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Organizaciones de derechos humanos consideran fallido el proceso de Jartum
Las políticas para controlar la ruta migratoria entre los países del Cuerno de África y la Unión Europea (UE), conocidas como proceso de Jartum, no funcionan y “necesitan reformas urgentes”, según un informe publicado hoy por organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona.
“El proceso de Jartum, acordado en 2014 por 37 Estados de la Unión Europea y de África, no está impidiendo que los migrantes intenten el viaje a Europa ni reduciendo su sufrimiento”, denuncia el documento.
Las organizaciones firmantes son Iniciativa Internacional de Derechos de los Refugiados (IRRI, siglas en inglés), Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA) y la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres (SOAS, siglas también en inglés).
“Por el contrario, pruebas basadas en la observación casual sugieren que los migrantes están siendo forzados a tomar mayores riesgos y a soportar peores condiciones como resultado. Los únicos ganadores son los contrabandistas y traficantes”, señala el dossier.
Estas observaciones son la conclusión de un estudio realizado mediante entrevistas a refugiados de Eritrea, “uno de los países más pobres del mundo y con uno de los peores registros en materia de derechos humanos”.
De acuerdo al informe, unas 5.000 personas abandonan el país cada mes y afrontan obstáculos como reclutamientos para huidas forzadas, hambre, persecución religiosa, represión política y precarias condiciones de trabajo; asimismo, se arriesgan a sufrir “violaciones, torturas y secuestros”.
Para los autores del informe, el modelo de colaboración del proceso de Jartum, que se fundamenta en la provisión por parte de la UE de financiación y servicios de apoyo a cambio de que los países africanos gestionen las corrientes migratorias, es “asimétrico” y demasiado orientado a los intereses europeos.
“Es parte de una corriente de 'deslocalización' de los migrantes por la que unos Estados pagan a otros para que alojen a los refugiados o solicitantes de asilo”, denuncia el documento.
Por ello, llaman a la UE y a los países africanos a cambiar sus políticas para hacer hincapié en los factores que causan la migración y compartir la responsabilidad respecto a la seguridad de los migrantes.
“Se necesita un nuevo enfoque que reconozca la realidad de la vida en Eritrea y el contexto más amplio de migración en la región”, condicionado por factores como la “inseguridad” y la “desigualdad”, en lugar de “agravarlos”, insta Lucy Hovil, investigadora de IRRI, en el comunicado.
“En lugar de criminalizar a la población vulnerable y promover políticas que los exponen a riesgos mayores, la UE debe asegurar sus derechos bajo las leyes de protección internacional. En última instancia, la forma más eficiente de derribar a los traficantes es eliminar la necesidad de que existan”, destaca Hovil.
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