El número de abortos continúa en ligero ascenso desde 2017. Según los últimos datos, hechos públicos este martes por el Ministerio de Sanidad, en 2019 se practicaron en España 99.149 interrupciones voluntarias del embarazo, 11,53 por cada mil mujeres. Es un 3,3% más que el año anterior, cuando se registraron 95.917. Nuestro país encadena así tres años de subidas, tras la tendencia de descenso que inauguró la ley de plazos, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde la entrada en vigor de la norma, que anuló los supuestos y permitió el aborto libre hasta la semana 14, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo no dejó de descender hasta el año 2017, cuando empezó a repuntar ligeramente. Con todo, el número total de abortos está actualmente por debajo de las cifras registradas hasta que la ley fue efectiva: en 2010, el año de su aprobación, se efectuaron 113.031, por lo que han caído un 12% desde entonces. Desde 2011, el primer año completo con la norma, se han reducido un 16%. Antes de 2010, crecían año tras año, con algunos ascensos muy pronunciados. De hecho, entre 2004 y 2010 los abortos crecieron un 33%.
A pesar de los repuntes, que son pequeños, las tasas se mantienen más o menos estables, lo que contradice las numerosas advertencias que repitieron como un mantra los detractores de la actual ley, contra la que el PP llegó a interponer un recurso de inconstitucionalidad y estuvo a punto de reformar en 2014 de la mano de Alberto Ruiz Gallardón. “El Gobierno fomenta los abortos a expuertas”, decía el entonces presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco. Sin embargo, los datos desmienten ese tipo de teorías.
Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) apuntan a que el incremento registrado en 2019 “no supone una subida elevada” de las cifras de abortos, pero “sí pone de manifiesto la necesidad de atender a dos pilares básicos para revertir esta tendencia”. Por un lado, reclama el acceso universal, gratuito y “sin discriminación geográfica” a métodos de anticoncepción de última generación y, por otro, reclama la implantación de una educación sexual y afectiva en las aulas. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha informado de que a partir del próximo 1 de enero, la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud incluye un nuevo anillo vaginal anticonceptivo. Con ello, desde 2019, la la sanidad pública financia un total de ocho presentaciones de anillos vaginales.
Sin embargo, ACAI reivindica la puesta en marcha de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, a la que obliga la ley y que estaba paralizada. “Tal y como dispone dicha estrategia, se hace imprescindible superar las desigualdades autonómicas existentes en relación al acceso que las mujeres tienen a los métodos de última generación. Es obligación de las autoridades sanitarias autonómicas procurar la financiación o gratuidad de un abanico de posibilidades contraceptivas que se adecuen a las distintas situaciones personales y sanitarias de las mujeres en edad reproductiva”, manifiesta la asociación.
En lo que se refiere a las jóvenes de 16 y 17 años, que tras la reforma impulsada por el PP en 2015, deben contar con consentimiento de sus progenitores para interrumpir voluntariamente su embarazo, la nueva estadística arroja que casi 3.000 abortaron el año pasado. Según calcula ACAI, una de cada diez “tiene dificultades para comunicar a sus padres la decisión” porque se enfrentan a situaciones de desamparo “que no hacen posible una tutela efectiva”. Por ello, la asociación pide una modificación de la norma para que vuelva a adecuarse a la aprobada en 2010 y que el Ministerio de Igualdad ya ha anunciado que llevará a cabo.