El mar se lo traga todo. Un campo de donde extraer para obtener beneficio y al que echar lo que sobraba en tierra firme. Ese lema funesto sin dueño concreto ha justificado durante mucho tiempo agresiones continuadas en forma de vertidos, sobrepesca o urbanismo costero. Este martes, y con retraso, el Gobierno aprueba los planes de ordenación del espacio marítimo español. “La primera vez en la historia”, como recuerda la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, que se acotará qué se puede y qué no se puede hacer en las aguas del mar.
“Lo hemos considerado nuestra despensa o un sitio donde somos muy felices”, describe Oñoro en conversación con elDiario.es. Pero también “creyendo que su capacidad de absorción de impactos es infinita”. Ahora, la disputa por aprovechar los mares ha surgido sobre todo por la irrupción de proyectos de campos de gigantescos molinos para generar electricidad y su choque con los pescadores.
En ese ruido, parece difícil hacer oír que lo más preciado del mar español es su valor ambiental. “Es algo muy triste”, cuenta Oñoro, porque, insiste la directora general, “las líneas rojas de la protección de la biodiversidad han sido mis líneas rojas”.
¿Llegamos tarde a poner orden en los mares españoles?
El mar lleva desordenándose cientos de miles de años. Todo lo que llevamos desordenándolo sin ninguna pauta. Y precisamente esa es la bondad de este proceso: es la primera vez en la historia que se ha llevado a cabo una ordenación en el mar, una distribución de los usos en las aguas españolas.
¿Le hacía mucha falta?
Los mares están castigados porque hemos vivido todas las sociedades de espaldas al mar. Lo hemos considerado nuestra despensa, para pescar, también un sitio donde somos muy felices porque tiene un montón de usos lúdicos. Hemos vivido de cara en el sentido de que nos provee de bienes y servicios muy beneficiosos, pero creyendo que su capacidad de absorción de impactos es infinita. Y no es infinita. Ahora, también tengo que decir que no creo que nuestras aguas sean las más castigadas con carácter general.
Pero no se ha cumplido el plazo para tener estos planes...
Concluyó en marzo de 2021, así que vamos retrasados y tenemos abierto un procedimiento por parte de la Comisión Europea. Si no somos capaces de hacerlo con carácter inmediato, lo más seguro es que recibamos una carta de emplazamiento [inicio de expediente sancionador] por el retraso. Vamos mal de tiempo, pero era necesario porque era imprescindible un grado suficiente de consenso en la zonificación y los usos por acotar.
Vamos mal de tiempo, pero era necesario porque era imprescindible un grado suficiente de consenso en la zonificación y los usos por acotar
¿Cómo pueden describirse los planes de ordenación del espacio marítimo en palabras sencillas?
Los planes nos van decir dónde se debe hacer según qué cosas y donde no se debe. Vienen a ayudarnos a cuidar las las aguas. Y más teniendo en cuenta que la variable ambiental es la columna vertebral de la ordenación. Los mares españoles no son los peores mares de la Tierra, pero van a mejorar sustancialmente con la aplicación de los planes y vamos a evitar que algunos desmanes que sí han tenido lugar vuelvan a repetirse en el futuro.
Da la impresión de que los sectores implicados –la pesca, la energía, el turismo– tiran cada uno para sus intereses como si el mar fuera un campo del que obtener el máximo rendimiento, pero según su criterio, ¿cuáles son los usos prioritarios?
Pretendemos establecer zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial. Las zonas de uso prioritario son las que tienen que ver con el interés general o los procesos naturales insoslayables para nosotros que tienen que respetarse. De esos usos prioritarios, el primero ha sido la protección de la biodiversidad. De hecho, las líneas rojas trazadas desde el departamento de protección de la biodiversidad están respetadas estrictamente. Sus líneas rojas han sido mis líneas rojas.
Sin embargo, al oír las protestas y demandas en torno a estos planes, la voz que menos se ha oído es la de la naturaleza.
