Algo más de 500 mujeres y unos 80 colectivos feministas han firmado un manifiesto que se ha publicado este miércoles en el que se posicionan a favor de los derechos de las personas trans y de la aprobación de una ley que garantice la autodeterminación de género y “subsane el desamparo normativo” en el que se encuentra el colectivo. Las firmantes consideran que el feminismo “no puede usarse para cuestionar los derechos de las personas trans” y defienden que otorgarlos “no es un gesto en contra de las mujeres”, sino que “profundiza y amplía la democracia, mejora nuestra sociedad y fortalece nuestra lucha contra unas normas de género que nos limitan”.
El manifiesto se hace público en medio de un debate que se ha intensificado en los últimos meses y que divide al movimiento feminista en relación a la aprobación por parte del Ministerio de Igualdad de la llamada 'Ley Trans', con la que se ha comprometido Irene Montero y cuyo borrador está ultimándose. La norma prevé incluir medidas contra la transfobia en varios ámbitos e impulsar la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género, que implica eliminar los requisitos médicos que el Estado exige a estas personas para modificar su sexo en el Registro Civil. Contra ello se posiciona un sector del feminismo, que argumenta, entre otras cosas, que autorizarlo supone la “pérdida de la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo”.
Por el contrario, las mujeres –y también algún hombre–, y colectivos que suscriben el texto, que han llamado 'Feministas por los derechos de las personas trans', creen que “ni la existencia ni los derechos de las compañeras trans nos ponen en peligro” y destacan “el estigma y la discriminación” a la que “se enfrentan cotidianamente en muchos ámbitos de sus vidas”. Su presencia, prosiguen, “no hace menos seguros nuestros espacios, sino que nos hace más fuertes y más libres. No necesitamos que nadie venga a vigilar qué es ser mujer. Queremos, por el contrario, ampliar su significado y las posibilidades de vivir de maneras diversas sin encajar en los moldes preestablecidos por el patriarcado”.
Entre las 500 firmantes se encuentran activistas feministas, abogadas, investigadoras, escritoras y mujeres de todos los ámbitos que reivindican el papel de las “compañeras trans” en el movimiento feminista, que “lleva enriqueciéndose con sus aportaciones desde hace décadas y no podría entenderse sin su participación”. Entre los colectivos que lo suscriben se encuentran organizaciones como Ca la Dona, FeministAlde, la Asamblea Feminista de Madrid, Católicas por el Derecho a Decidir, Jornaleras de Huelva en Lucha o la Plataforma 8M Tenerife. También lo apoyan algunas asociaciones LGTBI como Docentes LGTBI+ o Kifkif.
Contra “el tono insultante” del debate
La ley que está trabajando Igualdad, por la que han peleado históricamente las personas trans, prevé modificar la actualmente vigente, de 2007. Esta les obliga a contar con un informe psicológico que les diagnostique “disforia de género” y a haber estado al menos dos años en hormonación para cambiar su mención registral. Un proceso que muchas califican de “patologizante” y un paradigma, el de considerar la transexualidad como una enfermedad, que varios organismos internacionales han pedido superar. Nueve comunidades en España, de hecho, han aprobado en los últimos años normas que eliminan estos requisitos para los ámbitos de su competencia. En este sentido, el manifiesto se posiciona contra estas exigencias y el hecho de que “un dispositivo médico que históricamente ha servido para etiquetar como enfermas a las mujeres rebeldes que se salían de la norma, decida sobre la identidad de las personas trans”. El feminismo, añaden, “nunca se ha aliado con dispositivos médicos y sociales que vulneran nuestras libertades y tampoco lo hará ahora”.
El texto denuncia, además, “el tono insultante y del menosprecio que se utiliza, sobre todo en redes sociales” contra las personas trans. “Creemos que el debate fortalece el movimiento feminista. Pero es difícil reflexionar sobre cuestiones complejas cuando nos vemos obligadas a defender lo más básico: la existencia y la dignidad de las personas”. Consideran que el debate, en ocasiones muy violento, “no es únicamente teórico ni inofensivo, sino que contribuye a aumentar los niveles de violencia que viven las personas trans, en particular las mujeres trans, y legitima indirectamente esa violencia”.
La norma actual que prevé modificar el Gobierno excluye, además, a los menores de edad, algo que ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, y a las personas extranjeras sin nacionalidad española. En este sentido, las firmantes añaden: “Deseamos una sociedad en la que las personas no sientan la presión de cumplir con la rigidez de género, que admita las variables diversas y transformadoras de lo femenino y de lo masculino. Sin embargo, necesitamos también dotarnos de mecanismos adecuados para acompañar la autonomía de las infancias y su derecho a desarrollarla plenamente. El feminismo no puede dar la espalda a estas realidades ni contribuir a empeorar la calidad de vida de las infancias”.
“Nosotras, mujeres feministas”, concluyen, “apoyamos la redacción y aprobación de una ley que garantice a las personas trans su derecho a la autodeterminación de género, que subsane el desamparo normativo en el que se encuentran y que elimine la desigualdad a la que se enfrentan en la actualidad”. Las normas “no terminarán de la noche a la mañana con la discriminación”, pero son “un primer paso imprescindible para que esta desaparezca”. Así, se declaran defensoras de “un feminismo diverso, inclusivo, interseccional y desbordante” que “recorra este camino de la mano de nuestras compañeras trans”.