111 personas murieron al día en 2023 esperando una ayuda a la dependencia

El plan de choque que revirtió los hondos recortes de 2012 en materia de dependencia –en el que se han invertido casi 3.800 millones de euros— ha cosechado algunas mejoras en el número de personas atendidas, en las cuantías y en los tiempos de espera, tres años después de implementarse.

Sin embargo, todavía decenas de miles de personas fallecen a la espera de su prestación. 40.447 personas murieron esperando a ser valoradas o atendidas el año pasado. Son 111 cada día, una cada 13 minutos, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, presentado este lunes, que evalúa los resultados del plan de choque. El impacto, concluyen, es “mucho menor del esperado” por la burocracia y la gestión de algunas comunidades, que han reducido sus aportaciones al aumentar la estatal.

El año 2023 cerró con 296.431 personas esperando estos trámites, son 35.631 menos que en 2022. La reducción es una buena noticia pero, advierte el estudio, a este ritmo se tardaría ocho años en lograr la plena atención. De este total, 179.244 ya fueron valoradas y tienen, por tanto, el derecho reconocido, pero están aguardando la atención. Casi la mitad de las personas desatendidas son dependientes con grados II y III, es decir, tienen muchas necesidades de atención.

324 días de espera

Los plazos de tramitación se han reducido en 20 días respecto a 2022, pero siguen siendo “escandalosos”, según los gerentes. La media se sitúa en 324 días, 203 de valoración y 106 para hacer efectivo el derecho. “A la losa de la insuficiencia en la financiación”, dice el informe, “hay que añadir los gravísimos problemas de gestión”. Cuatro comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia) y solo cinco están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la ley como plazo para la tramitación (Euskadi, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Ceuta).

Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia tienen tiempos de espera superiores a un año en la tramitación de las ayudas cuando la ley establece un plazo máximo de seis meses

Las listas de espera fluctúan de manera desigual entre las comunidades. Hay, de hecho, territorios que tienen listas más abultadas que el año pasado. Es el caso de Murcia (7,8%), Baleares (+25%) y C. Valenciana (+33,1%). Castilla y León (+63,7%) y Cantabria (+ 2,4%), “pero con unas cuotas de desatendidos por debajo del 10%”, matizan los gerentes.

El plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales en 2021, cuando Pablo Iglesias estaba al frente de esta cartera, ha permitido atender a 287.636 personas en tres años: de 1.124.230 en 2021 a 1.411.866 en 2023, de acuerdo con los datos recogidos en el informe, que concluye que “pese al esfuerzo importante, los objetivos de mejora de prestaciones no han llegado bien a las personas”.

Las fisuras del plan de choque

De los 16 objetivos se han cumplido ocho y uno está en proceso, el relacionado con la reducción de listas de espera; pero hay otros siete todavía pendientes, que tienen que ver con la mejora en las prestaciones y servicios. La asociación se lamenta de que no exista una mejora sustancial porque se han impuesto los servicios low cost.

Por ejemplo, el plan de choque fijaba que todas las personas dependientes que vivieran en su domicilio tenían derecho a la teleasistencia. A finales de 2023, solo un 35,8% de esas personas estaban cubiertas.

Tampoco ha mejorado el número de horas de la ayuda a domicilio (lo que el informe llama “intensidad del servicio”): de media una persona con derecho a esta prestación recibió ayuda durante 33,8 horas a la semana, solo 0,3 más que en 2022. La prestación que se percibe de media por cuidados familiares es de 240,17 euros en 2023, apenas 1,17 euros más que un año antes.

Las comunidades que recortaron

El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho pública su intención seguir aumentando su aportación a la financiación de la atención a la dependencia hasta los 4.000 millones de euros a lo largo de la legislatura. El objetivo, avanzó la secretaria de Estado, Rosa Martínez, es alcanzar una cofinanciación con las comunidades autónomas del 50%.

El Ejecutivo de coalición aprobó en 2020 un plan para aligerar las listas de espera que suponía la inyección anual a las comunidades autónomas de 600 millones de euros para 2021, 2022 y 2023. Con los planes de Derechos Sociales, todavía sujetos a la negociación presupuestaria, la aportación anual pasaría de los 600 a 1.000 millones anuales (si se reparte en partes iguales para cada ejercicio).

Derechos Sociales ha advertido también que vigilará que un crecimiento de la aportación estatal no provoque recortes en la parte autonómica, como está pasando ya en nueve comunidades, según reporta el informe: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), C. Valenciana (-40,6), C. Madrid (-15,0), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4), Murcia (-1,0M).

El mapa de la dependencia sigue siendo desigual. La nota media del país, tras el análisis de 18 indicadores que realiza anualmente la asociación, no llega al 5 (4,94) y baja respecto a 2022 (5,06). Entre las mejores comunidades se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha, con un 8,3; a la cola están Murcia y Catalunya, con un 1,7.