El Ministerio de Sanidad quiere aprobar este jueves la que por ahora es su gran apuesta para frenar la COVID-19 durante el invierno: una guía de actuaciones concretas que las comunidades deberán tomar cuando superen ciertos umbrales. El borrador del documento, que completa el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de julio, se filtró la semana pasada, y establecía cuatro escenarios de riesgo: bajo, medio, alto y extremo. Cada uno asociado a diferentes medidas relacionadas con los aforos, los horarios y la movilidad –esto último, para el de mayor riesgo– de los ciudadanos que las comunidades, si sale adelante, deberán cumplir. El borrador no mencionaba el gran tema de debate de esta última semana que puso sobre la mesa –al menos de manera pública– la Comunidad de Madrid: un eventual toque de queda.
El documento lo presenta Sanidad pero no es unilateral sino que, como explicó el portavoz Fernando Simón, lleva trabajándose varias semanas entre los técnicos del Ministerio y de las comunidades, y ha ido adaptándose a la evolución de la pandemia. Llega apenas tres semanas después de que la Comunidad de Madrid se opusiera en el último momento a una orden, que como esta guía buscaba la fórmula de la actuación coordinada entre comunidades, que obligaba a cerrar nueve ciudades madrileñas con muy elevada incidencia. También avisó Simón de que esta última semana, que toca apuntalarlo, podía acabar teniendo “diferencias muy sustanciales”. Por ejemplo, esa última orden que confinó las ciudades madrileñas contemplaba en el borrador la suspensión de actividades infantiles en los parques, y luego ese punto fue retirado del definitivo. Así que algo equivalente podría volver a pasar.
El borrador se llevó a la ponencia técnica previa al Consejo Interterritorial que mantiene el ministro Salvador Illa con los consejeros autonómicos y sus equipos se ha seguido negociando a lo largo de esta semana, abundan fuentes de Sanidad. Y si todo va bien, saldrá adelante una versión definitiva con las últimas enmiendas mañana jueves, primero aprobada en la Comisión de Salud Pública y luego ratificado políticamente en el Consejo Interterritorial del ministro y todos los consejeros –retrasado un día, estaba agendado para el miércoles–. Es fácil que el texto modificado incluya la figura del toque de queda, una medida que no ven mal muchos Gobiernos autonómicos. Sin embargo, el escollo no está en la figura del toque de queda sino en lo que exige: el estado de alarma que, según el Gobierno, es indispensable para aplicar este tipo de medidas.
De hecho, la idea del toque de queda no es nueva para el Consejo Interterritorial. Fuentes sanitarias y autonómicas refieren que lleva tiempo en las conversaciones entre las comunidades y el ministerio, sobre todo después de ser adoptada en países como Francia. Varios Gobiernos autonómicos se han mostrado a favor de la posibilidad de aplicarlo en sus territorios. Incluso Gobiernos populares como el de Castilla y León y Galicia se han pronunciado a favor de la medida, y la han calificado de “herramienta interesante” en la lucha contra la COVID-19. También Euskadi y Catalunya la ven con buenos ojos.
Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, no lo han hecho público pero tienen claro que están a favor de aplicar restricciones duras para atajar una situación que empeora con los días. Este miércoles España ha superado el millón de contagios, mientras batía otro récord de diagnósticos positivos en una sola jornada.
Habitualmente los documentos suelen contar con consensos en el Consejo, tras esas intensas discusiones técnicas previas. La excepción fue precisamente la orden que establecía ese cierre de las ciudades grandes en situación extrema, algo pactado en un primer momento con Madrid pero sobre lo que luego el gobierno de Isabel Díaz Ayuso reculó. Desembocó en el estado de alarma y en otra disputa pública entre las dos administraciones, algo que un nuevo documento con criterios claros comunes busca evitar parcialmente en el futuro. El ministro Illa ha sido taxativo respecto a que no tomarán ninguna decisión que implique el estado de alarma si no cuentan con apoyo explícito para sostenerlo en el Parlamento.
Y aquí las negociaciones se complican. Porque un acuerdo con los responsables autonómicos, aunque añade presión a la posición del líder del PP, Pablo Casado, no da tranquilidad al Gobierno si tiene que refrendar las medidas en el Congreso de los Diputados. Fuentes autonómicas coinciden en que las Comunidades abogan por un criterio homogéneo –que es el objetivo del documento que se vota este jueves– pero también se inclinan por que sea el Gobierno central el que tome las decisiones. La posibilidad de que el Ejecutivo decretara un estado de alarma general en España aliviaría con mucho la carga de los líderes autonómicos, que están preocupados por la situación epidemiológica pero prefieren que las restricciones más duras no se tomen a nivel local.
Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha explican que están a favor de “medidas comunes, sean estado de alarma o cualquier otra”, y que el Consejo Interterritorial puede servir para poner en evidencia a quienes estén haciendo cálculos más allá de las estrategias para bajar los contagios: “Los que no lo apoyen, que expliquen por qué”. Algo similar ocurre en la Comunidad Valenciana, que también se muestra a favor de las medidas. Incluso Castilla y León asume que es el momento de abandonar debates y posiciones ideológicas y “actuar todos de manera decidida contra una situación urgente”. Galicia también ha mostrado su interés en el toque de queda, pero ni Alberto Núñez Feijoó ni Mañueco garantizan un apoyo del Partido Popular. Mañueco no ha dudado en despegarse de la posición de su partido en cuestiones de pandemia, y Feijoó ha llegado incluso a enviar un proyecto de modificación de la ley de salud pública al margen de su partido. Andalucía, en cambio, sí podría ser clave para quebrar la negativa del estado de alarma del PP. Pero, otra vez, no está claro qué hará la Comunidad de Madrid.
La guía que vota el Consejo Interterritorial viene a completar algo que ya existía, el Plan de respuesta temprana que aprobó el Ministerio en julio y que también incluía escenarios y, en última instancia, la posibilidad del estado de alarma. Pero Simón reconoció esta semana que este documento es “mucho más detallado”, con umbrales numéricos a partir de los que tomar decisiones concretas.
Y llega al límite de que expire el estado de alarma sobre Madrid, este sábado, apenas diez días antes del puente de Todos los Santos, otro momento de gran trasvase entre provincias de personas tras el puente del Pilar. El borrador contemplaba limitaciones a la movilidad en las situaciones extremas –que implicarían 250 casos de incidencia acumulada, 150 si son mayoría de más de 65 años; positividad del 15% y trazabilidad del 10%–, pero no obligaba a nada concreto: planteaba, tras “una evaluación específica”, la “limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento”. El toque de queda, al margen de la necesidad o no del estado de alarma, podría encajar en esos supuestos sobre la movilidad: la limitación de movimientos de los ciudadanos desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada.
Illa se mostró abierto a la propuesta de Madrid, pro advirtió de que la quiere en la región, “requiere de un estado de alarma” y para ello recordaba que, pasados 15 días, necesitan el apoyo del PP en el Congreso. Antes de las declaraciones de Illa, Madrid había pedido ayuda al gobierno para llevarlo a cabo; horas después ha dicho que preparan ellos ya una orden para “un control más exhaustivo” de la movilidad nocturna. La Sociedad Española de Salud Pública, consultada por elDiario.es, coincidía con el criterio de Illa: la Ley de Sanidad de 1986 podría bastar en un primer momento para una orden como la que prepara Ayuso, pero conllevaría arriesgarse a que la tumbase un juez como en otras ocasiones.
La otra gran medida que limita la movilidad es el cierre perimetral, vigente en Madrid de momento hasta el sábado. Fernando Simón admitió que tienen en mente ese puente de Todos los Santos: “No creo que ahora mismo haya nadie en España que no entienda que la movilidad entre comunidades con diferente transmisión es un riesgo. No sé lo que estará vigente el día 1o 2 de noviembre, espero que no haga falta tener confinamientos, pero podría ser. Tenemos que ver cómo evoluciona”. La presidenta Díaz Ayuso ha llegado a acusar al cierre perimetral de “secuestro” de los madrileños.
El resto de Comunidades no parecen estar alineadas con las posiciones de Madrid. Desde Castilla-La Mancha señalan que “hay que castigar a Madrid” con un acuerdo mayoritario en el Interterritorial, porque entienden que el Gobierno de Díaz Ayuso ha dinamitado la toma de decisiones homogéneas para toda España.
Los expertos han recibido positivamente la guía de actuaciones que se pretende aprobar. Ya en mayo, varios expresaron que España necesitaba umbrales concretos a partir de los cuales tomar medidas, para tener más claro qué hacer. Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología, decía que con el plan de julio “al no tener rangos fijos, ha generado confusión y la sensación de que cada comunidad podía hacer lo que quisiera”. El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández, opinaba parecido, lo que había era “muy extenso” pero “es bueno que se pongan indicadores básicos comunes y que se facilite la transparencia. Porque se ha visto que en España hay que hacer documentos a prueba de irresponsables”.
Hernández precisa sobre el borrador que echa en falta “algún indicador adicional, por ejemplo cuántos aislamientos se han hecho cada día. Y qué capacidades de salud pública hay que aumentar en cada nivel”. Sobre movilidad, entiende que el sentido de no concretar las acciones a tomar con la movilidad se debe a que “se han de contextualizar a cada territorio, tal y como recomienda el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades”.
Con información de Carmen Bachiller, Laura Cornejo, Gonzalo Cortizo.
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