Totalmente. Es una cosa muy triste y sin embargo no es cierta. Porque al zonificar el mar para establecer qué se puede y qué no se puede hacer en él, los límites para defender los procesos naturales son los que se han mantenido al 100%. El respeto a los ecosistemas marinos ha constituido la única línea infranqueable. Nuestro objetivo ha sido respetar la biodiversidad marina al mismo tiempo que la defensa nacional y la seguridad de las rutas de navegación o preservar el patrimonio subacuático.
Pero el contexto de crisis climática ha hecho que el sector energético que pretende instalar campos eólicos se haya convertido en una especie de hermano mayor que se lo come todo. ¿Lo han percibido así?
Honestamente, sí. El último año y medio lo hemos utilizado en intentar alcanzar consensos en este ámbito. Alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima pasa en buena parte por la eólica marina, pero también es necesario que la implantación se haga respetando las líneas rojas de la biodiversidad.
Los límites para defender los procesos naturales son los que se han mantenido al 100%. El respeto a los ecosistemas marinos ha constituido la única línea infranqueable
Las fricciones han surgido entre los pescadores y los molinos de viento.
El sector pesquero es un sector totalmente legítimo que desarrolla su actividad en el mar y que es ubicuo. Es verdad que han sentido como una agresión la delimitación de zonas donde es posible instalar eólica marina y buscar esos consensos es lo que ha justificado el retraso. Han sido difíciles de alcanzar, pero sus intereses y anhelos han estado siempre encima de la mesa con las administraciones implicadas, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las consejerías de Acuicultura y Pesca. Pero si lo que se pretende es una enmienda a la totalidad a un uso determinado del mar, es difícil que todas las expectativas se vean satisfechas.
¿El hecho de haber una zona con potencial eólico supone que allí habrá un campo de molinos?
Las zonas son de uso potencial. De alto potencial con presencia de suficiente recurso eólico. A partir de ahí hemos tenido en cuenta las peticiones de todas las partes. Los planes dicen: en esta zona acotada por el polígono se puede desarrollar eólica marina. Luego puede haber un desarrollo o no. Se irá viendo. Y eso le corresponde a la Secretaría de Estado de Energía y el propio atractivo que esa zona tenga para el sector energético. Además vendrán los procesos de evaluación ambiental. Los planes son unas líneas orientadoras respecto dónde puede haber eólica marina. Nada más.
En sus mapas hay bastantes zonas que se solapan: áreas de protección ambiental con áreas de defensa nacional y estas con superficie apta para los proyectos energéticos.
Las administraciones y los solicitantes, además del propio sentido común, deberían orientar los proyectos hacia zonas donde no vayan a tener problemas porque van a ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. Parece de poco sentido común ir hacia zonas donde la evaluación vaya a resultar negativa.
¿Y en las zonas marcadas por la defensa nacional?
Esos son usos prioritarios. Se han colocado al mismo nivel que la protección de la biodiversidad, como los de seguridad de las rutas marítimas. Los tres son zonas de uso prioritario. Es decir, que tienen preeminencia sobre cualquier otra utilización que se pretenda dar a esa parte de las aguas marinas.
En un eventual proceso de evaluación para un determinado uso privado del mar habrán de tenerse en cuenta los procesos naturales, que son prioritarios, y también los vinculados para la seguridad racional o de la navegación. No será posible ningún uso sectorial rentable económico que ponga en peligro esos fines prioritarios. No será posible ningún desarrollo de eólica marina u otra actividad que ponga en peligro la protección ambiental, la seguridad nacional y la de la navegación.
¿Cuánta superficie han considerado adecuada para la energía eólica marina?
Las 19 zonas de eólica totales suman 4.948 km2 de 1,08 millones de km2 de aguas, lo que supone un 0,46%.
En estos polígonos cabría todo lo que se estima que debe desarrollarse para cumplir los objetivos de energías renovables?
Sí, claro.
¿Dónde han encontrado más resistencias?
La oposición más férrea del sector pesquero ha sido en la Demarcación Noratlántica, sin ninguna duda. Sobre todo en Asturias y Galicia. En el golfo de Cádiz hemos tenido observaciones, pero no oposición firme. De hecho los trabajos han dado lugar a la modificación de los polígonos de áreas potenciales de eólica. Hemos rectificado casi todas las zonas. Hemos modificado las dimensiones y la ubicación. Ha habido decrecimiento y recolocación para intentar no perjudicar en la medida de lo posible al sector pesquero.
