La asociación Abogados Cristianos ha intensificado su cruzada contra la eutanasia. El grupo ultracatólico ha demandado al Ministerio del Interior por mantener la declaración de utilidad pública a Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Madrid, la asociación más importante en defensa de la eutanasia y el suicidio asistido. Abogados Cristianos, firmemente contrario a lo que llama “la cultura de la muerte”, que nombra también cuando habla del aborto, considera que las actividades de DMD resultan de “dudoso amparo legal y sus fines contrarios a las leyes españolas y valores constitucionales”.
“El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”, asegura el grupo en la demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es y que fue presentada antes de la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez. Admitido a trámite el pasado 31 de mayo por la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el escrito pide al tribunal que anule y deje sin efecto la declaración de utilidad pública a DMD, que aparece como codemandada.
La decisión de interponer la demanda se produjo después de que la Subdirección General de Recursos de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Juan Ignacio Zoido, desestimara en enero de este año el recurso de reposición interpuesto por Abogados Cristianos el 29 de octubre de 2017 contra la decisión de declarar de utilidad pública a DMD Madrid un año antes de haber sido solicitada, tal y como publicó el BOE.
Interior rechazó el recurso justificando que la declaración de utilidad pública “no responde a unos argumentos arbitrarios ni caprichosos de la Administración, sino razonables siguiendo el procedimiento establecido, aunque no sea del agrado de la recurrente y discrepe de ellos”.
El bulo de las sedaciones de Luis Montes
Abogados Cristianos asegura que los fines que promueve DMD, destinados entre otras cosas a apoyar a las personas en sus decisiones al final de su vida, “contravienen el derecho a la vida” y, en palabras de su presidenta Polonia Castellanos, “independientemente de estar a favor o en contra de la eutanasia, es una asociación al margen de la legalidad”. La demanda aglutina lo que a juicio de la asociación son motivos “que impiden de facto la concesión de utilidad pública”: “Actividad restringida exclusivamente a beneficiar a asociados”; “contradicciones en las cuentas anuales” e “irregularidades en los informes de las Administraciones Públicas relacionadas con los fines y actividades de la asociación”.
El grupo ultracatólico apunta a una sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Avilés, que investigó un caso de suicidio a base de jarabe veterinario que acabó en condena para dos miembros de DMD, entre ellos el presidente de la delegación de Madrid, Fernando Marín. Los acusados admitieron los cargos de cooperación al suicidio y contra la salud pública a cambio de no ingresar en prisión y aunque aceptaron “errores” también aseguraron ser “víctimas de la ambigüedad de la ley”.
Junto a ello, Abogados Cristianos recopila varios reportajes periodísticos como el publicado en El País en 2010, que cuenta el caso de Carlos Santos Velicia. Este hombre decidió morir voluntariamente ante el sufrimiento que le provocaba su tumor incurable. En el artículo se dice que la asociación DMD “le acompañó en su última voluntad”. También cita un programa de Salvados dedicado a la eutanasia en el que aparece Fernando Marín.
En su recurso ante Interior habla además del bulo de las sedaciones terminales del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por el que el doctor Luis Montes y su equipo fueron destituidos. Un anónimo denunció 400 casos de supuesta eutanasia irregular llevados a cabo por estos médicos y la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre dio pábulo al asunto hasta el punto de elevarlo a la Fiscalía. Sin embargo, la justicia archivó el caso, algo que Abogados Cristianos no menciona. Luis Montes fue hasta su fallecimiento, el pasado mes de abril, presidente de DMD a nivel federal.
La eutanasia se abre paso
Desde el Ministerio del Interior, dirigido ahora por Fernando Grande-Marlaska, prefieren no hacer ninguna declaración al respecto y en DMD Madrid restan importancia a la demanda y desmienten las acusaciones. Denuncian, además, que Abogados Cristianos “haga un uso de la justicia con estos fines”, explica Fernando Marín. “Para ellos cualquier excusa sirve”, añade nombrando lo que ocurrió con la Federación de Planificación Familiar Estatal.
El pasado año la Audiencia Nacional retiró la utilidad pública a esta organización en favor de los derechos sexuales y reproductivos. La sentencia fue el resultado de un recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio del Interior de revocar esta declaración. También esta vez el colectivo denunciante fue Abogados Cristianos, que al mismo tiempo mantiene una batalla jurídica y mediática contra el aborto. De hecho, ha iniciado una batería de procedimientos contra clínicas ginecológicas y ha demandado a la directora de una de ellas por unas declaraciones contra la asociación.
Tanto las organizaciones que defienden el derecho al aborto como aquellas que lo hacen con los derechos al final de la vida coinciden en afirmar que Abogados Cristianos basa su actividad en “la persecución ideológica”. El colectivo desliza la acusación de “negocio” o “ánimo de lucro” a estas ONG y habla de un supuesto “engaño” al que someten a las mujeres y a las personas al final de su vida.
Esta asociación lleva varios años peleando contra la interrupción voluntaria del embarazo y ahora la eutanasia se erige como el nuevo frente en un contexto en el que una posible regulación parece más cercana que nunca. De hecho, el Congreso aprobó a finales de junio la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que establece un marco para ejercer el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. Un eterno debate que esta vez se abre paso en el Parlamento y que tiene a Abogados Cristianos en frente.