Una combinación de impunidad y connivencia ha creado un régimen del miedo alrededor del Parque Nacional de Doñana. ¿El objetivo? Mantener el expolio del acuífero del que depende el espacio natural, por el que Europa ha llevado a España a los tribunales, y alimentar así el creciente sector de la agricultura de regadío. “Esa agua nos la roban a todos”, sentencia el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez.
La realidad es que -mientras se abrían cientos de pozos, se multiplicaba la superficie de explotación y la cifra de negocio- los apenas diez inspectores encargados de supervisar la regulación de aguas patrullan incluso escoltados ante el acoso de los agropiratas, que utilizan agua extraída ilegalmente para sus campos. El Gobierno declarará el acuífero sobreexplado en la Junta de Gobierno de Doñana el 21 de febrero. La Confederación ha incoado 943 expedientes en los dos últimos años. Casi la mitad, 480, solo en la provincia de Huelva.
El proceso de clausura de pozos es lento. En febrero de 2019, 77 captaciones ilegales perforadas en suelo público de Lucena del Puerto siguen abiertas a a pesar de haber sido localizadas, expedientadas y sancionadas en 2014. Muchas están operativas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo firme la resolución en mayo de 2017 tras el recurso del Ayuntamiento de la localidad. Cinco años de prórroga llevándose el agua sin permiso.
En septiembre de 2018, cuando un inspector de la Confederación fue a comprobar si el Ayuntamiento había cumplido la orden de cerrar estos pozos -cosa que no había hecho-, un grupo de agricultores lo rastrearon y cercaron hasta acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado en un hospital de la ciudad de Huelva tras el shock.
“Fui a comprobar la ejecución de una resolución. A ver si los pozos seguían en el mismo estado porque se tenía que restaurar el área a la situación anterior a la apertura”, cuenta a eldiario.es el inspector agredido que prefiere que su nombre no aparezca. “Por la zona en la que estaba, en el parque natural, entre pinares, me extrañó el movimiento. Allí no suele haber nadie. Pero es que ya son como una organización. Tienen sus puntos de control, sus avisos”. Conducía un coche anónimo, sin distintivos. “Aun así dieron el aviso”.
Lo que sucedió después en los pinares de Doñana fue una suerte de acecho al inspector. “Una auténtica cacería”, rememora. “Yo conozco la zona y los caminos. Trabajo aquí desde 1994. Según me iba moviendo iban cerrando pasos. Iban rastreándome y cercándome las salidas”.
El grupo con el que acabó enfrentado se coordinó para ir acumulando gente junto al inspector. Gracias a diferentes avisos entre ellos, consiguieron bloquear el automóvil de la Confederación en un paraje sin escapatoria. “Me cerraron en un sitio sin salida con un barranco a un lado y el lecho del río por el otro. Le tenemos acorralado, decían. Allí pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía ni salir del coche. Llamé al 112 y la Guardia Civil apareció a los 45 minutos”. Tras no poder estabilizarle la presión arterial en el centro de salud de Almonte fue trasladado a un hospital de la ciudad de Huelva donde estuvo cinco días. Hoy sigue de baja.
Eso fue el 21 de septiembre de 2018. “No era la primera vez. Tuve un episodio parecido en 2014”. El pasado martes, cuatro meses después, eldiario.es recorrió ese campo de pozos junto a la Inspección de la CHG. Las captaciones están numeradas para no confundirlas o contarlas varias veces. Cada tubo tiene su equipo para alimentar la bomba que extrae el agua. “¿Están operativos?”. “Claro. Nosotros no los podemos tocar sin una orden”, explica un inspector. La Confederación ha decidido asumir la clausura y su coste: 65.000 euros que luego pasará al Ayuntamiento.
“Yo pago mis impuestos”
El clima ha provocado que los funcionarios deban extremar las precauciones al recorrer los campos. “Intentamos no ir solos. Acudir con agentes de la Guardia Civil…”, cuentan al borde de una balsa de riego ilegal a la que llega sin cesar agua sacada sin permiso.
La balsa es una gran alberca vallada, con equipo de bombeo para enviar el líquido a las fincas. En su perímetro hay instaladas diversas tuberías de las que no para de manar agua.
