Desde los 10 hasta los 14 años. Es el tiempo de su entonces corta vida durante el que Carmen Corrales sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo materno, según asegura. Lo cuenta hoy, con 26, después de atravesar un largo proceso que aún no se ha cerrado. Desde el principio se dio cuenta de que “algo no iba bien”, pero quien supuestamente debía protegerla y quererla “se aprovechó de mi confianza”, afirma. Con 12 supo que “eso no era normal”, pero era incapaz de reaccionar: “Cuando estás ahí no sabes qué escapatoria tomar”. Después rompió el silencio, se lo contó a sus padres y denunció a su abuelo con 17 años, un proceso que acabó archivado.
Es el relato que ella misma hace a cámara en un vídeo grabado por la organización de protección a la infancia Save the Children, que este jueves ha lanzado un nuevo informe sobre agresiones sexuales a menores en España. Una realidad que, según datos del Ministerio del Interior, motivó en 2021 más de 22 denuncias al día. Y eso es solo “la punta del iceberg”, ya que se estima que solo se ponen en conocimiento de las autoridades el 15% de los abusos, especifica la ONG.
El informe Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España ha analizado casi 400 sentencias dictadas en 2021 y 2022 en Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi y Madrid y compara los resultados con el estudio de fallos que ya realizó en el bienio inmediatamente anterior (2019 y 2020).
Entre las conclusiones, sigue destacando la confirmación de que la inmensa mayoría de los agresores sexuales de menores de edad son personas de su entorno más cercano, precisamente aquellas que deberían cuidarles. Es así en ocho de cada diez casos analizados (82,9%), en los que quienes perpetran el ataque son miembros de la familia (40,6%) u hombres conocidos como profesores, entrenadores, vecinos o amigos, una categoría que se ha incrementado al pasar de constituir el 34,5% de los agresores en el análisis de 2019 y 2020 al 42,3%.
Además, en siete de cada diez casos el agresor no tenía antecedentes penales y casi ninguno de los que sí (el 4%) habían sido condenados por violencia sexual. En la inmensa mayoría de los casos analizados, ocho de cada diez, las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que suele comenzar la violencia es a los once años, según detalla el informe.
La ley del silencio
Con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual los abusos sexuales desaparecieron del Código Penal para formar parte de un único tipo delictivo –las agresiones sexuales– pero las sentencias analizadas abarcan un periodo en el que aún no había entrado en vigor. El estudio utiliza “abuso” para referirse a esta realidad porque para Save the Children sigue siendo útil para describir el tipo de violencia que suelen sufrir los niños y niñas con sus “características propias” como tratarse de “un proceso paulatino” en el que el agresor “construye o refuerza un vínculo con el niño para poder mantener en secreto la situación”.
El modus operandi revela que los abusadores apenas utilizan la violencia física para someter a sus víctimas. No la necesitan. Se produce una instrumentalización del cariño y la confianza con la que el agresor disfraza la relación de violencia mediante coacciones, pactos de silencio, manipulación o culpabilización de la víctima. “Hay que tener en cuenta que es una persona de referencia, que debe protegerles, o incluso de autoridad. De forma paulatina va generando un vínculo y lo que llamamos la ley del silencio que limita a la víctima tanto para reconocer lo que está pasando como para pedir ayuda”, explica Cristina Sanjuán, experta en prevención de violencia sexual de la ONG.
“Me di cuenta de que algo no iba bien justo cuando empezaron los abusos, pero él me decía que eso estaba bien, que no era un problema, que era nuestro secreto...Yo me decía a mí misma que era mi abuelo y confiaba en él. Se aprovechó de mi confianza y a los dos años me di cuenta de que eso no era normal”, relata Carmen.
Tres años después, a los 17, interpuso una denuncia. “Porque ya estaba hundida en el fondo fondo. El mismo hundimiento, pena, rabia, tristeza y ya no saber qué hacer fue lo que me dio a mi fuerza para decir se acabó”, explica Carmen, que recuerda que su familia –“que son mis padres y mis hermanas”, matiza– “me creyó desde el primer momento”. “Entre el resto ha habido de todo”, añade.
El tiempo de espera se alarga
El informe evalúa también qué suele ocurrir después de que la víctima o su familia interponen una denuncia. Y en este punto, la organización ha identificado un incremento de los tiempos de espera hasta que los procedimientos acaban resolviéndose. Lo cierto es que el número de sentencias analizadas en las que no constan los años se han incrementado considerablemente (del 5,1% al 14,4% de un análisis a otro), pero solo entre los fallos en los que sí existe esa información el número de casos resuelto en un “tiempo deseable” de dos años ha bajado del 67,3% en 2019 y 2020 a únicamente el 23,5% zanjado en ese intervalo de tiempo.
Save the Children no aborda los motivos que han podido llevar al incremento, pero sí pone el foco en “los efectos que tiene para las víctimas” enfrentarse a un proceso que se dilata: en el 72,4% de las sentencias, sin contar aquellas en las que no consta el dato, no se resolvió antes de los cuatro años. “Un periodo muy largo no respeta los principios fundamentales del interés superior del menor porque en la vida de un niño supone muchísimo tiempo. Eso unido a que muchas veces tienen que repetir una y otra vez su testimonio puede provocar victimización secundaria”, valora Sanjuán.
De acuerdo con su propio relato, Carmen llegó a declarar hasta cinco veces, lo que “supuso que mis heridas se volvieran a abrir y no poder ir cerrando páginas”, describe. “Es como si no pudieras seguir adelante”, prosigue la denunciante, que lamenta que durante el proceso no se sintió acompañada por el sistema judicial. Asegura que lleva todo este tiempo esperando al juicio, aún no hay sentencia. “Después de ocho años y medio, quien realmente está sufriendo la condena soy yo”, sostiene.
La organización aprovecha el estudio para reclamar juzgados especializados en violencia contra la infancia, algo a lo que apuntaba la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que mandataba al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un proyecto de ley con este objetivo que a día de hoy no se ha impulsado. Además, demanda una fiscalía especializada y equipos técnicos que también reciban formación al respecto así como la implantación del modelo de las llamadas 'casas de los niños' o modelo Barnahus, generalizado en otros países.
Estos espacios amigables para la infancia pasan a ser el lugar de referencia una vez se interpone denuncia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar. Esta medida está incluida en la llamada ley del solo sí es sí y aún pendiente de aplicar en toda España.