España está cuajada de miles de lazos ilegales de caza. Pero nadie se hace responsable a la hora de cuantificar el problema de los tramperos furtivos. Ninguna Administración competente (autonomías o Guardia Civil) admite el volumen de ligaduras metálicas en sus territorios a pesar de que los agentes forestales retiran cada temporada miles de ellos.
“No interesa que sepa cuánto se caza así”, cuentan a eldiario.es fuentes forestales. Al fin y al cabo, el objetivo de los lazos es convertir los cotos de caza en explotaciones cinegéticas rebosantes de perdices y conejos listos para ser abatidos por escopetas. Estos cordones metálicos se colocan en los itinerarios de la fauna silvestre para que, al pasar, queden atrapados al cerrar un nudo corredizo. Buscan eliminar depredadores naturales que pudieran competir con los usuarios de los cotos. La idea de erradicar la competencia para favorecer la caza humana está bastante extendida: por ejemplo, en Castilla-La Mancha está autorizado el uso de algunos tipos de lazos para este “control de depredadores”.
Así que, a pesar de que colocar estos estranguladores metálicos indiscriminadamente está prohibido por el Código Penal ,“no se quiere levantar mucha polvareda”, analiza otro agente implicado en la búsqueda de estos artilugios. Ninguna de las administraciones con las que ha contactado eldiario.es ha sido capaz de cuantificar los lazos que decomisan sus funcionarios. Y esas ligaduras son sólo las que las patrullas detectan al peinar fincas.
En las regiones con más tradición cazadora como Andalucía o Castilla-La Mancha, las redadas contabilizan en ocasiones cientos. Sólo en una operación culminada el pasado martes en Ciudad Real y Toledo se hallaron más de 60 lazos en dos fincas. La dimensión de esta práctica en la región gobernada por María Dolores de Cospedal “es enorme”, confirma un policía medioambiental. La presión para mantener limpios los cotos de zorros, garduñas, tejones o gatos se ve favorecida por las órdenes administrativas de Cospedal. La práctica ha quedado amparada mediante lo que llaman “métodos homologados”: lazos con un freno y una identificación del trampero que lo coloca.
Hay que tener en cuenta en toda esta ecuación que sólo en Ciudad Real operan unos 1.500 cotos de caza, de los que dos tercios están dedicada a la caza menor. “La actividad cinegética tiene una gran repercusión social, económica y ecológica en Castilla-La Mancha, dedicándose a la misma gran parte de su territorio (…) la depredación es un factor que puede estar contribuyendo al declive de algunas especies de caza menor”, justifica el documento gubernamental.
Una trampa de estas no discrimina entre presas. Por el lazo pasa cualquier animal. “He visto animales domésticos que se habían extraviado y han quedado apresados”, cuenta un agente castellanomanchego. “Incluso a mí me pilló una vez”, relata. La manera de convertir un lazo en legal es que posea un freno para que no se cierre como un cepo sobre el animal. “No impide que cuando forcejean para liberarse (a veces durante horas) hasta que llega el trampero no se amputen o estrangulen”, describen los técnicos.
La Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) ha advertido de que “la eficacia del control de depredares se aleja en muchas ocasiones de conseguir que se reduzca la mortalidad de las especies presa al reducir los ejemplares de una o más especies de depredador”. De hecho, apunta a que se dan efectos indeseados como “la pérdida de control natural” de epidemias (epizootias) en esas especies que se quieren cazar. Además, añade que “la depredación es un fenómeno complejo cuya alteración puede producir cambios imprevisibles en el ecosistema”.
Si se buscan, se encuentran
En regiones con menos actividad cinegética los volúmenes de decomisos son menores. Por ejemplo en Cantabria, donde en una de sus comarcas se han detectado 18 en dos años. Pero la práctica diaria indica que, si se dedican recursos, aparecen en todas partes. En Galicia, la media anual por provincias es de “cinco lazos”, aunque en Pontevedra “se han levantado unos 30 cada año”, confirman forestales de aquella comunidad. ¿Por qué la diferencia? “En esa provincia se han llevado a cabo operativos especiales a tal fin”, contestan. Y luego añaden lo sencillo que resulta salir impune de este delito contra el medio ambiente: “Se da constancia de cada decomiso pero sin denuncia porque no se conoce el autor en la mayoría de casos”.
En otra región uniprovincial como Murcia, “existe una unidad específica, pero aún así no hay un registro oficial, ni instrucciones claras y prioritarias”, analizan los responsables de las inspecciones en el campo con lo que “se crea una sensación de impunidad”. Y eso que el código prevé que los laceros serán castigados con “la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses”.
En otra región con menor incidencia de esta práctica como Navarra ha llegado a aprehender de una sola tacada 354 lazos en los que “había caído cualquier animal que pasara” y eso que los forestales allí afirman que “cada vez son menos personas las que colocan lazos”.
En Castilla y León, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente se limitó a remitirse a “la información de la que disponga el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil”. Como si su policía no tuviera nada que ver en la detección y prevención de las trampas masivas. Sin ir más lejos, esos agentes forestales fueron los que rastrearon a un lacero en Pinilla de Burgos y documentaron sus andanzas hasta “pillarlo in fraganti en el monte”, recuerdan. Cazaba hasta ciervos con esta técnica.
Con todo, consultada la Guardia Civil sobre el número de intervenciones de este tipo que realizó el SEPRONA el año pasado, no ha querido facilitar esta información. Lo mismo ha ocurrido en Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Destino seguro
Los ejemplares que, al pasar, quedan apresados tienen pocos destinos posibles: si los hallan, por ejemplo, unos agentes medioambientales, pueden recuperar la libertad siempre que las mutilaciones no lo impidan: “He visto un jabalí atrapado por el hocico”, ha contado un forestal a eldiario.es“. Si el que llega al lazo antes es el trampero, será sacrificado.
En los casos de trampas autorizadas, la orden castellanomanchega de “captura de especies cinegéticas depredadoras” establece en el apartado de “manipulación” de ejemplares capturados “el sacrificio de especies objetivo recomendando un dispositivo de bala cautiva [...] en las capturas de zorros y de perros y gatos asilvestrados”. Se trata de una especie de pistola de aire comprimido que dispara un único pistón en el cráneo del animal. Los que trabajan a diario en el campo aseguran que lo que se ve muchas veces “es un garrotazo y punto”.