino que supone que se reciban unas subvenciones en el Ayuntamiento por un servicio que no se presta en su integridad”.
Se trata, según las trabajadoras, de “una actitud impropia de una Administración pública, que además atentar directamente contra el derecho Fundamental f la huelga y la no discriminación de las trabajadoras, incumple las normas laborales básicas de sus empleadas, pone en riesgo a las personas dependientes ante el virus y no les presta el servicio por el tiempo que tienen concedido sobre el que perciben subvenciones”. Por todo ello piden la “inmediata intervención” del Defensor “por el interés público de toda la ciudadanía en cuanto al buen uso del dinero de los contribuyentes y la prestación de un servicio de calidad, por que se respeten los derechos fundamentales y los derechos laborales básicos de estas trabajadoras”.