El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de varios colectivos de familiares de usuarios de residencias de ancianos para abordar los procedimientos judiciales abiertos por las muertes durante la pandemia en estos centros. Los colectivos sociales han salido de la reunión “decepcionados”. “Dejar morir a ancianos sale gratis, no puede salir gratis en un estado europeo del primer mundo”, ha lamentado María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, ubicada en Catalunya.
García Ortiz ha informado a los asistentes que, según los datos recabados por el Ministerio Público el pasado 30 de septiembre, 106 procedimientos judiciales continúan vivos. De ellos, 20 se incoaron por denuncia de la Fiscalía. Un balance que las organizaciones no han acogido de forma positiva, ya que han instado a esta institución a que “se produzca una investigación efectiva” sobre lo sucedido en los centros de mayores durante la irrupción de la Covid-19.
“No salimos con un compromiso firme de que todas aquellas denuncias que se archivaron se van a reabrir y se van a investigar en profundidad”, ha reseñado Carcelén. De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio Público, entre 2020 y el primer semestre de 2021 las fiscalías provinciales abrieron “más de 400” diligencias previas.
A esos varios de centenares de procedimientos iniciales hay que añadir las denuncias presentadas por los familiares de fallecidos y por las organizaciones que han participado en este encuentro: Marea de Residencias, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias y la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE).
Esos colectivos han lamentado que gran parte de las demandas que han presentado “van quedando archivadas”, tal y como ha señalado la representante de Marea de Residencias María Jesús Valero. Esta mujer, que perdió a uno de sus progenitores en un centro de mayores, ha asegurado que ha acudido a esta reunión para “sacar un compromiso serio, formal y de palabra” al fiscal. “No lo he encontrado”, ha lamentado.
En octubre, la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado remitió un oficio a los fiscales superiores para que obtuviesen “información de mayor calidad” sobre las investigaciones abiertas en torno a las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de COVID-19.
Los participantes en este encuentro han cuestionado la efectividad de esta actuación. “Los fiscales siguen sin aparecer en el juzgado y sin dejarnos declarar”, ha reseñado Valero. Y ha sentenciado: “No nos permiten defendernos, declarar y presentar más documentación”.