Los 17 activistas trans que esta mañana han comenzado una huelga de hambre indefinida han desconvocado la acción tras llegar a un acuerdo con Unidos Podemos. Su intención era exigir el “desbloqueo” de la ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans, que el grupo parlamentario registró el pasado mes de febrero. Ambas partes han acordado el compromiso de llevar a pleno la iniciativa antes de agosto de 2019, según confirman tanto el partido como la Plataforma por los Derechos Trans, a la que pertenecen los activistas.
“Creemos que no hay motivos para mantenerla porque hemos logrado una fecha y también el compromiso político de exigir que sea el Gobierno el que la tramite”, explica la presidenta Mar Cambrollé. Desde Unidos Podemos afirmaban esta mañana que la ley se encontraba en su cauce parlamentario y apelaban a que el Ejecutivo acelerara el proceso a través de un proyecto de ley, algo que ya ha planteado en la mesa de negociación que mantienen.
“Las personas trans hemos sufrido un apartheid social, laboral, afectivo, político y médico. Somos las más 'nadies' de los nadies', las castigadas entre los castigados, las humilladas entre los humillados y, en el franquismo y la Transición, fuimos lo peor de lo peor entre los presos sociales, y también hemos sido las olvidadas de la democracia”, sostenía Cambrollé esta mañana a las puertas del Congreso, donde ella y otros 16 activistas y madres de menores trans han iniciado la huelga.
El contenido de la ley
Unidos Podemos registró el pasado mes de febrero la iniciativa, basada en el principio rector de la libre determinación de la identidad y la expresión de género. Entonces, la portavoz Irene Montero calificó de “histórico” el inicio del camino parlamentario de la norma, que esgrime medidas concretas en diversos ámbitos. Entre otras, prevé que las personas trans sean tratadas en base a su género sentido en todos los espacios, tanto públicos como privados, que su nombre elegido sea respetado en todos los documentos e incide en el reconocimiento de las personas no binarias.
La ley pretende la creación de protocolos para asegurar la no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral, además de la implementación de programas de formación para los profesionales de la justicia y la salud. En este sentido, prevé el desarrollo de un nuevo modelo despatologizador, que garantice el apoyo, la atención y la no discriminación de las personas trans en el acceso a la salud.
La iniciativa también incluye la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El sentido de la modificación implica que las personas trans no sean tratadas como enfermas para poder acceder al cambio de nombre y sexo legal en los documentos oficiales. Actualmente, un médico debe diagnosticarles disforia de género y la regulación actual les obliga a pasar dos años de tratamiento hormonal.
Por otro lado, excluye a los menores de esta posibilidad y exige como requisito la nacionalidad española, por lo que también deja de lado a las personas extranjeras que residen en nuestro país. Al igual que la ley integral trans, una proposición de ley del PSOE cuya toma en consideración se aprobó en noviembre de 2017 en el pleno, modifica estos aspectos con el objetivo de lograr la despatologización de la transexualidad.