Varios activistas han pedido hoy “voluntad política” a los líderes asiáticos para abolir la pena de muerte en el continente y han apuntado que el camino pasa por la democratización, así como por acabar con la falsa justicia de la pena capital e introducir esta cuestión en el sistema educativo.
En el V Congreso mundial contra la pena de muerte, inaugurado el pasado miércoles y que llega hoy a su fin, la asesora de Derechos Humanos del presidente de Mongolia, Sosormaa Chuluunbaatar, ha instado a los asistentes, procedentes de diferentes países e instituciones, a “presionar” a los Gobiernos de la región.
Ha recordado que Mongolia firmó en 2010 la moratoria optativa de Naciones Unidas sobre la pena capital y se ha mostrado optimista de que en ese se país termine aboliendo la pena de muerte de forma definitiva.
“Nuestro presidente mostró una determinación clara para que Mongolia se convirtiese en un país con dignidad”, ha manifestado Chuluunbaatar tras señalar que “el camino a la democracia tiene que estar limpio y sin sangre” para lo que “la abolición de la pena capital es totalmente necesaria”.
Pese a su optimismo sobre que los países asiáticos opten por la eliminación definitiva, ha reconocido que “sigue habiendo temor en la sociedad” de Mongolia por la posibilidad de que esta moratoria no derive en la abolición total.
Para la abogada Maiko Tagusari, presente también en este plenario sobre Asia, la abolición en Japón está lejos de conseguirse ya que, según ha explicado, en los últimos tres años la cartera de Justicia ha tenido nueve ministros diferentes, lo que a su juicio indica que esta materia “carece de importancia para el Gobierno japonés”.
Tagusari no se ha mostrado esperanzada con la situación futura de la pena capital en este país y ha adelantado que tras las próximas elecciones de julio, “la situación empeorará no sólo en la política de la pena de muerte sino en la protección de los Derechos Humanos”.
En esa misma línea, el codirector del Proyecto Pena de Muerte del Reino Unido, Parvais Jabbar, ha hablado sobre la pena capital en Indonesia, donde las ejecuciones por posesión de drogas es uno de los aspectos más “controvertidos” al ser “obligatorio sentenciar a muerte” en estos supuestos.
“Con quince gramos de heroína -ha contado- la sentencia no puede ser otra”. Jabbar ha explicado además que en este país, la Fiscalía es la competente para dictar sentencia en estos delitos y ha denunciado la “arbitrariedad de los procesos” así como que los jueces no tengan reserva para condenar. “Va contra cualquier legislación internacional”, ha argumentado.
No obstante, ha añadido que esta situación contraria al derecho internacional “es el principio del fin” y que “la abolición es el objetivo final, aunque hay que aceptar que puede suceder de muchas formas y con muchos ritmos”.
Asimismo, el abogado indio Yug Chaudhry, ha celebrado que el número de ejecuciones y sentencias a muerte se estén reduciendo en su país, aunque ha denunciado que el “Gobierno ha negado el perdón a trece de los últimos catorce reos que pidieron clemencia”.