Un hombre se acerca mientras este periodista observaba la infraestructura y no tiene reparo en admitir que es suya: “El dueño soy yo”. Dice llamarse Francisco. Al tiempo que el presidente de la Confederación informa de que se trata de una balsa sin autorización, este agricultor replica en voz baja: “A mí me ha dado permiso el Ayuntamiento. Yo pago mis impuestos”. Y se aleja. Uno de los agentes, tras despedirse, dice: “Qué mansito viene hoy, coño”.
El Ayuntamiento al que se refiere es el de Lucena del Puerto. Uno de los cinco municipios –junto a Almonte, Rociana, Bonares y Moguer– de la corona forestal norte de Doñana. Sus regadíos fueron regulados en diciembre de 2014 en un plan especial que admite 9.300 hectáreas de cultivos de las que ya se han regularizado unas 4.500. No ha detenido el expolio.
Los gobiernos locales ceden el uso del suelo público a particulares a cambio de un canon anual de entre 300 y 600 euros. Y, según se desprende de diversas sentencias judiciales, se desentienden. Los agricultores perforan y conducen el agua sin pedir permiso. Es algo extendido, no exclusivo de un municipio.
Los tribunales han constatado cómo, una vez impuesta la sanción por parte de la Confederación, los Ayuntamientos repiten la misma argumentación en sus recursos: ellos solo ceden el terreno, no abren pozos. En Almonte, en Moguer, en Lucena, el Tribunal Superior de Justicia insiste: “El titular es responsable” y añade la responsabilidad de “no ejercer la vigilancia necesaria”.
“Se pueden tirar una semana abriendo el pozo” y conectándolo con las balsas donde se acumula el agua robada. Un directivo de la CHG cuenta a eldiario.es que “he seguido conducciones durante más de tres kilómetros y no he sido capaz de encontrar dónde terminaban. Y si llegan a una carretera, la cruzan por debajo”. Toda esa obra, aunque se ejecute rápidamente, no puede pasar desapercibida a los vecinos, al resto de trabajadores… ¿Pueden trabajar a escondidas una semana? “¿Por qué escondidos?”, replican los encargados de rastrearlas. Esta situación exige, al menos, cierta connivencia. “Totalmente”, remata el directivo que también exige el anonimato al hablar.
El inspector agredido en septiembre es de la zona. Algunos de sus compañeros vienen de comarcas más alejadas porque no dan abasto y por seguridad. “No tienen miedo porque saben que no les va a pasar nada”, reflexiona el funcionario. “La situación se ha ido dejando, dejando y se han envalentonado. No he visto yo fincas cerradas tras las sanciones. Al contrario, hay más superficie”.
Los agricultores legales
Aparte del humedal más importante de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los principales perjudicados por este clima son los agricultores 100% legales. La inversión para hacerse con suelo no baja de los 110.000 euros por hectárea, si tienen derechos de agua. Culpan a los piratas de “tirar para abajo de los precios”. Y, sin embargo, no hay un movimiento para exponer a lo que pinchan el acuífero. Los técnicos explican que “muchos legales tienen también fincas irregulares”. Y añaden que “donde plantó uno en una temporada, plantará otro a la siguiente”. Se mantiene el silencio.
La agricultura de regadío a base de fresas, frambuesas o arándanos es un negocio de alta rentabilidad. Las exportaciones de estos tres frutos rojos pasaron de 522 millones de euros en 2011 a 1.067 millones en 2017. Más del 95% de la producción se concentra en Huelva. Toda esta situación podría pasar desapercibida, pero el agua que chupan los pozos es de la que vive el Parque Nacional de Doñana. Su entorno es el corazón del “oro rojo”, como lo llaman.
Y esa agua es cada vez más escasa por el cambio climático. Las lluvias no reponen el acuífero al ritmo que se gasta. Esto ha hecho que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal Europeo por el deterioro del parque. La próxima declaración de “en mal estado” del acuífero permitirá a la Confederación controlar más el agua que se saca. Reducir el volumen extraído a partir del máximo que permite la ley. Aún así, quedará pendiente lidiar con los agropiratas que han establecido ese régimen de temor. El inspector agredido remata: “Llevarme otra vez allí es llevarme al matadero”.