Zaragoza, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha ordenado este jueves el sacrificio de la totalidad de los visones, 92.700, de una explotación de La Puebla de Valverde (Teruel), una medida “drástica” y “preventiva”, después de que hayan aumentado los contagios entre los animales en los cuatro test realizados desde mayo y se haya comprobado que existe “transmisión comunitaria”.
La decisión, basada en la ley nacional de sanidad animal, se tomó anoche por parte de las administraciones involucradas, ha informado en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, quien ha explicado que la Dirección General de Calidad y Sanidad Alimentaria ya procedió a la “inmovilización cautelar” de la granja, de la empresa Secapiel, el 22 de mayo cuando 7 de sus trabajadores dieron positivo por covid-19 que ya están “sanos”.
Desde entonces se han realizado cuatro test a los visones, el último de los cuales concluyó con un 86,67 % de la muestra como positivos, y esta misma semana otros dos empleados han dado positivo, por lo que el consejero ha insistido en que se ha tomado esta decisión para preservar la salud pública.
“No se puede trasladar ninguna certeza” sobre si ha habido o no transmisión de personas a animales o viceversa, caben “las dos posibilidades”, y es precisamente el “elevado grado de incertidumbre” existente el que ha llevado a tomar esta “drástica decisión”, que ha sido comunicada este jueves a la empresa, Secapiel, a quien ha agradecido su colaboración y “responsabilidad”.
Ha apuntado en este sentido que el “caso 0” fue una persona ajena a la explotación, relacionada con uno de los trabajadores, lo que sí permite establecer “la hipótesis” de que el coronavirus se hubiera podido transmitir de personas a animales.
Desde el 22 de mayo cuando se ordenó la inmovilización cautelar, se ha hecho un seguimiento de los animales y no se ha permitido la entrada ni salida de los visones ni sus productos de la explotación, que cumplía los requerimientos en materia de sanidad animal y a la que le comunicaron las medidas relacionadas con la bioseguridad a seguir, que les consta que se han cumplido, ha dicho Olona.
Ha apuntado que los primeros test, RT PCR, según el protocolo establecido por el Ministerio de Agricultura, se llevaron a cabo el 28 de mayo a una muestra aleatoria de 7 animales en el laboratorio de referencia nacional en materia de sanidad animal de Algete (Madrid), que dieron resultado negativo, pese a lo que se continuó la inmovilización y el seguimiento.
El día 8 de junio se tomaron 20 muestras de distintas partes de los animales que arrojaron como resultado un positivo “no concluyente” a covid y un tercer test se hizo el día 22 a 30 ejemplares aleatorios, cuyos resultados confirmaron 5 positivos, el 16 % de la muestra seleccionada, lo que justificó el seguimiento y la inmovilización, según Olona, aunque no era concluyente para tomar todavía la decisión “drástica” adoptad y que supone un “grave perjuicio económico”.
Se llevo a cabo así un cuarto muestreo a una muestra más amplia, de 90 ejemplares, el 7 de julio y el resultado, conocido este pasado lunes, determina 78 positivos, el 86,67 % de la muestra, lo que permite dar por hecho lo que en humanos conocemos como “transmisión comunitaria” entre los animales de la granja.
Este resultado “concluyente” ha llevado el Ejecutivo aragonés adoptar esta decisión “preventiva” y pese a que durante este tiempo no se ha comprobado ningún comportamiento anómalo en los animales, ni ha aumentado la mortalidad natural ni signos aparentes de ninguna patología, aunque sí tienen la “absoluta certeza de que el virus está presente en esos animales y se está produciendo la transmisión comunitaria”.
“Tenemos que eliminar el riesgo”, ha incidido Olona, quien ha destacado que en Aragón solo existe esta explotación de visones, y ha apuntado la posibilidad de que allí existiera “un reservorio de virus” y la necesidad de “proteger la salud aún sin tener las certezas de que sea un riesgo real”, aunque los test constatan que la situación “ha ido empeorando” y en la que son más las incertidumbres.
El sacrificio lo llevará a cabo el departamento, con el apoyo de la empresa pública Sarga, y se han tomado las medidas de bioseguridad necesarias, ha resaltado Olona, quien ha añadido que la ley nacional prevé indemnizaciones por los daños causados por el sacrificio obligatorio a las que “atenderán”.