La violencia sexual contra mujeres, una flagrante violación de los derechos humanos, ha sido utilizada históricamente como arma de guerra en conflictos armados. Este tipo de agresión bélica a menudo pasa desapercibida bajo el ruido de las bombas, las muertes, los asesinatos... y los daños que causa casi nunca son reparados, ocasionando una herida irreversible.
Clara Sandoval, letrada y directora de programas de Global Survivors Fund, señala que “pocos países elaboran políticas y leyes de reparación que realmente tengan en cuenta a la víctima de una agresión sexual no solo como receptora, sino también como participante en el proceso de toma de decisiones y elaboración de las mismas”.
Yirley Velasco, natural de Colombia y superviviente de la masacre de campesinos en El Salado, fue víctima de una agresión sexual a muy temprana edad. Para ella, el principal problema es que se confunden los conceptos de indemnización y de reparación, centrando el foco de las actuaciones contra la violencia sexual en perseguir y castigar a los culpables: “A las víctimas de violencia sexual no nos vale con que se nos compense económicamente. Para poder salir adelante, necesitamos un proceso de sanación, protección y acompañamiento psicosocial integral; necesitamos ser partícipes de nuestro propio proceso”.
Para Sandoval, una de las principales dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencia sexual es la desacreditación social, que las lleva a experimentar un proceso de “silencio, negación, culpabilidad e incluso normalización”. Los estigmas sociales existentes trascienden el aislamiento de familiares y amigos, llegando a ser cuestionadas incluso por las propias administraciones públicas. “Los Estados no solo son responsables, también se convierten en cómplices de la situación de estas víctimas”, afirma la letrada.
Velasco, como otras muchas mujeres afectadas por el conflicto armado de El Salado, tuvo que enfrentarse y lidiar con las secuelas de la violencia sexual en solitario, pero entre los años 2000 y 2004 se dio cuenta de que había muchas más mujeres en su situación que tampoco habían podido compartirlo. Esto le llevó a fundar Mujeres sembrando la vida, una asociación que trabaja con víctimas de violencia sexual prestándoles ayuda y seguimiento.
Un proyecto que cuenta con 12 socias acompaña en la actualidad a más de 680 mujeres. Para Velasco, el ayudar a que otras mujeres que han pasado por su situación puedan salir adelante se ha convertido en un proyecto vital sin el cual, afirma, “ella tampoco estaría aquí”.
La activista colombiana cuenta que llegó a ser víctima de un montaje judicial en su contra por su labor como activista defensora de los derechos humanos. “El Gobierno de Colombia, que fue el mismo que me brindó protección, llegó a acusarme de que yo me autoamenazaba a través de mi hermana, que llegó a ser encarcelada y pasar un año en la cárcel”, afirma Velasco.
Para Velasco esta fue una forma de “matarla en vida”, no obstante no tiró la toalla y decidió promover la idea de montar una biblioteca en la cárcel. De esta forma, lo que comenzó como una estrategia para ver a su hermana se convirtió en todo un proyecto de ayuda a mujeres encarceladas en Cartagena con mucha más trascendencia.
Rosalina Tuyuc activista maya de derechos humanos, ganadora del Premio Niwano de la Paz 2012 y esposa e hija de desaparecidos, también fue testigo de la violencia sexual en este caso como fruto del racismo colonial contra los indígenas en Guatemala.
Tuyuc afirma que en el contexto de guerra que atravesó su país, las mujeres indígenas fueron particularmente vulnerables, enfrentando no solo la brutalidad del conflicto armado, sino también la discriminación y marginación inherentes a su condición étnica. Según declaraciones de la activista, “la violación sexual se utilizó como un botín de guerra para dejar sellada la procreación principalmente de los pueblos indígenas, perpetuando el trauma a través de generaciones”.
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