Leyes que garanticen la autodeterminación de género de las personas trans. Es una de las demandas concretas que 16 países de la Unión Europea reclaman en una declaración conjunta firmada por sus ministros y ministras responsables de las políticas LGTBI y que ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El texto ha sido propuesto en el marco de la Conferencia 'Avanzando los derechos LGTBIQ en Europa', que se celebra este miércoles en Madrid con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
La declaración ha sido firmada hoy en la capital por los representantes de siete países que han acudido a la jornada y se han reunido con la ministra Irene Montero: además de España son Bélgica, Chipre, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia. A ellos hay que sumar a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Malta.
El texto pide a los estados miembros distintas medidas ante “los altos niveles de discriminación” que las personas LGTBI “siguen sufriendo en Europa”. Entre ellas: “garantizar el reconocimiento legal del género de acuerdo con criterios no patologizantes y mediante un procedimiento basado en el principio de autodeterminación” como hace la Ley Trans española y otras siete legislaciones en la UE, según cita la declaración. Los países firmantes muestran así su acuerdo con este tipo de normas estatales, aunque no en todos ellos las han impulsado o aprobado.
Además, reclaman la persecución y prohibición de las terapias de conversión, que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas y “pueden causar daños psicológicos y físicos” o incluso “constituir tortura”. También el impulso de “una educación integral sobre sexualidad” basada en la perspectiva de género y diversidad sexual, la erradicación de las cirugías en bebés intersexuales, acabar con la discriminación en los servicios sanitarios o aprobar estrategias nacionales LGTBI así como desarrollar de manera conjunta una estrategia de litigación para apoyar a las instituciones de la UE en casos judiciales en los que los derechos LGTBI “estén en juego”.
Más odio y más discriminación
El texto hace un repaso por el corpus legislativo y las numerosas declaraciones y pronunciamientos que las distintas instituciones de la Unión Europea han impulsado para proteger a las personas LGTBI. Pese a ello y a los avances legislativos en varios países –15 reconocen el matrimonio igualitario y ocho permiten el cambio de sexo legal de las personas trans en base a la autodeterminación– los firmantes alertan del “riesgo de retroceso” de “los derechos de las personas LGTBIQ” en los últimos años, algo que “ha hecho crecer el odio, la violencia y la discriminación, muy particularmente hacia las personas trans”.
Los estados firmantes reconocen que existe una “retórica anti-LGTBIQ” que se ha visto “alimentada por la desinformación y las falsas narrativas” y que puede conducir “a prácticas violentas, acoso y estigmatización”. En casi la mitad de los países de la Unión Europea “continúan existiendo brechas importantes” en la protección de las personas LGTBI, las terapias de conversión “siguen llevándose a cabo en muchos lugares de Europa” y algunas organizaciones de la sociedad civil “hacen campaña” para tumbar la legislación vigente en materia LGTBI, exponen.
Ante este contexto, la declaración hace un llamamiento también a la Comisión Europea, a la que reclama “medidas para garantizar” que los estados miembro reconocen la filiación de niños y niñas en familias LGTBI. El texto descarta nombrar países concretos, pero recientemente la Fiscalía de Padua, en Italia, ha comenzado ha cancelar el registro de menores en familias de dos mujeres. Además, solicita al organismo que “supervise” que todos los países “respetan los derechos fundamentales” y “tome acciones legales ante situaciones de posible incumplimiento”. Los dos casos más extremos son los de Hungría y Polonia, que han aplicado en los últimos años políticas abiertamente LGTBIfóbicas
También la declaración llama a que la Comisión “mantenga su compromiso de promover la igualdad LGTBIQ” y apruebe una segunda estrategia en 2015, apoye a los estados miembros para llevar a cabo una recogida de datos fiable sobre la realidad de las personas LGTBI, “promueva la igualdad y la no discriminación” o refuerce el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos del colectivo.