La justicia investiga la muerte de una mujer de 93 años, que llevaba 15 meses viviendo en la residencia pública de la Comunidad de Madrid en la localidad de Alcorcón. Tras el fallecimiento, su familia presentó una denuncia ante el juzgado de Primera Instancia del municipio argumentando mala praxis profesional, escaso seguimiento sanitario y falta de personal médico durante los fines de semana. La magistrada ha abierto diligencias, según la documentación judicial que ha podido revisar eldiario.es.
Los hechos se produjeron en febrero de este año en las mismas instalaciones donde, dos meses después, fue denunciada la muerte de un hombre de 82 años en un jardín del centro de mayores. Además, la Fiscalía está investigando el fallecimiento de una mujer en otra residencia pública gestionada por el Gobierno de Cristina Cifuentes –en el municipio de Arganda del Rey– después de semiamputarse un pie al caerse de la cama.
La fallecida se llamaba Francisca Bernal. Su familia argumentó en la denuncia que durante las primeras semanas del mes de febrero la doctora de la residencia de Alcorcón se negó a enviar a la anciana al hospital, a pesar de que uno de sus hijos, Pedro Carballo, insistía diariamente en la necesidad de realizar nuevas pruebas para diagnosticar los dolores abdominales de los que se quejaba su madre.
Finalmente, el sábado 11 de febrero Bernal fue trasladada al hospital de Alcorcón después de que mediase su nieta, argumentando que la residente presentaba “un cuadro subagudo de dolor y distensión abdominal”. La mujer, que es enfermera, relata en la denuncia que el fin de semana no había médicos en la residencia y que ante su diagnóstico, se encontró con la negativa de la enfermera responsable.
Negativa al traslado al hospital
Asimismo aluden a que el equipo sanitario desoyó un informe médico emitido por un especialista digestivo del hospital 12 de octubre. Este profesional advertía que si el dolor abdominal “no cedía con analgesia”, sugerían a la paciente que acudiese “a urgencias con este informe”. En este hospital diagnosticaron a Bernal un posible tumor en el colon.
Tras varios encontronazos con la empleada de la residencia, de acuerdo al relato del a familia, contactaron con el 112. “[En la llamada] se identifica como trabajadora del centro, indica que 'la nieta de una residente no está de acuerdo con el diagnóstico médico que se le ha hecho y pide que venga una ambulancia a verla'”, apunta en el escrito que han llevado a los tribunales.
“Yo no considero que haya que llamar para esto y que los servicios de emergencias no están para esto, pero la nieta se empeña”, así fue la respuesta de la enfermera a la telefonista, según relata esta joven. Esta mediación sirvió para que la residente entrase en el hospital ese sábado. El diagnóstico fue: “Hallazgos compatibles con obstrucción intestinal secundaria”. Falleció cuatro días después, tras ser operada.
La Comunidad argumenta atención “adecuada”
La familia lamenta la “escasa atención médica continuada” que recibió esta mujer desde que llegó al centro de Alcorcón. “La atención prestada y el seguimiento realizado con esta residente fueron adecuados en todo momento”, contesta la Consejería de Políticas Sociales.
Antes de llegar a Alcorcón, Bernal había pasado siete años en el centro público de mayores San José –de gestión pública directa al igual que la de Alcorcón–, en el barrio de Orcasitas, situado en la capital. Su familia destaca que el seguimiento que le realizaron allí “no tenía nada que ver” con el que recibió durante el último año y medio de su vida. “En Orcasitas era constante, les derivaban al especialista periódicamente. Tenían pautado que fuese cada tres meses pero en cuanto había cambios en su estado íbamos a consulta y a urgencias”, relata Carballo a eldiario.es.
Falta de personal cualificado
“Cuando fue trasladada, dejó de contar con ayuda del personal para deambular con el andador. Todo se debía a la falta de recursos humanos. No se sustituían las bajas. Cuando fallaba alguien del eslabón afectaba a todos, te podías encontrar a un solo trabajador para tres plantas”, añade. La decisión del traslado fue tomada por la Consejería de Políticas Sociales. Así lo determinaron con los residentes “que comenzaban a ser dependientes”, incide su familiar.
Visto el caso, el juzgado ha abierto diligencias para estudiar la muerte de Francisca Bernal. Uno de los hijos de la fallecida declaró ante la magistrada el pasado 19 de junio para ratificar los hechos denunciados. Y, según confirman desde la Consejería de Políticas Sociales, la magistrada les ha requerido el informe médico del caso.
Las quejas de esta familia no se limitan a la mala praxis profesional. También aseguran que en la residencia de Alcorcón no tienen en cuenta las necesidades de sus usuarios. “Incluso en situaciones que comprometen su vida, como ha quedado patente en el caso de Francisca Bernal”, añaden en el escrito presentado ante el juzgado. A su vez, lamentan que no “exista servicio médico durante el fin de semana”, así como que el personal de enfermería de ese turno no esté “cualificado para valorar la patología aguda de los residentes”.
En la denuncia añaden que “existen otras muchas irregularidades e incidencias diarias que han afectado” a los residentes. “Pérdidas continuas de ropa, reutilizando la de otros residentes, ausencia absoluta de personal en salas de residentes con deterioro cognitivo que requieren vigilancia, incumplimiento de horario y terapias de rehabilitación por no haber personal para el traslado”, apunta la familia.
Además de las dos denuncias presentadas contra la residencia de Alcorcón, la Fiscalía está estudiando también la que presentó un enfermero del centro público de mayores de Arganda del Rey (Madrid). En ella argumentaba la falta de personal con el que contó el centro para atender una urgencia en el turno de noche del pasado 9 de mayo, que acabó en la muerte de una anciana. Esa madrugada él era el único enfermero para atender a los 343 residentes.
La semana pasada el consejero de Políticas Sociales compareció en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la muerte de esta mujer y la situación laboral de la residencia de Arganda del Rey, después de que sus trabajadores llevasen presentando quejas desde el 2015 por la falta de personal. El responsable de los asuntos sociales de la Comunidad de Madrid aseguró que que el accidente “no guardaba ninguna relación” con el número de personas que estaban trabajando en el centro de mayores.