El Consejo General de la Abogacía Española ha elevado su “más contundente queja” a las autoridades europeas y macedonias por el empleo de gases lacrimógenos contra las personas refugiadas, entre ellas niños, concentradas en la frontera entre Macedonia y Grecia.
Al igual que ya hizo en una situación similar el pasado año en Hungría, la Abogacía ha denunciado hoy en un comunicado que “en ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas”.
También se ha dirigido a las autoridades francesas para reiterar que el respeto a los derechos humanos debe orientar cualquier actuación destinada a desmantelar el campamento de Calais, donde 3.000 personas han permanecido años en “condiciones inhumanas”.
Asimismo, ha subrayado que el derecho de asilo debe de ser garantizado individualmente, sin discriminación por país de origen, y ha instado a la comunidad internacional a establecer un pasaje seguro para las personas refugiadas y que haga frente a sus compromisos sin más demora.