“Así no se puede garantizar una asistencia de calidad porque el personal está muy justo. Si no tienes tiempo material para vigilar a los residentes, te puedes encontrar a un abuelito que lleve dos horas muerto y no haberte dado cuenta”. Es el análisis sobre el trabajo en centros de mayores de Víctor Jiménez, un enfermero que ha desarrollado parte de su carrera profesional en residencias de la Comunidad de Madrid.
Un compañero de profesión de Víctor acaba de llevar ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo las condiciones laborales en las que estuvo atendiendo durante la madrugada del pasado 9 de mayo a los 343 ancianos que se encontraban en la residencia pública de mayores en Arganda del Rey, gestionada por la Comunidad de Madrid.
Una anciana falleció días después por las heridas provocadas tras un incidente sucedido aquella noche, según informó la Cadena SER. Aquella noche era responsable de diez auxiliares. “No es ningún caso excepcional que haya un profesional para cada 34 residentes”, analiza tras conocer el caso María Angeles Bueno, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.
En mayo, en Arganda, la mujer falleció después de que una pierna se le quedase encajada en las barras de protección de la cama. Los bomberos tuvieron que acudir para rescatar a la residente. El enfermo ha asegurado que “denuncio porque no quiero ser cómplice de lo ocurrido, porque no está bien que un solo enfermero esté a cargo de 343 residentes y que la administración dé la callada por respuesta”.
La misión principal del enfermero en un turno de noche como aquella, según cuenta Jiménez –que pertenece a la Asociación Madrileña de Enfermería (AME)– consiste en preparar la medicación para los más de 300 residentes, aunque tiene que estar atento al aviso de todos los auxiliares.
“No hay médicos por la noche, eres la personas de mayor rango sanitario”, incide este enfermero, “tienes muchas posibilidades de cometer un error con los medicamentos, muchos son ancianos polimedicados, tienes que prepararles los aerosoles o la nutrición por sonda del día siguiente. Además, estás siendo interrumpido constantemente con cada incidencia”.
Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que ha abierto una investigación, aseguran que en la residencia de Arganda “se cumplen los ratios establecidos”. Es decir, el número de cuidadores por residentes.
Un portavoz gubernamental asegura que la situación laboral en la que se encontraban los residentes está amparada por varias normativas y aluden la Orden 612/1990, de 6 de noviembre “donde se regulan los requisitos mínimos materiales y funcionales que debe cumplir todo centro o servicio autorizado”.
De 25 a 47 trabajadores por 100 residentes
Esa orden establece que, en el caso de los “usuarios válidos” [no dependientes], la proporción debe ser de 25 trabajadores para cada 100 personas a las que asistan. Y 35 por cada 100 en el caso de los “usuarios asistidos” [dependientes]. Además también mencionan una resolución de 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social que recomienda una ratio 45 y 47 por centenar de residentes en el caso de usuarios dependientes de Grado II y III.
Una de las críticas que realizan tanto los familiares de afectados como los profesionales sanitarios con los que ha hablado eldiario.es para este reportaje se centra en que estas cifras son “globales”, sin especificar categoría profesional . “Hacen alusión a la plantilla completa, incluye a trabajadores de la cafetería, lavandería, cocina, limpieza e incluso directivos. No hacen alusión de forma específica, ni establecen porcentaje para los profesionales sanitarios”, responde Jiménez, miembro de AME.
Este profesional lamenta que la Consejería “invisibilice” el trabajo de su colectivo. Desde el Gobierno regional apuntan que en el caso de la resolución del 2008 se establece que hay “ratios específicas para la categoría profesional de cuidador, gerocultor o similar”. “Aluden solo a los gerocultores, que no obtienen una titulación oficial. Se forman durante un mes y comienzan a trabajar, no es una formación académica”, añade Jiménez.
Los familiares de los residentes se oponen a las cifras planteadas por la Comunidad de Madrid. “Argumentan que cumplen las ratios. Yo no lo niego, pero es insuficiente. Si durante la noche hay un enfermero y seis auxiliares y tienen que realizar tres cambios posturales a los residentes no válidos, a pesar de que aseguran que lo cumplen, estoy convencida de que no pueden”, responde María Oberhuber, portavoz de la plataforma de familiares de la residencia pública de Mirasierra, en Madrid, que están denunciando las condiciones asistenciales de este centro de gestión privatizada.
Ratios que “invisibilizan” a enfermeros
Frente al modelo madrileño en el que no se establece un porcentaje específico de profesionales sanitarios, en el País Vasco el decreto que lo regula sí que lo hace. Así figura en la normativa ratificada en 1998, que establece que en el caso de las plazas de personas que dependientes, “la proporción de personal de atención directa -D.U.E. o A.T.S. y personal cuidador-, deberá superar el 65% de la plantilla total”.
“Somos imprescindibles, tiene que haber enfermeros en todo momento por si surgen complicaciones. Por ejemplo, si el paciente se arranca la sonda por la noche”, incide Jiménez. Aunque el portavoz de AME considera que estas cifras son “perversas” porque son “muy genéricas”. “No tienen en cuenta que en las residencias públicas está la gente con las mayores necesidades”.
“Los residentes actuales son más dependientes que hace unos años. Los usuarios que entraban en las residencias tenían dependencia media o eran válidos, ahora son totalmente dependientes, con alzheimer o patologías importantes. Estos centros dejan de ser residencias de mayores y se han convertido en centros sociosanitarios”, reseña Belén del Pozo, responsable de asuntos sociales del sindicato CSIT. Una de las causas a las que alude para este cambio del perfil de los usuarios es el aumento de esperanza de vida.
Del Pozo recrimina en el caso de la Comunidad de Madrid, que ahora ha saltado a la luz público por la muerte de la mujer de Aganda, que no haya tenido en cuenta esas nuevas circunstancias a la hora de elaborar la plantilla de las residencias. Por su parte, Jiménez explica que la situación actual de los residentes se debe a que en los hospitales “les derivan por la falta de camas y la reducción de la estancia media” de los pacientes.
Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias aseguran que la normativa a la que alude la Comunidad de Madrid, fechada en 1990 y 2008, actualmente se encuentra en una situación “obsoleta”. Estos hechos provocan, relata la portavoz de CSIT, una carga de trabajo “impresionante” en estas residencias. “No están todas las suplencias cubiertas de verano en las residencia de mayores. Una vez que se han incorporado, hay renuncias a las dos horas y media”, informa Del Pozo.
El cambio de modelo no solo afecta a los profesionales sino también a los recursos materiales: los edificios han tenido que irse adaptando a los nuevos internos ya que en algunos había cuartos de baño que no estaban adaptados para sillas de ruedas. Además, inciden en la necesidad de formar a las nuevas incorporaciones para atender a este público específico.
“¿Sabes la impotencia que da querer que traten bien a tu madre y ver que no?”, añade Oberhuber, hija de una de las usuarias de la residencia de Mirasierra que este verano ha vuelto a ver cómo merma la plantilla durante las vacaciones estivales: “Por las tardes había cinco auxiliares, y ahora en verano hay tres. Los trabajadores no pueden con su alma”.