¿Y de otros sectores económicos?
Hemos tratado de llegar a acuerdos y consenso para aprobar los planes a gusto de todos. Aunque más bien sería a disgusto de todos, porque eso es una prueba de objetividad: teniendo en cuenta que hay que aprovechar sinergias, pero también pisar algún callo, el hecho de que nadie esté completamente satisfecho o descontento con la versión final es una prueba de objetividad.
¿Con estos planes en el futuro nos ahorraríamos un caso como el de la factoría de ENCE en la ría de Pontevedra?
No tiene nada que ver. El asunto de ENCE afecta a la parte terrestre del dominio público marítimo-terrestre y no guarda relación con el espacio marítimo.
¿Tienen alguna acción prevista tras la sentencia del Tribunal Supremo con ese asunto?
El Supremo por ahora lo que ha hecho público es el sentido del fallo sobre los recursos del Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace. No ha hecho pública la sentencia y falta todavía otro proceso más. Hay que esperar a ver las sentencias.
Casi al mismo tiempo que se conoció ese fallo, la Comisión Europea abría un expediente sancionador a España por su manera de conceder y prolongar las ocupaciones en la costa para negocios como la que benefició a ENCE.
Lo que nos ha dicho Bruselas es que la legislación de costas vigente no respeta la directiva de dervicios, puesto que la longitud de las concesiones y sus prórrogas, y el hecho de que sean otorgables sin un previo procedimiento de concurrencia pública, vulnera sus principios en cuanto a cómo se pueden explotar de manera rentable y privativa espacios que son totalmente valiosos como es el dominio público marítimo-terrestre en España.
¿Y qué van a hacer?
Debemos resolver esto viendo cómo modificar la legislación vigente para hacerla compatible con la europea porque, de momento, la Comisión entiende que no lo es. Tenemos dos meses para contestar, para dar respuesta a las cuestiones que se considera que no están bien resueltas. Pero, más allá de contestar, mi percepción es que va a ser necesario modificar la legislación de Costas.
La modificación del reglamento de costas aprobado el año pasado no ha servido...
Ayudó, pero no ha sido suficiente. Había un problema de rango. Con el reglamento puedes modificar cosas, pero su límite es no desbordar la ley que desarrolla. Si la legislación de costas contiene una regulación que la Comisión Europea no considera adecuada, por mucho que el reglamento intente promover la libre concurrencia y acotar los plazos en la medida de lo posible, como un reglamento no puede vulnerar la ley que desarrolla, lo que nos ha venido a decir básicamente la Comisión es: “El reglamento es un intento estupendo. Ha mejorado lo que ha podido, pero había cosas que no estaban a su alcance y debe resolverse interviniendo la ley”.
Adaptar la normativa española a la directiva europea de servicios va a requerir la modificación de la ley de costas
¿Pero habrá entonces que abrir esa ley?
En mi opinión, que es técnica, sí. Pero realmente la decisión no me corresponde a mí. Yo creo que sí, claramente. Contestar adecuadamente a la carta de emplazamiento de la Comisión y adaptar la normativa española a la directiva europea de servicios va a requerir la modificación de la ley.
No deja de ser llamativo que una cuestión que parecería más bien ambiental pueda resolverse por un asunto de competencia.
A mí me pasa exactamente lo mismo, pero en ocasiones lo que sucede conviene. El valor ambiental del dominio público marítimo terrestre, tanto del emergido como del sumergido, justifica amplísimamente disponer de una legislación que tenga la protección de los ecosistemas costeros y marinos en el centro de la norma.
Visto lo visto, ¿le parece que somos un país que vive de espaldas al mar?
Tengo esa percepción. Tenemos mucho margen de mejora en lo que se refiere a la protección ambiental. La ley de costas es de 1988; está a punto de cumplir 35 años. Fue una ley fantástica, pionera por recoger algunas medidas de protección del litoral absolutamente novedosas en aquel momento. Pero, 35 años después, creo que es una norma que se puede mejorar. Y que, hasta ahora, cuando se ha modificado, nunca ha sido para mejorarla.